La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, llegó este lunes a Lima, Perú, para reunirse con autoridades y evaluar la situación de los derechos humanos en el país.

"El canciller, César Landa, y el ministro de Justicia, Félix Chero, sostuvieron fructíferas reuniones con Michelle Bachelet, donde se reafirmó el compromiso del Perú con la defensa y promoción de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en beneficio de las poblaciones más vulnerables", compartió cancillería en su cuenta de Twitter. Además, indicó que esta visita busca fortalecer las capacidades del Estado peruano ante los desafíos y oportunidades en materia de derechos humanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó que Bachelet agradeció la invitación del gobierno para visitar el país y resaltó la permanente política de apertura de Perú hacia los procedimientos especiales, tanto en el marco del Sistema Universal como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Según consignó Efe, la exmandataria se reunió también con representantes de la Amazonía peruana en la sede de la Organización Internacional del Trabajo de Lima y estuvieron presentes una veintena de dirigentes de pueblos originarios. En este encuentro se trataron temas ambientales y de las poblaciones indígenas amazónicas afectadas por la contaminación petrolera.

"Hemos presentado los compromisos que tiene el Estado con nosotros pendientes y no está cumpliendo", comentó a Efe el líder de la Federación Indígena Quechua del Pastaza, Aurelio Chino, quien llegó a la capital proveniente de la selvática región de Loreto. Asimismo, Chino detalló que su conversación con Bachelet se centró en la necesidad que tienen los pueblos indígenas de que el Estado implemente un plan de salud intercultural para atender a las comunidades afectadas por la contaminación petrolera.

La ONU Perú compartió en su cuenta de Twitter que la Alta Comisionada en su visita oficial tiene previsto reunirse con otros representantes del Estado, pueblos indígenas, empresas y la sociedad civil para dialogar sobre los desafíos de los derechos humanos en el país.