Ante el inminente vencimiento de la moratoria previsional vigente, el presidente Alberto Fernández decidió anunciar su prórroga hasta que se sancione una nueva ley. Esta decisión terminó de abrir el juego en la Cámara de Diputados, en donde se comenzó a debatir hace un par de semanas un plan de pago de deuda previsional que tiene como objetivo regularizar la situación de cerca de 800 mil personas que están en edad de jubilarse pero no tienen los años de aportes necesarios. El proyecto viene con media sanción del Senado y la expectativa del Frente de Todos es poder convertirlo en ley una vez que finalice el receso invernal de julio. Sin embargo, si bien la relación de fuerzas promete ser más auspiciosa para el oficialismo que en otras ocasiones --los votos en el Senado así lo anticipan--, la tormenta financiera de los últimos días comenzó a enturbiar el panorama. La corrida cambiaria y la escasez de divisas tienen a toda la coalición oficialista moviéndose con cautela, llevando a que todas las iniciativas que arrastran cierto costo fiscal terminen bajo la lupa del Ministerio de Economía. 

"Con esto ganamos tiempo", celebraron varias de las diputadas oficialistas que, a lo largo de la semana pasada, habían estado reclamando que el Presidente interviniera antes del vencimiento del 23 de julio. De no haber sido prorrogada la moratoria, 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres hubieran terminado quedando a la deriva sin poder acceder a una jubilación a pesar de contar con la edad requerida (60 años las mujeres, 65 los varones). Ahora, anunciada la extensión de la moratoria previsional vigente desde 2014, el FdT debe prepararse para intensificar el debate legislativo en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados. La iniciativa a tratar ya fue aprobada en el Senado a fines de junio --les autores son dos senadores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner: Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde-- y propone habilitar un plan de pagos que permita cancelar años de deuda previsional a personas que están por jubilarse pero que no llegan a cumplir con los 30 años de aportes. Este plan de pagos mensual --que será equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible, muy similar a lo que aportan hoy les trabajadores en actividad-- será accesible tanto para quienes ya cumplieron con la edad jubilatoria como para quienes aún les queda hasta 10 años --pero ya anticipan que no llegarán con los aportes--.

El objetivo del bloque oficialista es continuar con las reuniones informativas a partir de agosto, de modo de poder ir arrimando a algunos consensos con los bloques de la oposición. Juntos por el Cambio, en principio, ya anticipó que no acompañará el proyecto del FdT, sino que buscará presentar un dictamen de minoría con una propuesta de prestación proporcional: "La idea es que quien tenga algo de aportes reciba más que quien no tiene ningún aporte pero no tanto como quien tiene aportes completos", explicó un diputado de Evolución que está trabajando en la propuesta.

El ojo del FdT, sin embargo, estará puesto en generar acuerdos con otros bloques. La izquierda, por ejemplo, ha presentado su propio proyecto de moratoria previsional y podría acompañar. "Nosotros queremos resolver la cuestión inmediata de que no se caiga la moratoria que significaría aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, edad en la que podrían acceder a la PUAM que es un 80 por ciento de la jubilación mínima", indicó a este diario Nicolás Del Caño, haciendo referencia a esa pensión universal que sancionó el macrismo allá por el 2016.

También están en la mira el Interbloque Federal (IF) y Provincias Unidas (PU), los dos espacios que suelen definir el desenlace de cada votación en Diputados y que, en este caso, podrían estar más cerca del oficialismo que de JxC. La votación en el Senado así lo anticipa, ya que el proyecto logró ser aprobado gracias al acompañamiento del rionegrino Alberto Weretilneck, la misionera Magdalena Solari Quinta y la cordobesa Alejandra Vigo. En Diputados esto se traduce en varias adhesiones: dos diputados misioneros y dos rionegrinos (integrantes de PU) y tres cordobeses (integrantes del IF). El titular del IF, Alejandro "Topo" Rodríguez, no ve tampoco con malos ojos la iniciativa: "Es importante evaluarlo. Siempre es mejor jubilación con aportes que sin ellos. Si este mecanismo contribuye a eso, tiene sentido evaluarlo", dijo a Página/12. Desde Córdoba Federal, sin embargo, los diputados advierten que todavía lo están analizando y que "no será un sí automático". "Desde que se votó en el Senado cambiaron bastante las circunstancias económicas", explicaron desde el bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti.

En efecto, la escalada inflacionaria, la trepada del dólar blue y la sangría de reservas oscurece el panorama para la sanción de una ley que se calcula tendrá un costo fiscal del 0,02 por ciento del PBI para 2022 pero que, para 2023, subirá a un 0,3 por ciento. El mismo FdT se guarda de ir con precaución, atento a los mensajes que puedan llegar desde la oficina de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía. "Hay que ir con calma. Los proyectos que tienen impacto fiscal tendrán la lupa encima, al menos por un tiempo", explicó una importante espada oficialista, una advertencia que funciona tanto para la moratoria previsional como para otros proyectos como el Salario Básico Universal.

En este contexto, más allá del empuje que cierto sector del FdT le esté dando a la iniciativa, en el bloque advierten que no hay que anticiparse y que, antes de avanzar en negociaciones, hay que aguardar a que la situación económica se tranquilice. "Son días para no dejarse ganar por ansiedades", añadió un diputado, atento a como el dólar blue volvía a perforar su techo y marcaba un nuevo récord de 300 pesos.