Cuando José María terminó la escuela secundaria, en su Santa Fe natal, decidió seguir Psicología en una institución que no tenía edificio propio. Para él, esa circunstancia representaba un problema: desde los 4 años debe desplazarse en una silla de ruedas porque padece encefalopatía crónica no evolutiva (ECNE). “Las materias estaban distribuidas en dos o tres escuelas. Pero la facultad se adaptó a mí. Buscó ubicarme todas las clases en un solo edificio para que no tuviera que andar moviéndome de acá para allá”, contó en un documental del Centro de Inclusión Libre y Solidario de Argentina (CILSA).

José María pertenece a los 3,5 millones de argentinos que, según datos del INDEC de 2018, tienen alguna discapacidad y cuya inclusión en la educación superior ha ido en aumento.

“La incorporación del tema discapacidad en los sistemas de información forma parte de todo un proceso de visibilización y transversalización en diferentes ámbitos y dimensiones”, subraya Verónica Rusler, del Programa Discapacidad y Accesibilidad de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En declaraciones al Suplemento Universidad, Rusler, que además coordina el Programa Discapacidad y Universidad de la Secretaría de Extensión Universitaria del Rectorado de la UBA, profundiza: “Algunas cuestiones como la visibilización, la transversalización de las prácticas, la curricularización de contenidos vinculados con discapacidad y la accesibilidad posibilitan que la propia universidad, transitando estas instancias, pueda aprender y repensarse como institución formadora, como espacio con mucha significatividad social, con el fin de ser habitado y que permita alojar”.

A partir del trabajo que desarrolla la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Observatorio de la Facultad de Filosofía y Letras (OUBA) de la UBA elaboró recientemente la investigación “De la segregación a la inclusión. Avances en políticas universitarias de discapacidad y accesibilidad”. Allí se indica que el 90 por ciento de las universidades cuenta con servicios de materiales accesibles, aunque el 25 por ciento no los brinda de manera sistemática.

El informe concluye que en las últimas décadas hubo logros significativos. Sin embargo, persisten desafíos edilicios, comunicacionales, pedagógico-didácticos, tecnológicos y actitudinales. Las demandas y requerimientos que las universidades consideran prioritarias para ampliar sus capacidades institucionales se agrupan de la siguiente manera:

*60 por ciento reclama equipamiento;

*53 por ciento, la conformación de la figura institucional profesional de Intérprete de Lengua de Señas (LSA) y financiamiento para sostener equipos de interpretación;

*47 por ciento, personal y equipamiento idóneo en biblioteca para que el material bibliográfico sea accesible;

*40 por ciento, personal idóneo para institucionalizar la política de discapacidad y accesibilidad;

*37 por ciento, la incorporación de la figura de tutor de accesibilidad que transversalice la perspectiva de discapacidad;

*27 por ciento, señalética accesible en macrotipos y Braille;

*23 por ciento, infraestructura y mobiliario accesible;

*17 por ciento, capacitaciones dirigidas a toda la comunidad universitaria;

*13 por ciento, talleres de lectocomprensión del español para personas sordas.

En relación con los contenidos vinculados a la situación de discapacidad, el 73 por ciento dispone de materias sobre la temática, en tanto en los posgrados solo existen en el 41 por ciento.

Comprender las formas de exclusión

Argentina promulgó en 2006 la Ley de Educación Nacional 26.206, que establece que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.

Ese mismo año, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, entre otras consideraciones, consagra el derecho a la educación a lo largo de toda la vida y puntualmente también a la educación superior. Argentina ratificó la norma dos años después mediante la ley 26.378 y se elevó a jerarquía constitucional en 2014.

Hoy se puede apreciar que el marco regulatorio en el sistema educativo es amplio, pero falta que se cumpla. Desde la RID, su coordinadora, Marcela Méndez, y la integrante del Comité Ejecutivo Bibiana Misischia ya planteaban antes de la pandemia de coronavirus “la urgencia de generar la articulación entre derechos humanos y políticas públicas –desde la perspectiva del modelo social de la discapacidad– a partir de considerar la prioridad de enfoques transversales, integrales y multidimensionales para la detección de barreras culturales y la generación de instancias facilitadoras/habilitadoras de la construcción de sociedades y universidades no excluyentes”.

Carlos Alexis García, colega de Rusler en la UBA y dirigente de la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC), destaca en el informe la importancia de la perspectiva interseccional: “Es fundamental analizar la discapacidad como variable en cruce con perspectivas de clase, género, configuraciones territoriales, entre otros elementos, para comprender las formas de exclusión que vive el colectivo de personas con discapacidad y, al mismo tiempo, proponer modos de modificar esa realidad”.

Respecto de la labor inclusiva que se desarrolla en las universidades, Marina Heredia, antropóloga de la UBA y co-coordinadora del Programa Discapacidad y Accesibilidad, afirma en la investigación del OUBA que los espacios de estudio “posibilitan una práctica reflexiva que se retroalimenta con los saberes de los participantes, las experiencias personales y familiares, profesionales y laborales”.

En ese sentido, Rusler plantea analizar a la universidad como una “institución formadora que también aprende y que, interpelada por la discapacidad, se piensa a sí misma. Pensarla como un territorio de prácticas y teorías, de trabajo, también implica en el caso de nuestro espacio –donde trabajamos cuestiones vinculadas con las barreras para el aprendizaje y la participación– poder pensar en este territorio que promueve o no la posibilidad de transitarlo, de habitarlo”.