El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, confirmó este miércoles que habrá un veto para la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación que aprobó la Asamblea Nacional, aunque no especificó si será parcial o total.

“No nos adelantemos, ya estamos estudiando (el texto) en el Departamento Jurídico", respondió Lasso al ser consultado al respecto en un acto público. "Téngalo por seguro que (la resultante) será una ley de respeto absoluto a la libertad de expresión y al ejercicio libre del periodismo”, añadió.

La norma cuestionada

La Asamblea Nacional aprobó la semana pasada, con 75 votos a favor, 21 en contra y 30 abstenciones, el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, impulsado por la oposición, después de rechazar otra serie de reformas que habían sido presentadas por el gobierno. 

La ley de comunicación vigente en Ecuador fue aprobada en 2013, durante el gobierno de Rafael Correa, y desde ese entonces es rechazada por los dueños de medios de comunicación y agrupaciones de periodistas, que la consideran una amenaza a la libertad de expresión. Entre los puntos más polémicos estuvo la creación de un organismo dirigido a controlar el trabajo de los medios, que fue eliminado por Lasso después de llegar a la Presidencia. La reforma propuesta por la oposición, integrada entre otros por el partido de Correa, restituye el órgano de control.

En un comunicado emitido tras la aprobación de la norma, la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, definede la creación de ese órgano asegurando que "permite que las personas cuyos derechos se vean afectados por los medios de comunicación cuenten con mecanismos de defensa expeditos, garantizando que los derechos al honor y buen nombre positivados en la Constitución y en los principales instrumentos de derechos humanos puedan ser tutelados por el Estado”.

En el mismo documento, se asegura que la reforma fue elaborada escuchando los criterios de organizaciones civiles ecuatorianas relacionadas al periodismo, así como de la Unesco y del Relator de la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas.

El rechazo del gobierno de Lasso

Enseguida de la aprobación, el gobierno de Ecuador emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la reforma y consideró que se trata de una "ley mordaza". “Intenta nuevamente restringir el derecho a la libertad de expresión y proporcionar mecanismos de persecución”, aseguró el Ejecutivo. 

También rechazaron la iniciativa varias agrupaciones gremiales, entre ellas la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador y la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, que exhortaron este miércoles a Lasso a imponer un veto total a la reforma. 

Los impulsores de la reforma “muestran el inocultable propósito de volver a la ley mordaza, a la persecución a periodistas y medios de comunicación ecuatorianos que incomodan al poder y a la corrupción institucionalizada”, enfatizaron los gremios en un comunicado. La norma “está plagada de vulneraciones al derecho inalienable del ser humano a la libertad de expresión y opinión y por tanto es una inconstitucional regresión en derechos”, agregaron.

Las agrupaciones recordaron, además, que la Relatoría de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos observaron al país por no acatar las normas sobre la libertad de expresión cuando regía la ley de 2013. En la misma línea, anunciaron que denunciarán ante organismos internacionales “este nuevo atentado a la libertad de expresión y libertad de prensa”, que configura un “ataque a la democracia”. Finalmente, culpabilizaron a las autoridades y a la mayoría que votó a favor de esta reforma “de violación a la normativa constitucional e internacional”.