La Fiscalía General de Colombia solicitó nuevamente la preclusión en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), procesado por los delitos de soborno a testigos, a seis días del cambio de mando presidencial.

A través de un comunicado, la Fiscalía manifestó “con plena autonomía e independencia” que, tras escuchar 14 declaraciones, interrogar al imputado y realizar siete inspecciones, se “han configurado las causales de preclusión de atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”. La institución está a cargo del fiscal Francisco Barbosa, una figura cercana al presidente saliente, Iván Duque, correligionario de Uribe.

En abril, una jueza rechazó un pedido previo de preclusión de la fiscalía con un argumento similar, que se basa en que, según su versión, no habría pruebas para responsabilizar a Uribe por los delitos de los que es acusado. La legislación colombiana permite la preclusión en siete supuestos y la Fiscalía puede presentar un recurso por cada uno de ellos. 

Tras la decisión de la magistrada, el oficialista Centro Democrático acusó a la Justicia de continuar una “persecución incesante”.

El caso refiere a un presunto ofrecimiento de beneficios económicos y jurídicos a exparamilitares con el fin de que brindaran falso testimonio contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo. Esta formación integra el Pacto Histórico, al que pertenece el presidente electo, Gustavo Petro, quien asumirá el domingo.

La causa se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, pero esta, en vez de ir en contra del legislador de izquierda, inició un proceso en su contra por manipulación de testigos.

Uribe sostuvo en abril que jamás tomó la iniciativa de ofrecer un beneficio. “Ni autoricé ni supe previamente de giros de dinero, ni pasó por mi mente pedir que mintieran u ocultaran la verdad; que no es cierto que haya pretendido engañar a la justicia”, añadió.