El 15 de junio de 1977 los españoles fueron convocados a elegir diputados al Parlamento después de 41 años de dictadura. La última elección democrática había sido en febrero de 1936, durante la II República. La tragedia de guerra civil había provocado más de un millón de muertos y Francisco Franco había gobernado el país como un sangriento dictador hasta su muerte, en 1975. El inestable equilibrio de fuerzas heredado por el rey Juan Carlos, ungido por el dictador como su sucesor, desembocó en las elecciones que ganó Adolfo Suárez.

Tras la muerte de Franco, Juan Carlos había confiado la presidencia del gobierno a Carlos Arias Navarro, un franquista de vieja cepa, que renunció poco después, en julio del 76. Allí entró en escena Suárez, de probadas credenciales franquistas, funcionario de larga data del régimen, y una incógnita para los analistas políticos. Representaba al ala más liberal del franquismo, proclive a la apertura democrática en un país atrasado, que pese a la muerte de Franco, aun conservaba los rasgos de un régimen anacrónico y represivo, anclado en los principios fascistas anteriores a la Segunda Guerra.

El camino al 15 de junio de 1977 fue gradual: no habría ruptura con el régimen, sino una transición hacia una democracia. Esa fue la tarea de Suárez. El momento clave llegó en noviembre de 1976, cuando los procuradores franquistas, el cuerpo colegiado que fungía como parlamento en un país con partidos políticos prohibidos, discutió el proyecto de ley para la reforma política.

Se trataba de un texto armado por Torcuato Fernández-Miranda, colocado a la cabeza de ese cuerpo, y hombre de confianza del rey Borbón: declaraba la soberanía en manos del pueblo y contemplaba la conformación de un parlamento de 350 diputados, elegidos por voto popular. Era nada menos que la aniquilación del sistema franquista vigente hasta entonces. El proyecto fue aprobado y debía ser ratificado por un referéndum.

En diciembre, más del 90 por ciento de los españoles acompañó la propuesta reformista de Suárez. El PSOE y el PC, principales opositores desde la izquierda, llamaron a la abstención: desconfiaban de Suárez y querían una apertura completa e integral. 

Los partidos, salvo el PC de Santiago Carrillo, fueron legalizados a comienzos de 1977. Mientras tanto, seguían actuando algunos grupos clandestinos de extrema izquierda, que realizaban acciones propagandísticas, y la extrema derecha perpetraba la Masacre de Atocha, el asesinato a sangre fría de cinco abogados laboralistas ligados al PC. El masivo funeral de los asesinados convenció a Suárez de legalizar a la “bestia negra” del franquismo.

Después de cuatro décadas, el PC español recuperó la legalidad el 9 de abril de 1977, el Sábado Santo. La noticia tomó por sorpresa a todos y causó el resquemor de los militares. Con todo, ya no había marcha atrás.

A fines de mayo comenzó la campaña electoral. Suárez reunió a varios partidos en una alianza liberal llamada Unión de Centro Democrático (UCD), para competir con el PSOE de Felipe González y el PC de Carrillo. Los restos del franquismo menos conservadores se nuclearon en torno a Manuel Fraga y su Alianza Popular, el actual Partido Popular.

El 15 de junio, el 78 por ciento de los españoles acudió a las urnas. La UCD se impuso con el 34 por ciento de los votos, contra el 29,3 de los socialistas. El PC llegó al 9 por ciento y AP al 8. Suárez quedó legitimado como el primer presidente democrático posfranquista. La Constitución de la nueva España democrática se aprobaría un año y medio más tarde.