La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aprovechó la reunión de fiscales del Mercosur para encarar gestiones con su par brasileño, Rodrigo Janot Monteiro, con miras a destrabar las dificultades para lograr el envío de información sobre las coimas pagadas por la constructora Odebrecht en Argentina. Contra la gran expectativa que existía algunas semanas atrás sobre la posibilidad de acceder al contenido de las delaciones que ofrecieron en Brasil ejecutivos de la compañía, la justicia de ese país ya avisó que no las habilitará si no hay garantías de inmunidad para esas personas. Por lo pronto, ayer se firmó un Memorándum de Cooperación Institucional entre los ministerios públicos de Argentina y Brasil para intercambiar experiencias, técnicas e información en el contexto de investigaciones (cuando sea posible). Hoy se firmaría otro acuerdo específico de actuación bilateral para los casos vinculados con Odebrecht. Los fiscales porteños esperan poder conocer pruebas que les permitan avanzar.
Del Memorándum que firmaron ayer Gils Carbó y Janot surge que en los casos en que sea necesario ambos países armarán “equipos conjuntos de investigación, herramienta fundamental en materia de cooperación jurídica internacional”, dice el pacto. Un nuevo acuerdo que se suscribirá hoy se supone que servirá para mejorar las posibilidades de avanzar en la investigación de las coimas de Odebrecht en Argentina. Lo más probable es que la integren todos los fiscales que investigan casos vinculados al tema: Franco Picardi, Gerard Pollicita, Federico Delgado, Carlos Stornelli y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Este último es quien escuchó directamente del fiscal brasileño Vladimir Aras que las delaciones de 77 ejecutivos y empleados de Odebrecht no serán entregadas a la Argentina si no se les garantiza que no serán sometidos a un proceso penal. Eso es así porque la constructora y el Ministerio Público fiscal en Brasil firmaron un acuerdo que les asegura a esas personas que no tendrán persecución penal, de acuerdo al régimen de delación premiada. Pero en nuestro país no existe esa normativa, sólo hay ley del arrepentido y la posibilidad de moderar la pena, pero no otorga impunidad.
El trabajo bilateral seguramente facilitará el cotejo de ciertas informaciones, pero a menos que cambie la ley local, difícilmente sirva para mucho más. En algunas causas, como la que investiga el soterramiento del tren Sarmiento, el fiscal Picardi y Rodríguez apuntan a buscar fuentes de sobornos dentro del país, como sospechan que ocurrió con la empresa Iecsa -antiguamente del Grupo Macri, luego de Angelo Calcaterra y ahora de Marcelo Mindlin-en sociedad con Odebrecht.
