La quita de pensiones a personas con discapacidad abrió una nueva fisura en Cambiemos. Mientras desde el PRO la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, simuló una marcha atrás, la UCR se sumó ayer a los pedidos de la oposición para modificar el decreto dictado por Carlos Menem en 1997 y aplicado por el Gobierno nacional. Los radicales presentaron ayer un proyecto de declaración en la Cámara baja para reclamarle al Poder Ejecutivo “la ampliación del universo de sujetos beneficiados”. “Resulta inadmisible que consideren incompatible y le suspendan la pensión a una jubilada que cobra la mínima y tiene una persona con discapacidad a su cargo”, alertó la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba), autora de la iniciativa. El proyecto no es una iniciativa aislada sino que lleva la firma del presidente del interbloque, Mario Negri y de otros legisladores radicales como Ricardo Alfonsín, Diego Mestre y Carla Carrizo. En el Senado la UCR también protestó: el senador Julio Cobos contó que presentó el miércoles una iniciativa similar y que ayer habló personalmente con el presidente Mauricio Macri y que se comprometió a que “ningún chico quedará sin cobertura”. “Hay incompatibilidades que deber ser modificadas”, señaló.
La disminución de la ayuda económica a personas con discapacidad aplicada por el PRO no sólo produjo un fuerte rechazo social sino que también generó un conflicto político hacia el interior del propio oficialismo. Un grupo de senadores de la UCR se reunieron el miércoles para analizar la situación. Uno de los más críticos fue el santacruceño Alfredo Martínez: “La ausencia de una comunicación fehaciente y efectiva ante la abrupta interrupción masiva constituye un atropello a los derechos de las personas que percibían este beneficio”, aseguró Martínez. En ese contexto, Cobos presentó un proyecto instando al gobierno a “suspender la ejecución de las bajas de pensiones. Revisar caso por caso, subsanar inmediatamente eventuales errores y denunciar ilícitos”. “La sensibilidad del tema no permite ni el más mínimo margen de error, porque afecta directamente a sectores con alta vulnerabilidad social”, insistió.
Ayer contó que habló personalmente con Macri y que además se comunicó con la jefa de Gabinete del ministerio de Desarrollo Social. Además, mantuvo reuniones con legisladores y autoridades mendocinas para analizar la situación en su provincia junto a familiares de personas con discapacidad. “Invitamos a los familiares a la Comisión de Salud del Senado para que expongan sus casos en cuanto a esta ley. Además, trabajaremos proyectos para actualizar la normativa vigente buscando dar una cobertura integral”, anticipó el ex vicepresidente.
Por la tarde y ante el aumento de los cuestionamientos internos y externos –se realizó una protesta en 9 de julio–, la ministra Stanley trató de cortar la escalada del conflicto con un mensaje ambiguo. A través de la agencia oficial Télam, informó que se restablecerán las pensiones por discapacidad “suspendidas por error”. La ministra reafirmó que el Gobierno decidió “restablecer” las pensiones a las personas discapacitadas “que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar”, y agregó que el pago se hará efectivo la semana próxima.
Si bien algunos radicales interpretaron esa afirmación como una marcha atrás del Gobierno, lo cierto es que tanto los senadores como los diputados señalaron que no sólo deben corregirse los “errores” en la aplicación del decreto 432/97. “Dicha reglamentación debe readecuarse según criterios de justicia social y dignidad previstos por nuestra Constitución nacional, porque el origen de la problemática no es la intencionalidad del Ejecutivo nacional de recortar beneficios, sino los requisitos y condiciones que el propio decreto reglamentario de 1997 establece para la concesión”, señaló la diputada Carrizo.
