El juez porteño Guillermo Scheibler aceptó un pedido de medida cautelar y suspendió una licitación mediante la cual el club Boca Juniors se había quedado con tierras públicas de la Ciudad de Buenos Aires. El predio de Casa Amarilla había sido vendido al club por el Gobierno porteño mediante el pago del 5 por ciento del valor total (180 millones de pesos) y un financiamiento a 14 años. Las tierras eran propiedad del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y estaban destinadas para la construcción de viviendas sociales. 

Los amparistas –representados por La Boca Resiste y Propone y el Observatorio del Derecho a la Ciudad– habían denunciado la venta como inconstitucional e ilegal, ya que no se había respetado el artículo 82 de la Constitución porteña, que establece que la venta de tierra pública requiere de la aprobación de la Legislatura. El juez Scheibler, subrogante del juzgado N° 24 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, entendió que en la causa no consta que se haya cumplido este requisito. 

Scheibler también indicó que la zonificación del predio cedido al club no es apta para el proyecto que se pretende concretar: según indicó el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, la idea es construir en esas 3,2 hectáreas un estadio al estilo europeo, con restaurantes, tiendas, cafeterías, además de piscina y cancha de básquet.

El magistrado, además, entendió que tampoco se respetó el procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental, sobre todo teniendo en cuenta las obras proyectadas en un predio que fue declarado –mediante la ley 2.240– en “emergencia urbanística y ambiental”. 

Por eso Scheibler ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda la aprobación de los planos que hubiese presentado Boca Juniors y estableció la “paralización absoluta” de la ejecución del proyecto.

“Hoy nos tocó una gran victoria frente al poder desmedido de algunos que en vez de un barrio y sus vecinos, solo ven oportunidades de negocios”, indicaron en un comunicado La Boca Resiste y Propone. “Las tierras son de los vecinos y somos los vecinos los que debemos decidir qué hacer con ellas. No queremos un estadio shopping ni ningún negociado que deje afuera las necesidades de nuestro barrio”, agregaron.

Desde el 2009, cuando Mauricio Macri era Jefe de Gobierno, la Ciudad emprendió acciones por las cuales los terrenos pasaron a manos del club del actual presidente. Aquel año, el IVC suspendió mediante una resolución las licitaciones para la construcción de 1200 viviendas sociales, que estaba sin avance desde 2004. Un año después, en 2010, Macri firmó el decreto 723 y cambió el destino a las tierras, con lo que abrió la posibilidad de que fuera utilizado para crear un espacio público, educativo o de salud.

Con este aval en la mano, el IVC transfirió los terrenos a la Corporación Buenos Aires Sur, que tiene potestad para los proyectos de este tipo en esa zona de la Ciudad. Pero la Corporación no ejecutó ningún proyecto público, educativo o de salud: esperó a que Boca culminara el proyecto que había insinuado en 2008, cuando había expresado su voluntad de quedarse con las tierras para actividades deportivas, sociales y culturales. 

Al mismo tiempo, el vice presidente del club, Oscar Moscariello, también legislador porteño del PRO, presentó un proyecto en la Legislatura para cambiar la zonificación del predio y terminar de allanar el camino para que Boca Juniors pueda construir un estadio-shopping en los terrenos de Casa Amarilla. 

Inicialmente, el amparo presentado por los vecinos había sido rechazado por el juez Pablo Mántaras, pero la Sala II de la Cámara de Apelaciones revocó ese fallo y giró la causa a la jueza Paola Cabezas Cescato. Sin embargo, la magistrada se excusó y pasó el expediente a Scheibler.