Los productores rurales nucleados en la rama Agraria de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) se movilizaron hasta el Congreso de la Nación para exigir el tratamiento de leyes en beneficio del sector de la agricultura familiar, comunitaria e indígena. A nivel federal, se llevaron a cabo diferentes acciones en todas las provincias.

En Catamarca, la convocatoria fue en la esquina de la Escuela de Artesanías, ubicada en la Manzana de las Artes (ex hospital San Juan Bautista).

El actual reclamo se basa en el pedido de medidas urgentes para paliar la actual crisis generada por la emergencia económica y social que atraviesa el país y que golpea fuertemente a las familias productoras agropecuarias, que tienen un rol central en la producción de los alimentos que se consumen a nivel nacional.

Jeremías Mensa, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) rama rural local (Catamarca), en diálogo con Catamarca12 manifestó que en la provincia hay “alrededor de 8.000 unidades productivas agropecuarias, de las cuales cerca de 7.300 cuentan con el 7% de la tierra y el resto tiene todo el porcentaje restante. Familias ligadas a la ruralidad hay muchísimas más, pero no están censadas por la informalidad en la que trabajan”.

Mensa expresó que la actual medida busca iniciar “el diálogo de apertura de derechos que haga que esa brecha de concentración de tierras y capitales sea más justa. Nuestro objetivo es visibilizar que la producción de alimentos para la mesa de los argentinos es fruto del trabajo de miles de pequeños productores y no de los que producen monocultivos con sistemas convencionales, donde se producen kilos, pero no alimento. Justamente es ese sector que produce alimentos el que sufre la carencia de tierras, los alquileres insostenibles y la dolarización de los insumos para la producción cuando la venta es en pesos”.

María Barrionuevo, representante en Catamarca de la organización Nuestramérica Rural, agregó que “existen alrededor de 6.000 familias de trabajadores rurales en negro en nuestra provincia. Hay más de 8.000 trabajando en emprendimientos rurales, pero los números en negro aumentan día a día. Las personas que viven y producen ganado caprino son los sectores más postergados, principalmente en las regiones de salinas”.

El sector destaca que a pesar de que Argentina es el octavo país con mayor superficie del mundo, la tierra se encuentra concentrada en unas pocas manos: el 1% de las explotaciones controla el 36% de la tierra, casi el 40% del territorio nacional es propiedad de 1.200 terratenientes y un 40% de los habitantes del país no tiene acceso a tierras o vivienda propia (este último dato, con un marcado sesgo de género, ya que el 78% de las explotaciones están manejadas por hombres y apenas un 20% son controladas por mujeres), de acuerdo a información del Censo Nacional Agropecuario de 2018 del INDEC y el Registro de Tierras Rurales de la Nación.

A nivel nacional, la movilización estuvo coordinada por el MTE Rural y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). En la provincia, las organizaciones que formaron parte fueron MTE Rural Catamarca, Nuestramérica Rural, Mujeres Rurales, Evita y productores autoconvocados, cuyos delegados de distintos puntos del interior participaron de la concentración en la Capital, donde realizaron una asamblea pública con feria de la agricultura familiar.

Los referentes manifestaron que lo que los moviliza es “ver cómo cada año van desapareciendo pequeños productores. Nos moviliza ver la falta de alimentos en la mesa del país y el sector de la agricultura familiar siempre postergado en cuanto a financiamiento y políticas públicas que lo beneficien”.

Barrionuevo agregó que “el hecho de andar en los territorios rurales, conocer de cerca las problemáticas y las desigualdades que padecen el campesinado y las comunidades originarias de la provincia y del país ha sido lo que nos impulsó a unir los criterios, las experiencia y las metodologías con las que debemos trabajar de ahora en adelante si queremos realmente generar un cambio radical. No es posible que habitando en un estado plurinacional todavía estemos viviendo endeudados, sin tierra, sin agua y sin techo, porque trabajo tenemos, solo que no es reconocido como tal”.

Tanto a nivel provincial como nacional, el reclamo se basa en la exigencia de políticas públicas para la agricultura familiar, lo cual gira en torno al tratamiento de tres ejes principales: la Ley de Acceso a la Tierra, protección de cinturones verdes y zonas estratégicas de producción; reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar y la Ley de Fomento a la Agroecología.