El bloque Frente de Todos del Parlasur repudió este miércoles la "persecución escalofriante" que lleva adelante el Poder Judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz, y aseguró que el objetivo detrás de este proceso es "proscribirla y expulsarla del escenario político".

En un comunicado difundido este miércoles, los integrantes que conforman el bloque del Frente de Todos en el Parlamento del Mercosur denunciaron que "la vicepresidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner es hoy víctima de un ataque judicial por parte del fiscal Diego Luciani" que está fundado "en un solo objetivo: proscribirla y expulsarla del escenario político, con maniobras propias del lawfare".

En ese ataque, advirtieron, "está en juego la Democracia en Argentina", un peligro que "obedece al obrar judicial que viene instalándose con furia y odio extremo, a tal punto de construir teorías jurídicas inverosímiles que solo afectan el estado de derecho y las garantías esenciales de la República".

Entre las irregularidades desplegadas por los operadores judiciales, los parlamentarios mencionaron que "el fiscal que lleva la causa no presentó ninguna prueba donde fundar sus acusaciones, afectando el debido proceso y uno de los pilares procesales para un juicio justo".

Esta persecución "deja al descubierto ante el mundo entero que el lawfare es una realidad en Argentina, y que el Poder Judicial, los medios y sectores económicos concentrados ejecutan un plan siniestro, que erosionan las bases del Sistema Republicano de Gobierno", dice el comunicado, al tiempo que advierte sobre la gravedad de que sea "la Vicepresidenta, una mujer, dos veces presidenta de este país, la única política contra quien se viene atacando con crueldad y falsedad sin precedentes".

"Ante la gravedad de los hechos, nos expresamos con preocupación, repudiamos la violencia inmoral del Fiscal Luciani y la Mesa Judicial contra Cristina Fernández de Kirchner" y "ratificamos que los hechos demuestran la vigencia del operativo montado por la mesa judicial en el gobierno de Macri, cuyo mentor e ideólogo Rodríguez Simón alias Pepín el prófugo, evidencia que está operativa y ejecutando las acciones organizadas contra la ex Presidenta".

En ese sentido, remarcaron la doble vara de los funcionarios judiciales. "No escuchamos a un fiscal o ministro en el país levantar su voz y criminalizar la conducta de profugado de Pepín Simón Rodríguez desde hace 603 días", señalaron. Por el contrario, abundan el "silencio y la complicidad con los mismos actores que hoy atacan a Cristina, aquellos que desde el 2016 ingresaban a Casa Rosada a escondidas a recibir las órdenes del jefe de la mesa judicial para perseguir opositores".

El comunicado, encabezado por las firmas de Víctor Santa María (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Cecilia Britto (Misiones), Alejandro Karlen (Corrientes), Gastón Harispe (Provincia de Buenos Aires) y Marina Femenía (Mendoza), cierra con un llamado de  atención sobre "la peligrosidad del accionar del Fiscal" y traslada "la responsabilidad de quebrar el estado de derecho en el país al Poder Judicial de la Nación y sus cómplices". 

El documento está rubricado también por Ricardo Oviedo (Formosa), Carlos Gleadell (Santa Cruz), Nancy D´Auria (Tucumán), Carlos López López (Provincia de Buenos Aires), Jorge Cejas (Río Negro), Nelson Nicoletti (La Pampa), Tomas Strada (San Juan), Julio Sotelo (Chaco), Julia Perié (Misiones), Elena Corregido (Chaco), Damián Brizuela (Catamarca) y Sofía Prado Budeguer (Tucumán). 

Ola de repudios

Esta semana, se sucedieron varias expresiones de apoyo hacia la vicepresidenta y en repudio del accionar del Poder Judicial. La secretaría de Derechos Humanos fue una de las primeras en pronunciarse. En un comunicado, volvió a advertir que el lawfare o "guerra jurídica" constituye una práctica que condiciona los procesos electorales y "avasalla derechos fundamentales de las víctimas directas", en este caso de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al desconocer sus garantías fundamentales del Estado de Derecho.

Los Organismos de Derechos Humanos también manifestaron su "profunda preocupación" por el avance de las prácticas de lawfare y su solidaridad con la vicepresidenta. "Hemos denunciado en forma reiterada que desde el gobierno de Mauricio Macri se han utilizado a diversas instancias del Poder Judicial para hostigar a referentes emblemáticos de la política y a un conjunto importante de luchadores y luchadoras sociales", recordaron en un comunicado, firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, entre otros.

En Twitter, a través del hashtag #TodosConCristina, ministros del gabinete nacional también denunciaron "maniobras del lawfare", luego de que el fiscal federal Diego Luciani adelantara que acusará por "asociación ilícita" a los imputados en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, entre ellos a la exmandataria. 

"Necesitamos recuperar una Justicia que garantice a las y los argentinos el pleno ejercicio de sus derechos y no sea una institución cooptada por intereses particulares que creen estar por encima de todos", publicó el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien recordó que Mauricio Macri "utilizó servicios de inteligencia, operadores judiciales (hoy prófugos), jueces y fiscales (que jugaban al paddle con él en Olivos) para perseguir a su principal adversaria política: la mujer que le puso un freno al saqueo y al endeudamiento del país".

También se sumó hashtag el expresidente boliviano Evo Morales. "Nuestra solidaridad con la hermana Cristina, que es blanco de ataques judiciales de sectores oligárquicos que intentan en vano desprestigiar su imagen. ¡Fuerza hermana Cristina! Tu pueblo está contigo y apoya tu lucha en defensa de los más humildes", en la red social", escribió.