Desde el 1° de agosto la ciudad de Tartagal, en el departamento de San Martín, tuvo su segundo incremento en lo que va del año del boleto de transporte urbano de pasajeros. De esta manera, el viaje pasó de $70 a $90, convirtiéndose en el boleto más caro del país. A razón de ello, concejales opositores al gobierno local de Mario Mimessi pedirán la suspensión del incremento hasta tanto se sancione la Ley Provincial de Transporte, que está siendo impulsada por proyectos del Ejecutivo y el Senado de la provincia. 

Además, en la ciudad se declaró la emergencia en el servicio de transporte público desde el año pasado, debido a que se debe reorganizar el servicio en toda el área. 

El concejal Ernesto Restom (Frente de Todos) dijo a Salta/12 que el precio del boleto es "elevadísimo", considerando que el radio de cobertura de la empresa 13 de Junio, la prestataria del servicio, no supera los 10 kilómetros y se trata de una de las ciudades más pobres del país. Precisamente, el departamento San Martín junto a Orán y Rivadavia, están en emergencia socio sanitaria desde principio de 2020, por la muerte por desnutrición de niños y niñas, sobre todo indígenas. 

"Se trata del pasaje de colectivo más caro del país y que tiene un servico deficiente porque los colectivos están en mal estado y no llegan a cubrir las frecuencias horarias", sostuvo el edil. 

Para Restom, la suba se debió a una "devolución de favores" de la intendencia de Mimessi a la empresa prestadora, dado que esa firma "prestó servicio para la campaña de Mimessi. Vos veías los colectivos en la sede del Comité Radical", denunció, agregando que desde hace años 13 de Junio es la única empresa que presta servicio de transporte urbano. Aunque hay otras empresas que también brindan servicio en la ciudad, son de mediana distancia. 

El concejal lamentó que no "contaran con los números" de voluntades en el Concejo Deliberante para llamar a una nueva sesión y dar marcha atrás con lo dispuesto. La ordenanza fue aprobada por las y los ediles Fabiana Estefania Beky, Luis Federico Farfan, María Margarita Rauch, Anahí Salazar, Silvio Miguel Yanacón y Julieta Agustina Yurovich, que representan el oficialismo y pidieron el llamado a sesión extraordinaria. 

Restom adelantó que junto a otros ediles pedirán la suspensión del incremento, hasta que se dicte una Ley Provincial de Transporte, que empezó a ser debatida por el Senado.

En ese sentido, consideró que es preciso contar con una autoridad de transporte que regule y controle la prestación del servicio. Es que todas las localidades que no pertenecen al área metropolitana de Salta no cuentan con un órgano de control como la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), que solo tiene injerencia en la prestaciónd el servicio en la ciudad de Salta. Precisamente, el proyecto del gobierno provincial definió entre sus principales fundamentos que la AMT se convierta en una Autoridad Central de Transporte y comprenda todo el territorio provincial.

Además se reclamó la optimización y el control de prestación de servicios a través de la incorporación de tecnología como la gestión de flotas, dispositivos de GPS y boleto electrónico; que se reclasifiquen las modalidades de transporte regulados según las necesidades actuales, e incorporar la competencia de la provincia en materia de trenes.

Si bien el principal argumento para la suba del precio del boleto es el proceso inflacionario que afronta el país, para Restom, eso no justifica el incremento aprobado. "Tenemos un pasaje que es más del doble del que se cobra en la propia ciudad de Salta", subrayó, y aseguró que los y las tartagalenses no pueden afrontar ese precio y "se están privando de tomar el colectivo". 

"Es realmente descabellado que se pague $90", insistió. Y entendió que la gente no tiene que "privarse de un servicio que el Estado debe garantizar". En ese sentido, dijo que el boleto urbano debe adecuarse a las posibilidades económicas de toda la ciudadanía de Tartagal, sin dejar de lado la situación económica y financiera de la empresa prestadora. 

Una suba a pesar de la emergencia 

El concejal relató que en diciembre del año pasado la empresa 13 de Junio elevó un pedido de incremento del boleto al Concejo Deliberante. Se llamó a una sesión extraordinaria para el 11 de febrero de este año, en la que se trató la suba de la tarifa del boleto común para transporte de pasajeros urbanos y la prórroga de la emergencia. 

En esa sesión se aprobó la prórroga de la emergencia y también dos aumentos del boleto para este año. Así fue que desde febrero pasó a costar $70 y se acordó que desde el 1° de agosto, se aumentaría a $90. Según el edil, el único argumento de la empresa fue que "requerían un incremento de la tarifa porque no estaban cubriendo los gastos", y señaló que no se presentó el estado financiero de la empresa para realizar un análisis más preciso del pedido. 

Cuestionó también a la Comisión de Transporte del Concejo, que "no trabajó sobre el tema hasta el 11 de febrero", cuando se realizó la sesión. "Cuando nos elevan el dictamen, pedimos mayor información y no nos la dan", señaló dando a conocer que en ese dictamen ya estaba establecido el aumento. 

"Nos opusimos a la suba y acompañamos la prórroga de la emergencia de transporte porque necesitamos que se hagan los procesos licitatorios de los corredores y que hasta la fecha no se cumple", manifestó Restom. La emergencia fue declarada por el Concejo Deliberante en abril del año pasado y llegó por un pedido del propio intendente Mario Mimessi, que señalaba el "mal funcionamiento del servicio de transporte de pasajeros en todas sus modalidades". 

En el proyecto presentado por el jefe comunal se dejaba asentado que, a partir de la promulgación de la ordenanza, durante un año el gobierno municipal iba a poder adoptar e instrumentar medidas tendientes a regularizar el sistema de transporte urbano. De esta manera, tenía las facultades para mejorar el transporte urbano de pasajeros, interfiriendo en el servicio brindado por las empresas de transporte, respecto a los recorridos de los corredores y las líneas. Además, iba a poder organizar el servicio de taxis, a través de paradas fijas, y el servicio de remises, bajo la modalidad de contratación de servicio.

Restom explicó que se debía llamar a licitación para adjudicar los corredores nuevamente y definir el circuito que iba a tener cada uno. Esta necesidad se debe a que la ciudad tartagalense creció de manera exponencial los últimos años, por lo que se precisa de "readecuación" y "organización de todo el sistema de transporte". Sobre todo, incluyendo a las comunidades indígenas, que viven por fuera del centro de la ciudad y que no cuentan con movilidad.