"Este juicio es el más importante después del Juicio a las Juntas", sostiene Pablo Llonto a poco más de un mes de realizar su primer discurso en el alegato final del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal a la denominada "Contraofensiva Montonera", acción política que consistió en el reagrupamiento de militantes exiliados en diferentes países, que regresaron a la Argentina con el objetivo de encabezar una campaña política para resistir a la dictadura cívico-militar y generar apoyo social para que el terrorismo de Estado llegara a su fin y que fue ferozmente reprimida por los militares.

El abogado que representa familiares de las víctimas en el juicio que investiga a integrantes de los servicios de inteligencia del Ejército por privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos contra 98 militantes entre 1979 y 1980, destaca en diálogo con AM750 que los espías “fueron el nervio central de la campaña de exterminio" durante la última dictadura. 

“El aparato de inteligencia del Ejército fue el que llevó adelante el genocidio”, evalúa, por su parte, la fiscal del juicio, Gabriela Sosti. “Fue una masacre planificada mucho tiempo antes de la usurpación del poder por parte de la Junta”, agregó. 

Tras la conclusión de la feria judicial en febrero de 2021, se reanudó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº4 de San Martín este proceso oral y público en el que están acusados seis exintegrantes de la inteligencia del Ejército.

Los acusados por los crímenes de lesa humanidad son Jorge Apa, quien se desempeñó como jefe de la División Inteligencia "Subversiva Terrorista", dependiente la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército; Roberto Dambrosi, ex jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, ex jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División Seguridad del Batallón de Inteligencia 601; Jorge Bano, quien integró la Sección Operaciones Especiales (SOE) de la guarnición de Campo de Mayo; Eduardo Ascheri, también integrante de la SOE de Campo de Mayo y Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201.

"Esta sentencia será mirada por todo el país, porque se juzga a toda la estructura de inteligencia del Ejército", analiza Llonto a pocos meses de la sentencia. Junto a Sosti, desmitifican la idea instalada en el imaginario social sobre la Contraofensiva Montonera y explican el legítimo derecho a la resistencia de los militantes que luchaban por el regreso de la democracia en toda la región, en una época marcada por las dictaduras en América latina. 

"Este juicio es el más importante después del Juicio a las Juntas"

El juicio 

El abogado sostiene que este juicio es el más importante después del juicio a la Juntas porque en se juzga a todas las capas de la estructura de inteligencia de la última dictadura militar, desde la Jefatura II de Inteligencia del Ejército, que era el escalón más alto, hasta por el Batallón 601, el organismo creado para centralizar la información, llegando hasta donde las raíces de la inteligencia en los territorios donde el Ejército tenía los destacamentos y en las unidades militares.

“Todas las pruebas que presentamos en los años que lleva el juicio permitieron conocer que en la última dictadura la represión estuvo centralizada en la inteligencia del ejército que ocupó un central en el exterminio”, agrega Llonto. 

En este sentido, resalta que “si la sentencia es completa, como estamos pidiendo, por primera vez se va a explicar la responsabilidad de toda esta estructura y servirá para que sea tomada y se replique en cada jurisdicción” agregó.

“La Inteligencia del Ejército es una estructura no leída lo suficientemente bien y que atravesó la historia de la Argentina. Hoy en día sigue siendo una deuda pendiente, algo que no se terminó de resolver”, suma Sosti. 

La fiscal sostiene que la importancia del juicio no se basa solo en probar el horror y condenar a los responsables, sino también en demostrar quiénes fueron los beneficiarios del genocidio de la dictadura. 

Otra cuestión central del juicio es que si se comprueba la centralización de la represión en la inteligencia del Ejército se podrá juzgar a los responsables del Batallón 601 y de la Jefatura II de Inteligencia por los casos de los desaparecidos sobre los que aún no se sabe a qué centro clandestino fueron llevados. 

“Con la sentencia se podría probar año por año a cada militar que tuvo responsabilidades en inteligencia ligada a la desaparición, la tortura, y el asesinato de los compañeros. Para eso previamente tiene que haber una construcción jurídica que dé cuenta sobre el rol de esta estructura y pueda explicarlo”, expresa Llonto. 

“Hay que construir jurídicamente esa responsabilidad. Es el gran desafío para este tribunal”, sintetiza.

“El aparato de inteligencia del Ejército fue el que llevó adelante el genocidio”

Desmitificando a la contraofensiva 

“La opinión que tiene la mayoría de la sociedad sobre la contraofensiva montonera es que fue un suicido en masa”, analiza Sosti. quien sostiene que la contraofensiva fue un concepto clausurado por mucho tiempo en la historia Argentina. “La burguesía logró imponer el discurso de la teoría de los dos demonios, tributario al de los militares, que caló hondo y todavía circula en nuestra sociedad”, lamenta, y agrega que ciertas gestas políticas quedaron “estigmatizadas”, incluso para los sectores más progresistas. 

Al respecto, Llonto indica que un aspecto fundamental del juicio fue sacarle todos “los fantasmas” que traía consigo la contraofensiva. En ese sentido, ambos desbaratan ciertos supuestos, como el de que la cúpula de montoneros usó a los militantes de “kamikazes”, o que fue una acción “netamente guerrillera”. 

“La historia siempre va atravesando distintos mitos. A veces son útiles, pero cada tanto es necesario removerlos un poco y ver que tanta verdad había para bien y para mal”, dice Sosti.

Tanto el abogado como la fiscal coinciden en que a raíz de la investigación queda  demostrado que la cúpula de Montoneros formó parte de la contraofensiva, que había una firme convicción y voluntariedad por parte de la militancia que participó de la acción y que principalmente consistió un desafío político.  

“La contraofensiva es una acción política por parte de Montoneros que busca empalmar con una situación crisis que se vivía acá”, dice Llonto y señaló que en 1979 se empezaron a organizar las primeras huelgas producto del descontento social. “Era una Argentina que parecía no solo estar despertándose, sino también empezando a dar señales claras de resistencia”. En ese contexto Montoneros planificó una campaña que incluía la intervención de medios de comunicación, la recolección de datos y denuncias sobre los crímenes de la dictadura, entrevistas con dirigentes políticos y sindicales, pintadas, volanteadas, publicaciones de libros y algunas acciones violentas.

“Tenían derecho a hacer todo lo que hicieron. En el juicio lo explicamos desde el punto de vista jurídico con distintas normas. También lo explicamos desde el punto de vista moral, político, religioso, e histórico. Fuimos dando argumentos que explican el legítimo derecho a la resistencia de los militantes”, sostiene el abogado.

Derecho a la resistencia

Para Sosti, el derecho a la resistencia es otro de los factores esenciales del juicio. “Es el derecho que tienen todos los pueblos cuando están sometidos a las dictaduras, a las tiranías, a la muerte y el hambre”, explica la fiscal y agrega que se trata de un derecho plasmado en muchas constituciones. 

“El derecho a la resistencia no es más que el ejercicio de decir basta las injusticias. En este caso está potenciado porque la mayor injusticia que había era una dictadura asesina”, sumó Llonto. “A una dictadura asesina es difícil combatirla y echarla con marchas del silencio. Eso es lo que evaluaron los militantes montoneros cuando decidieron volver”.