La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó levantar las medidas cautelares dictadas en relación a una denuncia sobre mujeres embarazadas que se encontraban escondidas en el monte formoseño sin atención médica, al constatar que no se pudieron comprobar esos hechos, y cuestionó la falta de cooperación por parte de los actores que formularon el pedido de intervención del organismo.
La Comisión también cuestionó "la falta de colaboración de los peticionarios en brindar información precisa que permitiera identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger", y valoró de modo positivo "el esfuerzo desplegado por el Estado para verificar si había alguna persona que no estuviera recibiendo la atención médica correspondiente".
En su dictamen, la CIDH observa que "el Estado argentino ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde".
Además, se observa que los denunciantes no brindaron "soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encontraban en una situación de riesgo".
Horacio Pietragalla definió la causa como "una operación" de la oposición
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, dialogó con La Mañana, y definió a la causa como una "operación" de la oposición política y mediática. "Hicieron una denuncia a raíz de una nota periodística", señaló Pietragalla.
En relación a la denuncia, el funcionario dijo que la conclusión de la CIDH coincidió con lo que "venía señalando y exigiendo" la Secretaría que él encabeza.
Además, destacó que en el informe la comisión "cuestiona la falta de colaboración de los denunciantes, el dirigente indígena Félix Díaz y el exsecretario de Derechos Humanos de María Eugenia Vidal, Santiago Cantón, en brindar información para identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger".
