“Señor Presidente, Tucumán arde. Caso Bussi. Soy Lupe y fui abusada en la Legislatura”, rezaba el cartel que sostuvo 'Lupe', la mujer de 26 años que se encadenó a la reja de la Casa Rosada días atrás. Por primera vez salió a hablar públicamente sobre su denuncia al legislador tucumano Ricardo Bussi y las amenazas constantes hacia ella, su madre y sus hijos. Ahora quiere que se escuche su relato para contrarrestar el silencio de la Justicia en su provincia, y pide: “Yo quiero poder vivir”.

Lupe, cuyo nombre real es reservado, vive escondida. Desde su denuncia por abuso sexual y robo de identidad al hijo del genocida Antonio Domingo Bussi, en julio de 2020, recibe intimidaciones, maltratos y hasta difamaciones en los medios de comunicación de Tucumán.

Seis meses antes, la joven había tenido su primer contacto con el legislador provincial cuando a raíz de un hecho traumático había ido a pedir auxilio.

“En diciembre de 2019 temí por vida cuando mi expareja puso una bomba en mi casa, tras 18 denuncias por violencia. Salí a buscar ayuda y Bussi se solidarizó conmigo con la promesa de trabajar en su partido, Fuerza Republicana. Me envió a una dirigente de su espacio a mi casa, que me trajo alimentos y me ayudó con la AUH, que no la podía cobrar”, relató la denunciante a AM750.

Y continuó: “En enero de 2020 fui al banco a cobrar la AUH. Vi que en una cuenta tenía $14.500 y en otra $600.000. Yo no tengo trabajo. Nunca podría tener ese dinero. Así que negué esa cuenta. En el banco me dijeron que fui a abrirla en enero, y eso era imposible. La última vez que había podido percibir la AUH fue en noviembre de 2019”.

Lupe se dirigió entonces con el informe bancario al partido, donde le negaron todo. Ahí fue cuando comenzó a recibir intimidaciones por parte de los concejales. “Me venían a apretar de todos lados”, contó. El 11 de marzo Bussi la recibió en la Legislatura al volver del exterior. Ese día ocurrió el abuso. 

Amenazas y difamaciones

A más de un año de ese momento, la joven lleva 11 denuncias realizadas y siente que su vida le fue arrebatada. Ella y su madre reciben amenazas y hasta su hija fue arrebatada mientras estaba en el jardín. “Ese mismo día quisieron secuestrarla. Tomé a mi bebé en brazos, me fui corriendo hasta la calle y me empezó a seguir una camioneta por varias cuadras. Fui a Tribunales y no me quisieron tomar la denuncia. Dijeron que no había ni un oficial”, detalló.

En otra ocasión, su casa fue baleada y recibió mensajes amenazantes tanto de parte del acusado como del comisario Ramón Alfredo Ardiles, a quien también denunció. Ahora, ante la falta de respuestas de la Justicia, Lupe vive en un lugar oculto.

La semana pasada viajó a Buenos Aires y se ató a la Casa Rosada, luego en la Quinta de Olivos, para que “se hiciera visible su caso”, ya que en Tucumán es “violentada por los medios”. “En una radio local, mientras estaba al aire, pusieron en línea a mi abusador y a uno de sus legisladores. Quisieron hacer un debate ahí mismo. No quise continuar. Los medios son crueles”, ejemplificó.

Bussi, en cambio, que ahora es precandidato a senador nacional por su partido, tuvo mucho aire para hablar. En una entrevista con el noticiero de La Gaceta negó el abuso sexual y argumentó que "las paredes de la Legislatura son de cartón” y que, si hubiese pasado un episodio de esas características, “se hubiera escuchado”.

Mientras protestaba en Plaza de Mayo a Lupe se le acercó la Directora de Abordaje Integral de casos de Femicidios, Travesticidios, Transfemicidios y Delitos contra la Integridad Sexual, Natalia Chinetti, y le prometió que la Nación la “acompañará” y “contendrá”. Ella pidió que el presidente Alberto Fernández dijera "algo": “Lo escuché decir que en Olivos recibe a quien lo necesita. Le pido que mire la situación de las mujeres y de la gente del interior. Mi vida no vale, la vida de las mujeres no vale”.

Estado de la causa

En Tucumán la respuesta es nula. En la denuncia consta que Bussi encerró a la mujer en su oficina de la Legislatura, la “obligó a realizarle sexo oral” en el despacho y luego la dejó salir, según publicó Página/12. La investigación quedó a cargo del juez de instrucción Raúl Armando Cardozo, con el cual Lupe pudo ampliar su denuncia.

El abogado de la joven, Salvador Iovane, aseguró a AM750 que en la actualidad se discute la intervención del juez Juan Francisco Pisa y de la camarista Alicia Beatriz Freidenberg. “La investigación no avanza desde julio de 2020. Se está discutiendo la situación de garantía”, indicó.

Según contó la propia Lupe, en su momento presentó todas las pruebas —entre ellas, su computadora, dos celulares y la ropa que tenía puesta el día del abuso— pero nunca se pidió el peritaje de esos elementos. Para Iovane se trata de una cuestión “humana” ya que “no hay intención de investigar”, y advirtió que la influencia política impide avanzar.

“La causa está planteada a nivel provincial y a nivel federal. La Justicia de Tucumán denegó intervenir en procesos que le incumben, como la alteración de su identidad. La Corte Suprema se negó a dar garantías por un amparo que presenté el año pasado. Estamos preparando ya denuncias internacionales. Evaluamos si lo hacemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) u otro organismo”, señaló Iovane.

Para que Bussi pueda ser detenido, la Justicia tiene que resolver los planteos de inconstitucionalidad del proceso que lo ampara. Por un cambio en el Código Procesal Penal provincial el pedido de desafuero del legislador es obligatorio para poder comenzar a investigarlo, explicó el abogado.

El acompañamiento de las mujeres

Lupe aseguró que viajó a Buenos Aires “desesperada” en búsqueda de respuestas. “Cuando volví a Tucumán no salió nadie a decir ‘vamos a hacer algo’. Pero ahora tengo el apoyo de las pibas. Las organizaciones. Las que hicieron visible mi caso. Desde Buenos Aires, y algunas acá, me están acompañando. Mi miedo es: ¿hasta qué instancia van a permitir que nos pasen este tipo de cosas?”, alertó.