El procurador el Tesoro, Carlos Zannini, pidió la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri en la causa en la que denunció, a principios de 2021, una maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado mediante la contratación de deuda externa con el FMI durante el gobierno de Cambiemos.
La jueza María Eugenia Capuchetti presentó un escrito de diez páginas en el que el funcionario consideró que "se encuentran reunidos elementos de juicio que justifican que oportunamente se cite a prestar declaración indagatoria a los imputados, en especial respecto del presunto ilícito de malversación de caudales públicos".
Zannini, junto con el subprocurador Horacio Pérez Diez, entregó como prueba un pendrive con la entrevista que el ex presidente Macri concedió a un canal de noticias de TV por cable en la que reconoció que el préstamo del FMI fue utilizado "para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir".
"El uso de los fondos prestados por el FMI para satisfacer los requerimientos de inversores especulativos que pretendían reposicionarse en dólares" se corresponde "con lo que el FMI advirtió como desvíos en el uso de los recursos prestados a la República", afirmó el procurador.
Y sostuvo: “Sus propias manifestaciones denotan que el préstamo del FMI fue utilizado, precisamente, para un destino distinto del que fue previsto por el organismo internacional”. Además, agrega que el expresidente “contradictoriamente pretende negar, aunque lo admite luego de manera expresa” que la plata se usó para “la generación de activos externos de libre disponibilidad".
Asimismo, advirtió que también podrían haberse cometido los "presuntos lícitos de violación de deberes de funcionario público y defraudación a la Administración Pública Nacional".
La causa
El Estado es querellante de la causa tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal. A través del Decreto 239/2021 publicado en abril de 2021, el presidente Alberto Fernández instruyó al procurador y a la Sindicatura General de la Nación para que "determine la existencia y la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By".
Basada en un informe que elaboró el Banco Central en marzo de 2020 denominado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”, se establecieron las presuntas irregularidades en el acuerdo por 57 mil millones de dólares de los cuales se desembolsaron 44 millones.
- No se cumplieron los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente en ese momento para la formalización de un Acuerdo Stand-By;
- Los funcionarios actuantes suscribieron la Carta de Intención y los memorándums sin contar con los dictámenes técnicos y jurídicos previos exigidos por la normativa vigente;
- La firma de los acuerdos no contó con las autorizaciones e informes exigidos por la normativa vigente para este tipo de operaciones de crédito público, ni con la autorización suficiente del Poder Ejecutivo;
- La se asumieron compromisos con el organismo internacional sin solicitarse previamente la emisión del informe obligatorio establecido en el artículo 61 de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias para determinar el impacto de la operación en la balanza de pagos y la sustentabilidad del endeudamiento, y
- Se detectaron posibles incumplimientos de los objetivos fijados en la Carta de Intención de fecha 12 de junio de 2018 en forma concomitante con su celebración, en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI.
Nota en desarrollo
