El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, determinó este jueves el procesamiento sin prisión preventiva de varios exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la causa que investiga el funcionamiento de una "mesa judicial bonaerense" que habría coordinado acciones ilegales para perseguir gremialistas.

Se trata de la investigación denominada “Gestapo antisindical”, surgida a raíz de los dichos del entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, durante una reunión llevada a cabo en junio de 2017.

Los procesados son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

El caso se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que aportó un video grabado el 15 de junio de 2017.

“Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, dijo Villegas durante el encuentro, del que también participaron un grupo empresarios de la construcción de La Plata.

Además, Villegas le dijo a los empresarios, entre los que se encontraban Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski, que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra el sindicalista de la UOCRA, Juan Pablo “Pata” Medina.

Más temprano, el juez Kreplak ratificó su competencia en la causa y rechazó los planteos de nulidad que habían planteado las defensas de los imputados.

Por ello, resolvió "rechazar la declinatoria de competencia" que había sido "solicitada por la defensa" de los exfuncionarios de la AFI. El objetivo de esas solicitudes era que el expediente fuera trasladado a los tribunales federales de Comodoro Py.

El juez rechazó el pedido por considerar que el hecho de que "entre los funcionarios que participaron de los hechos imputados, haya algunos que se desempeñaban como funcionarios públicos nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, no es la sede de sus oficinas lo que define la competencia", sino que esa definición la da "el lugar de comisión de los hechos investigados".