La Cámara de Diputados retomó el debate sobre el proyecto que crea un Plan de Pago de Deuda Previsional, en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto, que tuvo carácter “informativo”. Casi una decena de expositores dividieron opiniones sobre el respaldo a la iniciativa que abre la posibilidad a decenas de miles de trabajadores de cancelar sus deudas previsionales para acceder a la jubilación y quienes insistieron en que los trabajadores que no reúnen los 30 años de aportes pasen a depender de “un sistema no contributivo y no de la Anses”. Las diferencias también generaron rispideces entre oficialismo y oposición en torno al financiamiento del sistema previsional. Mientras desde el macrismo se mostraron en contra de los que definen como “moratoria eterna”, el Frente de Todos insistió en dar soluciones a quienes sufrieron la desocupación o el trabajo informal y el FIT cuestionó a los que responsabilizan a los trabajadores por el desfinanciamiento del sistema pero avalan la baja de contribuciones patronales.

La presidenta de la comisión de Previsión, Marisa Uceda (FdT) dio paso a las intervenciones de los invitados y las exposiciones comenzaron a marcar las diferencias alrededor del proyecto. Adela Monge, asesora y expresidenta de JubYPen Mendoza (creado para oponerse a la reforma jubilatoria del macrismo), defendió el sistema de reparto solidario y respaldó el proyecto que “extiende la posibilidad trabajadores de llegar a jubilarse en condiciones dignas” y el “reconocimiento de su trayectoria previsional”. “La moratoria establece igualdad para quienes no accedieron a fuentes de trabajo digno y al mercado laboral formal. Es reparatoria porque también se los sigue castigando en la vida pasiva y necesitamos que sean reconocidos como sujetos sociales”, sumó Reneé Girardi, del Centro de personas mayores Homero Manzi, CABA.

Una sucesión de catedráticos y abogados previsionalistas expresaron sus cuestionamientos al proyecto. Jorge Boasso (Director de Posgrado y Profesor de Derecho de la Seguridad Social UNR) se pronunció a favor de que coexistan dos sistemas: el contributivo y uno de proporcionalidad con financiamiento diferente para quienes no cumplan los años de aportes. En la misma línea, Federico Despoulis Netri (Abogado especialista en Seguridad Social) dijo que para ser “inclusivo” afirmó que quienes no cumplan los aportes “no deberían pasar a la Anses sino al Ministerio de Desarrollo para absorber la “contingencia” con un sistema “no contributivo”, y vaticinó que el proyecto ocasionaría “más litigiosidad”. El también abogado previsional y columnista en distintos medios, Adrián Trócoli, sostuvo que “la persona que no aportó nunca, si genera problemas de presupuesto y con la gente, porque da lo mismo aportar o no para jubilarse”. Y cuestionó que las mujeres se jubilen a los 60 años, antes que los hombres, “porque eso no pasa en Estados Unidos, Alemania, Francia o Canadá”, a los que calificó como “países progresistas”.

El economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se refirió a la importancia de la moratoria y la sustentabilidad del sistema previsional. Explicó en gráficos que sobre un universo de dos millones de mujeres y hombres que cumplirían con la edad para jubilarse, solo 218 mil (10 por ciento) tienen entre 25 y 27 años de aportes y el otro 90 por ciento no llega con los aportes. Pero lo comparó con los últimos 30 años de historia laboral, aunque no es una línea continua, donde la desocupación promedio fue del 10,3 por ciento y el empleo no registrado el 34,7 por ciento. Para referirse a la sustentabilidad del sistema, que con la caída del salario y la precarización laboral, disminuyen los aportes y contribuciones, mientras que cuando el empleo crece “es mejor el rendimiento de los aportes al sistema”. Y estimó el costo fiscal del proyecto en el 0,04 por ciento del PBI: “No es variable muy considerable”, sostuvo para respaldar el proyecto.

A la hora de las preguntas, desde el macrismo buscaron dirigir los cuestionamientos al proyecto. Adriana Ruarte (PRO Córdoba) preguntó si el proyecto “está Incentivando a la informalidad, porque gente que aporta deja de aportar total se jubila igual”. “Aunque al kirchnerismo no le guste, se compra con plata ingresar al sistema previsional como si hubiera trabajado”, sumó la también cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO).

“Yo no lo llamaría comprar, lo llamaría pagar la moratoria de los aportes que no hizo”, contestó Letcher y afirmó que “me sorprende que se piense que el trabajador no quiera un trabajar no registrado, sin aguinaldo ni vacaciones, y timbear con su jubilación”. “No es una compra de nada, son víctimas de políticas mal aplicadas, del desempleo o que la patronal no le haya hecho los aportes”, agregó la diputada Gisela Marziotta (FdT).

Para Myriam Bregman (FIT-PTS) “la mayoría de los expositores mostró la congruencia del interés sustentabilidad y ausencia referencia al recorte de contribuciones patronales” que desfinanciaron el sistema y “que (Domingo) Cavallo redujo al 33 por ciento y nunca más se volvió a reponer”. “Cualquier gran empresa llora al Ministerio de Trabajo, con las numerosas argumentaciones de la creatividad patronal argentina, y le bajan las contribuciones”, insistió Bregman sobre la responsabilidad empresarios y agregó: “y se cruzamos datos muchas de ellas son las que fugan dinero al exterior”.

El macrista Luciano Laspina prefirió no hacer preguntas y a pesar que el plenario no estaba abierto al debate, embistió contra “el kichnerismo”, defendió la PUAM que impuso Mauricio Macri para los adultos mayores con el 80 por ciento de la jubilación mínima y hasta propuso una reforma laboral para “incentivar el empleo formal”. Carlos Heller (FdT), que preside la comisión de Presupuesto, lo frenó porque no estaba abierto el debate. Pero fue una muestra de la resistencia opositora del macrismo al proyecto, que por ahora seguirá su curso en otros plenarios con la intención del oficialismo de conseguir aliados para que la iniciativa no naufrague.