Tras la ruptura del diálogo este lunes entre la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) y el gobierno de Bolivia, los cocaleros reanudaron las manifestaciones y se registraron varios incidentes en la capital del país.

“Hemos sido objeto de burla”, señaló este lunes el presidente de Adepcoca, Freddy Machicado. “Nos han pedido que esperemos al Ministro de Desarrollo Rural y Tierras” Remmy Gonzales, relató el líder cocalero y agregó que el funcionario les respondió que no estuvo presente en las negociaciones porque “tiene otros problemas más mayores que tiene que resolver, no le interesa los problemas de los Yungas”.

En representación del gobierno, estuvo presente el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Arlem Lovera, quién “no tiene poder de decisión”, según indicó Machicado. “Nosotros, los dirigentes, ya no nos vamos a reunir más. Se están radicalizando las medidas y nuestros socios determinarán qué medidas adoptar”, concluyó.

A raíz de esto, este lunes se reportaron choques entre manifestantes y la policía en las villas Fátima y El Carmen de La Paz, donde se constató el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía que dejaron a varios manifestantes afectados y uniformados heridos por una explosión de dinamita.

ONU critica "uso excesivo de la fuerza"

Los incidentes comenzaron a principios de agosto cuando los integrantes de la Adepcoca y opositores del gobierno de Luis Arce se reunieron en las calles para exigir el cierre de un mercado paralelo de venta de coca, al que acusaron de ser ilegal.

La semana pasada, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el manejo del Estado del conflicto entre productores de hoja de coca.

“Violencia en conflicto cocalero exige acción constructiva de las autoridades, respetando el derecho a la protesta pacífica. Preocupa el uso excesivo de la fuerza y exhibición pública de los detenidos”, indicó la organización a través de su cuenta de Twitter.

El 10 de agosto, 24 manifestantes fueron arrestados y acusados de portar explosivos y generar disturbios.

Cerca del 90% del negocio de la coca en Bolivia es confiscado por la Adepcoca y tiene un valor de unos 173 millones de dólares al año, según cifras publicadas por las Naciones Unidas.