La Defensoría del Pueblo de Bolivia solicitó este martes al gobierno de Luis Arce que tome una postura legal con respecto al mercado paralelo de hojas de coca, con el que hay un conflicto desde principios de agosto.

Según dijo la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, durante una conferencia de prensa, el conflicto no se solucionará hasta que el gobierno tenga una respuesta sobre el cierre de este mercado paralelo, que es el motivo principal por el cual los trabajadores de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca) se movilizan.

Aseguró, además, que le pidió al viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Arlem Lovera, “una respuesta legal fundada” que justifique la existencia de dos mercados que vendan hojas de coca en La Paz o que señale cuál es el mercado que debe operar de manera legal.

El pedido de la defensora del pueblo surgió luego de que los trabajadores de Adepcoca rompieran, este lunes, el diálogo con el gobierno porque entienden que los tomaron como “un objeto de burla”. En cuanto a esto, el líder cocalero, Freddy Machicado, explicó que estaban esperando al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, para las negociaciones, pero este no se presentó porque tenía “otros problemas más mayores que resolver”.

En representación del gobierno, estuvo presente Lovera, quién “no tiene poder de decisión”, según consideró Machicado. “Nosotros, los dirigentes, ya no nos vamos a reunir más. Se están radicalizando las medidas y nuestros socios determinarán qué medidas adoptar”, concluyó.

A raíz de esto, este lunes se reportaron choques entre manifestantes y la policía en las villas Fátima y El Carmen de La Paz, donde se constató el uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía que dejaron a varios manifestantes afectados y uniformados heridos por una explosión de dinamita. Asimismo, el 10 de agosto, 24 manifestantes fueron arrestados y acusados de portar explosivos y generar disturbios.

Cerca del 90% del negocio de la coca en Bolivia pasa por Adepcoca y tiene un valor de unos 173 millones de dólares al año, según cifras publicadas por las Naciones Unidas. Las leyes de Bolivia establecen que para la venta legal de la coca solamente están habilitados dos mercados: uno en Sacaba, Cochabamba y otro en La Paz.