El fiscal general de la Nación de Colombia, Francisco Barbosa, ordenó la suspensión por tres meses de todas las órdenes de captura que se hayan dictado contra los negociadores del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de acuerdo a lo resuelto por el presidente Gustavo Petro este viernes.

Las personas reconocidas por el gobierno como negociadores del ELN, según la resolución firmada por Petro el 19 de agosto, son Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapias, Tomás García, Óscar Serrano y Vivían Henao.

“Asimismo, ordené la comunicación de esta resolución a las autoridades de policía judicial correspondientes, de carácter nacional e internacional, incluyendo la Interpol”, señaló Barbosa, quien se amparó en el artículo 113 de la Constitución política “que contempla la colaboración armónica de las entidades estatales”.

“Reitero mi compromiso como fiscal general de la Nación de actuar conforme al artículo 22 de la Constitución política nacional que reza que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, expresó.

La resolución firmada este lunes por Barbosa obedece a la decisión de Petro de restituir los protocolos para comenzar un diálogo con el ELN “y permitir de nuevo negociadores, que puedan reconectarse con su organización”.

El presidente anunció este sábado que autorizó suspender órdenes de captura contra esos negociadores, así como las órdenes de extradición “para que comience un diálogo con el ejército de liberación nacional” y de esta manera “intentar construir el camino, ojalá rápido y expedito, en donde esta organización deje de ser una guerrilla insurgente en Colombia”.

El mandatario llamó además “a quienes integran las llamadas autodefensas para iniciar un camino similar” y conjuntamente entregar la región de Bolívar y del Magdalena Medio “a la paz y la vida” de sus propios integrantes. “Si son menores de edad, a la sociedad, si son mayores de edad, a la existencia pacífica en el territorio o en cualquier lugar del país”, expresó.

“Esta resolución inicia una nueva posibilidad de proceso de paz en Colombia que espero, y estaremos vigilantes con la fuerza pública y con las autoridades civiles, traiga en concreto la disminución de la violencia en el sur de Bolívar, en nuestro Magdalena Medio y en las tierras aledañas al gran río de la Patria”, afirmó Petro.

El presidente dijo que espera que “estas opciones de diálogo” puedan hacer que en la región “no mueran más los jóvenes, sean civiles, sean uniformados del Estado, o sean uniformados por la ilegalidad”.