El Tribunal Oral Penal Federal de Mar del Plata rechazó ayer el acuerdo que proponía un juicio abreviado para los ocho jóvenes imputados por conformar un grupo neonazi, que había presentado el fiscal Juan Manuel Pettigiani en conjunto con los defensores de los acusados. Los ocho jóvenes están imputados por haber cometido al menos doce hechos de violencia entre 2013 y 2016 que implicaron el ataque a distintas personas por su elección sexual o por su ideología política, por realizar pintadas nazis en edificios pertenecientes a ONG, en casas de activistas sociales y en un local partidario del Frente para la Victoria, y por conformar una organización para cometer estos delitos en función de proclamas neonazis.

Los argumentos del fiscal Pettigiani, según la resolución, apuntaron a que no existían datos suficientes como para determinar que los jóvenes formaban parte de una organización, ni que fue probada la existencia de una “finalidad” que podían perseguir relacionada con “la propagación de teorías de superioridad”. En diálogo con PáginaI12 el abogado de la querella, Andrés Popritkin, celebró la resolución del Tribunal y señaló que “el fiscal fue quien impulsó el acuerdo, lo cual es insólito porque es quien tendría que acusar a los imputados en lugar de defenderlos”, pero no le sorprende debido a que “a este fiscal le prohibieron intervenir en causas de lesa humanidad, porque para él están todas prescriptas”.

“El acuerdo implicaba que cinco de los seis acusados que están presos quedaran en libertad, el otro quedaba preso porque tiene antecedentes”, indicó Popritkin y recordó que de los ocho imputados sólo dos no están detenidos por ser menores de edad. Además destacó que la importancia de que haya una instancia de juicio oral es “no sólo para que el caso se resuelva con un debate judicial serio, sino también para que se sepa y se discuta el tema en la sociedad”. “Estoy seguro de que con el juicio oral van a aparecer más víctimas que no se animaron a declarar hasta ahora. De los once ataques que hubo sólo se presentó un querellante, por el miedo que tienen las víctimas, que muchas son menores de edad”, agregó el abogado. 

En la resolución que rechaza el pedido de juicio abreviado figuran los argumentos esgrimidos por el fiscal Pettigiani y por la defensa. Uno de ellos afirma que “tras cuatro años de investigación no se han recabado datos que permitan describir mínimamente la existencia misma de la ‘organización’, cuya pertenencia se quiere reprochar a los imputados”; otro apunta a “la imposibilidad que existe para acreditar la finalidad que podría perseguir la organización, vinculada con la propagación de teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión u origen étnico”. 

Según dijo a este diario el abogado querellante, “el arreglo quitaba de la discusión dos cuestiones: el hecho de que los imputados formaban parte de una organización, lo cual vaciaba de contenido algunos de los ataques; y negaba que existieran actos de discriminación, contemplados por la ley 23.592, cuando se comprobó que los acusados atacaron a personas por ser activistas de agrupaciones sociales y militantes políticos, y después de los ataques mostraron tatuajes del Tercer Reich”. Popritkin explicó además que “el argumento del fiscal era que las agresiones habían ocurrido en un enfrentamiento entre dos bandas. Esto no tiene sentido teniendo en cuenta que uno de los ataques fue contra una chica por ser feminista, a otra por formar parte del Frente para la Victoria, otro ataque fue contra un chico por ser anarquista”. 

Durante una audiencia llevada a cabo el pasado 28 de junio en la que las partes expusieron sus fundamentos, según contó el abogado, “el que más argumentaba a favor de los imputados era el fiscal Pettigiani; la defensa no tuvo más que repetir lo que él había dicho. Esto es insólito porque el fiscal es quien tendría que acusar, no defender”. Sin embargo, Popritkin advirtió que la postura de Pettigiani no lo sorprendía, ya que en otras ocasiones actuó de manera similar. “En un juicio por una causa de narcotráfico el fiscal quiso resolver con un juicio abreviado, que fue rechazado, y finalmente a los acusados les dieron 7 años de prisión”, recordó el abogado, y señalo además que “a este fiscal le prohibieron intervenir en causas de lesa humanidad, porque para él están todas prescriptas, más allá de todos los juicios que se llevaron y se llevan adelante por esos temas y la jurisprudencia existente”. Para Popritkin el caso de los jóvenes neonazis no es ajeno a estos crímenes, ya que “se trata de una cuestión de derechos humanos. Este grupo neonazi quiere imponer su ideología por medio de la violencia”.