La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°16 del barrio de Colegiales realizó este viernes un abrazo simbólico al colegio para volver a reclamar contra la decisión del Ministerio de Educación porteño de pasar de jornada simple a completa a cerca de treinta escuelas primarias de la Ciudad de Buenos Aires. Las familias, que presentaron un amparo para intentar frenar la medida, reiteraron que la decisión se tomó de forma "intempestiva e inconsulta" y que "avasalla los derechos" de los chicos y chicas. Aunque en varias escuelas el paso a la doble jornada iba a comenzar ya en los primeros días de septiembre, las protestas consiguieron que el cambio se postergue, en algunos casos hasta octubre y en otros hasta el año que viene. 

"Nadie nos anticipó nada formal por escrito. De forma verbal, en una reunión del colegio a mitad de agosto, nos comunicaron de manera intempestiva que en septiembre pasábamos de jornada simple a completa y que el chico que no pudiera tendría que irse del colegio. No fue consultado con nadie y se decidió avasallando los derechos de los niños y de las familias", advirtió a Página 12 Gladys Penedo, madre de un niño que asiste a la Escuela N°16 "Capitán de Fragata Carlos María Moyano". 

Frente al edificio de la escuela, ubicado en Moldes al 1100, las familias organizadas llevaron a cabo desde las 12 30 de este viernes el tercer abrazo simbólico en las últimas semanas, tras los realizados en la Escuela Monte Castro y la Ramón Castilla, otros de los establecimientos afectados por la medida oficial. "Salvemos la jornada simple, es nuestro derecho", decía una larga pancarta colgada en las rejas de la escuela de Colegiales.

La decisión del Ministerio abarca a alrededor de treinta de los colegios primarios que todavía funcionan bajo la modalidad de jornada simple, en una Ciudad en la que ya predominan los establecimientos de jornada completa. Al igual que en la escuela Moyano, las familias de los otros establecimientos se fueron enterando del cambio de modalidad por anuncios verbales de los directivos de los colegios. En principio, la medida iba a empezar a implementarse desde septiembre pero las protestas llevaron a postergar la decisión. "A nosotros nos comunicaron que la supervisora lo estiró para octubre y el miércoles presentamos un amparo pidiendo una cautelar para que al menos en este año no puedan hacerlo", señaló Penedo. 

En la escuela Castilla, por caso, comunicaron que la medida se postergaba hasta 2023, mientras que la Supervisión del Distrito Escolar N°7 informó que "para hacer el cambio de modalidad hay que esperar a que se firme el decreto en el mes de octubre". "Estamos todos en la misma, a nadie se le precisa formalmente ni cómo ni cuándo va a ser el cambio, ni qué se va a hacer en las cuatro horas nuevas", aseguró Penedo en este sentido. 

Según informaron en un primer momento desde la cartera educativa, la doble escolaridad empezaría con talleres a contraturno hasta quedar fija en 2023. La medida, aseguraron, responde a la resolución del Consejo Federal de Educación que instó a todas las jurisdicciones a impulsar la transformación hacia la jornada extendida. Esa resolución, sin embargo, propone llegar a las 25 horas semanales, es decir cinco horas diarias, y no necesariamente a la jornada completa como en el caso de las escuelas afectadas, que pasarían a una jornada comprendida entre las 7.15 de la mañana a las 16.30. 

"La decisión es una locura. Las familias elegimos determinados colegios, horarios y jornadas en función de nuestras necesidades y con esto nos sacan el derecho a elegir. Hay chicos que tienen terapias a la mañana, psicopedagogos, psicólogos u otros tratamientos así como actividades de deportes o inglés, incluso hay familias que traen a los chicos desde el Gran Buenos Aires", dijo Penedo sobre el cambio de modalidad. 

Otra de las problemáticas que se presentan frente a la medida del GCBA es la de la adaptación de los edificios escolares. Se trata en general de establecimientos pequeños, preparados especialmente para jornadas simples y con poca cantidad de alumnos. En el caso del colegio Moyano, según contó la madre, "las aulas son chiquitas, entran como mucho veinte chicos apretados". Penedo advirtió que, con la unión de cursos que implicaría la doble jornada, "habría un mínimo de treinta chicos por aula". "Eso es hacinamiento, no es educar", alertó. 

Además, el cambio de modalidad implicaría que los chicos y chicas tengan que almorzar en los establecimientos que tampoco están preparados para eso. Penedo contó que en el colegio al que asiste su hijo no hay ni cocina ni comedor. La alternativa de las viandas escolares, en tanto, también preocupa a las familias por las reiteradas denuncias que se acumularon en los últimos años contra las empresas concesionarias por entregar comidas en mal estado o con raciones escasas. Por otro lado, el sistema de alimentación escolar no es gratuito sino que se debe abonar o postularse para una beca que no se otorga a todos los alumnos y alumnas. 

Además de presentar el amparo ante la Justicia, las familias ya se reunieron con la Defensoría del Pueblo que expresó su preocupación por la medida que, según expresaron, "afecta a las dinámicas de organización de muchas familias, así como también las rutinas, actividades, tratamientos médico-asistenciales, entre otros". La semana pasada también pidieron reunirse con representantes del Ministerio de Educación pero hasta el momento no obtuvieron respuesta.