El fiscal federal Carlos Stornelli le tiró ayer un centro a la campaña electoral de Cambiemos pidiendo no sólo la indagatoria sino la detención del ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido. Minutos más tarde, el presidente Mauricio Macri cabeceó el centro de Stornelli anunciando que los diputados de Cambiemos votarán por el desafuero de De Vido, algo que ni siquiera pidió el juez. El expediente se inició hace un año y medio y gira en torno al desarrollo de la mina de carbón, un tren y dos usinas en Río Turbio, pero no apunta ni a coimas, ni a sobreprecios, ni a facturas truchas, ni a dinero que alguien se llevó al bolsillo. La imputación es porque se firmaron convenios-contratos con una universidad para evaluar técnicamente el plan y no se hicieron, al estilo neoliberal, contratos con consultoras privadas. El proyecto y los recursos presupuestarios globales fueron votados en el Congreso y la idea era que el carbón extraído –hay reservas para unos 400 años– se utilice en dos usinas instaladas allí mismo, en Río Turbio, para permitir el desarrollo de esa ciudad patagónica muy aislada.  

Rápidamente los grandes medios revolearon la cifra de 26.000 millones de pesos, pero se trata del total del proyecto en 10 años y que, como casi todas las obras públicas, el Gobierno tiene virtualmente paradas desde hace más de un año y medio. Los acuerdos con la universidad, en cambio, suman unos 250 millones de pesos y lo asombroso es que durante la intervención del macrismo en Río Turbio se siguió trabajando con la universidad y se prorrogaron los convenios. Un dato curioso es que De Vido también fue acusado por sobreprecios en relación con Río Turbio y la construcción de las usinas. Esa denuncia de 2008 recayó en el juzgado de Claudio Bonadio quien sobreseyó a De Vido hace apenas un mes.

Campaña

La lógica judicial en un expediente como el de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) es que el fiscal pida la indagatoria –para lo cual no se necesita el desafuero– y si luego se determinara la existencia de peligro de fuga o de interferencia en el expediente, reclamar el desafuero y la detención. Sin embargo la lógica judicial no coincide con las urgencias de la campaña electoral, de manera que Stornelli –ex jefe de Seguridad de Boca Juniors durante la presidencia de Macri– se despachó ayer mismo con el pedido de desafuero, detención e indagatoria. Lo llamativo es que ésta es la primera presentación del fiscal en el expediente, iniciado por un adherente del PRO y el funcionario macrista designado en YCRT. Durante casi 18 meses Stornelli no pidió una prueba y no aportó nada a la investigación. De golpe se lanzó con el escrito del pedido de desafuero y detención. Es más, buena parte del texto ni siquiera se conoce porque –según reveló Adrián Maloneay, abogado de De Vido– en el juzgado le dijeron que hay una parte del dictamen del fiscal que es reservado. 

Macri, por supuesto, se puso rápidamente el traje de campaña y dijo que los diputados votarán por el desafuero, algo que todavía ni siquiera pidió el juez de la causa, Luis Rodríguez. El magistrado es integrante de la escudería que comandaba el ex jefe de la SIDE, Antonio Horacio Jaime Stiuso, de manera que De Vido no puede esperar noticias muy buenas desde el juzgado. 

Como ocurrió en otras áreas, el gobierno macrista intervino YCRT y designó al frente a Omar Zeidín, un dirigente radical alineado en Santa Cruz con el enemigo de los Kirchner, Eduardo Costa. Zeidín es quien presentó la denuncia en el verano de 2016, apoyándose en una presentación anterior de un denunciador serial vinculado al PRO, Santiago Dupuy de Lome. Durante la época kirchnerista de avance del proyecto, Zeidín era integrante del Concejo Deliberante de Río Turbio y nunca se opuso al proyecto.

El nudo del cuestionamiento son acuerdos-contratos firmados con la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Santa Cruz (UTN-FRSC), para que realizara estudios técnicos de ingeniería y factibilidad de los proyectos. A esto se agrega el proyecto del tren. Según sostiene Stornelli en su dictamen de ayer, se habrían desviado así 256 millones de pesos (no 26.000 millones como pretendieron instalar ayer) porque esos contratos-convenios constituían, según el fiscal, “una política diseñada a obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos que rigen en la contratación de la Administración Pública Nacional”. Lo que se lee de la parte conocida del dictamen del fiscal es que ni De Vido ni los demás funcionarios hayan desviado el dinero a sus bolsillos, sino que sacaron fondos que eran para la mina y los desviaron hacia la UTN. Respecto del ex ministro, el argumento es que pese a que los convenios fueron firmados por el secretario de Minería, Jorge Mayoral, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, a cargo de Roberto Baratta, el fiscal considera que De Vido no pudo desconocer esas modalidades de contratación. “Resulta inverosímil –dice Stornelli– que dicho proceder pueda responder a la decisión individual de un secretario de Minería, dispuesto a incumplir deliberadamente con los mandatos legales que regían su actuación, sino que más bien parecería obedecer a una política diseñada a obstaculizar las actividades de control, eludiendo los mecanismos que rigen en la contratación de la Administración Pública Nacional”. En verdad, la gestión de los fondos estuvieron a cargo del intendente de Río Turbio y el interventor de Yacimientos. 

Proyecto

El proyecto de la administración kirchnerista fue reflotar la mina de Río Turbio, golpeada por un incendio y posterior derrumbe en el que perdieron la vida 14 mineros en 2004. La estrategia, aprobada por el Congreso, consistía en construir dos usinas de carbón en la propia ciudad, ubicada a casi 300 kilómetros de Río Gallegos. Se trata de usinas con tecnología de última generación, similar a la que se usa en Estados Unidos o Alemania. Al mismo tiempo había que hacer el interconectado porque se inyectarían 240 MW al sistema nacional, algo así como el uno por ciento de la generación de energía del país. En paralelo el proyecto incluía un tren para llevar carbón hasta el puerto más cercano, Las Heras, con el objetivo de exportar.

Todo el plan se puso en marcha y Cristina Kirchner inauguró la primera usina en 2015, construida por la española Isolux. También se puso en marcha la segunda usina, pero el macrismo frenó las obras, en el marco de una guerra de demandas entre el Estado e Isolux. Además, se necesitan inversiones para volver a extraer el carbón. El Gobierno sigue prometiendo que el proyecto se retomará y en Río Turbio se esperanzan con que alguna vez volverán a tener trabajo los 2.500 empleados que ocupaba el complejo. Un dato clave es que los convenios con UTN fueron mantenidos por el interventor macrista. 

En el marco de estas idas y vueltas respecto del proyecto se formuló la acusación contra De Vido por supuestos sobreprecios. Ese expediente fue instruido por Bonadio quien dictó el sobreseimiento dos veces, la última el 28 de mayo de este año. Lo llamativo es que el Fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, a quien los  medios suelen vincular con la procuradora Alejandra Gils Carbó y al kirchnerismo, apeló esa medida que favorecía al ex ministro.