Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro hicieron lo que no hicieron los fiscales del juicio por la obra vial de Santa Cruz: repasaron minuciosamente lo que dijeron los testigos, casi uno por uno, a lo largo de los tres años y tres meses de juicio. Con esa simple mecánica arrasaron con las bases de la acusación. Esos testigos, entre otras cosas, sostuvieron que las rutas se construyeron bien, que no hubo tramos de rutas pagados y no construidos, que los atrasos eran los normales y en general se produjeron por cortes de ruta gremiales petroleros o porque no estaban expropiados los terrenos por los que debían pasar esas rutas.
Los testigos enumerados insistieron en que los atrasos no les convenían para nada a las constructoras porque les paralizaban el personal y la maquinaria, que las redeterminaciones por inflación también eran malas y sobre todo, que las constructoras localizadas en Santa Cruz —como la de Lázaro Báez— tenían importantes ventajas competitivas porque contaban con toda la maquinaria y el personal situados en la zona , además de que tenían un conocimiento de los problemas —por ejemplo, de dónde sacar la piedra—, conocimientos que no tenían otras empresas. Rusconi y Palmeiro enfatizaron que la mayoría de las declaraciones que mencionaron fueron de testigos convocados por la fiscalía.
Un alegato fiscal sin ninguna relación con el juicio
“El desarrollo del juicio fue un via crucis para los fiscales —sintetizó Rusconi—. Por eso, el alegato de los doctores Luciani y Mola no tuvo ninguna relación con el juicio. Ni con el derecho”.
Los letrados enumeraron los dichos de numerosos testigos, pero además relataron que a esos testigos se les preguntó si alguien, alguna vez, les sugirió que cambiaran algo en favor de Austral Construcciones u otras empresas. “Siempre nos contestaron que no, pero que además era imposible, porque todo iba después a revisión en muchísimas instancias”.
Eso explicó, por ejemplo, David Bahamondez, encargado del cálculo de la redeterminación de precios de las obras. El funcionario afirmó que, en la época de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, el secretario de Comercio era Guillermo Moreno, por lo que las tasas de inflación del Indec eran bajas y a los empresarios no les convenían para nada las redeterminaciones que se hacían, justamente, por los índices oficiales. Los fiscales dijeron lo contrario, que era un gran negocio. Pero no aportaron ninguna evidencia.
Los principales aportes de los testigos
Rusconi mencionó que a los fiscales les caían mal la mayoría de los testimonios. El ingeniero Justo Pastor Romero no sólo dijo que las obras estaban bien hechas. Al mismo tiempo detalló que después las rutas fueron abandonadas en tiempos del gobierno de Mauricio Macri, con una enorme pérdida para el Estado.
Leandro García, interventor puesto por el gobierno de Juntos por el Cambio, afirmó que no vio nada anómalo salvo los cortes de rutas y los reclamos gremiales que había en la provincia. “Cada vez que había un conflicto petrolero, cortaban las rutas”, describió.
Los testigos explicaron que las obras no las realizaba Vialidad Nacional sino la Provincia de Santa Cruz porque ésta tenía técnicos y personal, pero Vialidad Nacional no. Y que así ocurrió en todo el país.
La inspectora Marisa Re afirmó que los atrasos eran los habituales de todo el país, con problemas especiales en Santa Cruz que es “grande, lejana y con pocas rutas. Pero se hizo la supervisión y jamás recibí instrucciones de beneficiar a nadie”.
El empresario Carlos Wagner, enemigo de Báez dado que el santacruceño nunca se sumó a la Cámara de la Construcción, testimonió que Austral ganaba licitaciones porque tenía grandes ventajas competitivas, con el personal, las máquinas en Santa Cruz y el conocimiento de la provincia.
Rusconi y Palmeiro citaron los dichos de decenas de testigos.
El absurdo del plan "Limpien todo"
Palmeiro arrasó con otro argumento de los fiscales que llamaron “limpien todo” a una resolución firmada por Julio De Vido el 25 de noviembre de 2015, o sea 15 días antes del traspaso del gobierno al macrismo. La defensa del exministro demostró que no tenía nada que ver con Santa Cruz sino que fue una resolución para todas las áreas del Ministerio de Planificación en todo el país, en total unas 50 dependencias, a las que se le pedía que preparen todo para el traspaso.
“En ese momento —explicó Palmeiro— ya se sabía que el gobierno de Mauricio Macri no iba a seguir con el Plan Estratégico Territorial, o sea que no seguirían con las obras. Y eso fue lo que ocurrió. Con la particularidad de que los fiscales le adjudican el abandono de las rutas a De Vido o a los imputados en esta causa y no, como dijeron los testigos, a la administración del gobierno que llegó, que canceló todos los convenios con todas las provincias, no sólo con la de Santa Cruz”.
El abuso de la Asociación ilícita
Como era previsible, Rusconi dedicó un capítulo del alegato a arremeter contra el abuso de la figura de la asociación ilícita, un delito creado para combatir a los sindicatos y luego a las organizaciones armadas.
“Ya la Corte dijo que la asociación ilícita no se aplica a cualquier cosa, sino que está en el capítulo del orden público y apunta a la paz social. Se trata de hechos que, si se hubieran concretado, hubieran afectado el sistema democrático. Con este delito, el de la asociación ilícita, detuvieron en la Argentina a los dirigentes de la Asociación Internacional de Trabajadores. No volvamos a las peores épocas”.
Pedidos
Como es lógico, los letrados pidieron la absolución de De Vido ante “la ausencia absoluta de testimonios que respaldaran la acusación. Eso ya quedó demostrado. Es un cuadro probatorio absolutamente inexistente, endeble”.
En las casi 11 horas de alegato, Rusconi y Palmeiro insistieron una y otra vez en que no se mencionó ni un solo hecho en el que De Vido haya intervenido, no existe un mail, un chat, un testigo, algún elemento que evidenciara algún direccionamiento de las obras en beneficio de Austral Construcciones. En los 39 meses de juicio nadie habló de De Vido y tampoco de Cristina Kirchner.
Aún así, los defensores manifestaron pocas esperanzas de que el tribunal resuelva con imparcialidad y mencionaron que no sólo se utiliza la justicia para la persecución política sino que, en combinación con los medios alineados con la derecha, “para el linchamiento de los opositores”.
