La jueza en lo Civil y Comercial de Tartagal Griselda Nieto ordenó la intervención de la Secretaría de Ambiente de la provincia en una causa iniciada por la denuncia de la tala ilegal en tierras de la Comunidad Territorios Wichí, a la altura del kilómetro 3 de la ruta nacional 86, en el departamento San Martín. 

La decisión de la jueza se tomó tras una audiencia en proceso sumarísimo con producción de pruebas en la causa que inició la Comunidad contra los particulares Nene Jaime, Eduardo Rivera y María Cristina Ángel Alcorta.

Desde 2019 rige una medida cautelar que prohíbe la tala de madera en esta zona, sin embargo, en todos estos años, se incumplió. La actividad de extracción de los recursos naturales continuó y las últimas denuncias apuntan contra empresarios madereros que contratarían a hacheros originarios. Esto, a su vez, genera confrontaciones entre las comunidades. 

Las denuncias contra quienes realizan las actividades fueron en vano, dado que según lo indicó la abogada de la comunidad, Cecilia Jezieniecki, ni los llamados a la Policía Rural, o a la Secretaría de Ambiente para frenar la actividad, causaron efecto alguno.

Ante esa omisión Nieto ordenó la inmediata intervención de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Sin embargo, ante la consulta de Salta/12, el titular de esa cartera, José Aldazábal, respondió que la orden surgida de la audiencia que se realizó la semana pasada aún no había llegado a la Secretaría. Añadió que primero se debe conocer cuál es el tipo de intervención que solicita la magistrada para poder actuar. El comunicado de prensa judicial, en tanto, especifica que “las matrículas objeto de la causa están afectadas por la tala del bosque nativo”, antes de disponer la orden de intervención.

Por su parte, Jezieniecki afirmó que las veces que se convocó a Ambiente con el fin de detener la tala, la respuesta siempre fue que carecían de supervisores que fueran hasta el lugar.

Otras disposiciones

A la audiencia faltó el demandado Jaime, por lo que la jueza dispuso tener por caídos los derechos dejados de usar por este particular. 

Mientras, la demandada familia Alcorta y la comunidad que elevó la demanda, solicitaron la suspensión del proceso para poder avanzar sobre un acuerdo conciliatorio, a lo que la jueza hizo lugar.