La buena voluntad de todo el arco opositor para lograr que se realicen elecciones en Central el mes que viene no es suficiente para corregir las torpezas administrativas del club. Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) recibió ayer a los opositores pero el reclamo de “respetar el derecho de los socios” no se puede garantizar en el marco de la ilegalidad administrativa que planteó la Comisión Directiva y quedó ratificado lo resuelto el pasado viernes: las elecciones en Central serán el año que viene.

Todas las agrupaciones opositoras en Central se constituyeron ayer en la sede local de IGPJ con el propósito de reclamar por la continuidad del proceso electoral que se inició en la institución. Fueron recibidos y platearon su demanda en forma verbal y en forma formal por escrito. Sobre los motivos de la suspensión de los comicios, la oposición expresó: “Se trata de actos jurídicos o administrativos absolutamente salvables. No estamos en presencia de ningún acto de nulidad absoluta, ni mucho menos”. La oposición, además, entiende que IGPJ fue testigo de todo el proceso y nunca planteó objeciones.

Pero en rigor la situación es irreversible: la dirigencia no reúne condiciones para realizar los comicios, no tiene firmas en sus reuniones de Comisión Directiva, en clara señal de la desintegración que viene atravesando la directiva mucho antes de la dimisión del presidente Rodolfo Di Pollina. Las irregularidades administrativas solo se pueden salvar jurídicamente –es decir para que después no se produzcan planteos legales que lo inhabiliten- realizando de nuevo todo el proceso y confeccionando un nuevo padrón de socios. “Se premia a una Comisión Directiva en estampida”, denunciaron los opositores, en referencia a las renuncias que acusa la dirigencia, entre ellas las del presidente, jamás explicada al socio.

Pero la evaluación de IGPJ no es sobre las personas –entiéndase los directivos-- sino sobre la institución. La situación es dañina para el club pero fue causada por directivos que fueron elegidos legítimamente por el socio. Son ellos, las autoridades, las que deben asumir la responsabilidad sobre la crisis institución abierta a partir de faltas graves de administración, como no dejar constancia en el libro de actas las reuniones de Comisión Directiva, tarea que es responsabilidad de cualquier asociación civil sin fines de lucro, desde una vecinal a un club de fútbol.

El vicepresidente de Central, Ricardo Carloni, reconoció ayer que “las elecciones están postergadas”. Y prometió hacer lo que se debió hacer antes para evitar la crisis institucional: “Vamos a trabajar codo a codo con IGPJ para darle la mayor transparencia a todo. Voy a llamar a un reempadronamiento general de cara a las próximas elecciones, quizás nos lleve dos, tres o cuatro meses", anunció. Es decir que el socio de Central recién a fin de febrero, primeros días de marzo, podría acudir al club a votar. Pero para Carloni toda la situación solo perjudica al oficialismo: “Aca el mayor perjudicado, sacando el club, es el oficialismo, porque somos los que estamos arriba en las encuestas (en la única que se hizo el oficialismo tiene al mayor porcentaje de rechazo por parte del socio)", planteó.

Ningún otro dirigente de Central dio explicaciones de lo que sucede en el club. Carloni acaparó todo el poder, consecuencia de la degradación que vive la Comisión Directiva y que ahora tiene su claro reflejo en ojos de los socios en la vida instucional. La intervención no es una opción. Solo si las autoridades demoran el inicio del proceso electoral podrían ser desplazados de sus respectivos cargos para asumir IGPJ la responbilidad de devolver el club a manos de los socios.