Las irregularidades administrativas detectadas en Central impiden avanzar en la realización de los comicios en el próximo mes de octubre pero las agrupaciones opositoras llevaron ayer a Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) la necesidad de no dilatar la vuelta del socio al cuarto oscuro en Arroyito. A tales efectos, las referentes opositores elevaron dos reclamos necesarios para conservar la credibilidad del proceso: asignar un veedor a todo el trabajo legal y realizar las elecciones con el padrón confeccionado al pasado 20 de julio. Las autoridades provinciales responderán a las solicitudes entre hoy y el lunes con la mayor dificultad a salvar siendo las fechas para confirmar el comicio antes de fin de año.
La doctora Maria Victoria Stratta, a cargo de IGPJ, recibió ayer en la sede local del organismo provincial a los referentes de todas las agrupaciones opositoras de Central. En el cónclave los candidatos a presidentes plantearon el pedido de realizar las elecciones el 30 de octubre pero las irregularidades administrativas que se detectaron en la institución impiden avanzar en estos términos en el marco de la legalidad. Este punto es jurídicamente difícil de eludir por lo cual el socio canaya debe asumir un nuevo calendario electoral y aquí las fechas, en el mejor de los casos, inician en diciembre y terminan en febrero 2023, dado que es improbable que las agrupaciones estén dispuestas a votar en Arroyito en el mes de enero.
Pero sin entrar en discusiones jurídicas, los opositores elevaron dos pedidos más que son probables de ser canalizados por IGPJ debido a la sensatez de los mismos. El primero de ellos es requerir que un veedor de IGPJ quede a cargo del nuevo proceso electoral para así no depender de la voluntad de los dirigentes. Ergo: una intervención sobre el armado del comicio hasta que esté constituida una nueva Comisión Electoral. El planteo descansa en que si los directivos, muchos de ellos con ocho años asumiendo cargos en la conducción del club, no pudieron presentar la documentación respaldatoria a los comicios que se anunciaron para el 30 de octubre no pueden asumir ahora la tarea de rehacer lo que hicieron mal antes.
El segundo planteo de los opositores apunta a desactivar el llamado que hizo la dirigencia para comenzar con un reempadronamiento, tarea que puede llevar, al menos, cuatro meses, con lo cual habría que pensar en elecciones para, al menos, el mes de marzo, dado que sin libro de socios no se puede avanzar en la presentación y oficialización de listas. La dirigencia lanzó el reempadronamiento como reacción a la suspensión de los comicios. Y los opositores dejaron en claro ayer la necesidad de ir a votar con el libro de socios que cerró el pasado 20 de julio, más allá de las correcciones que se deben hacer en la información volcada allí, en muchos casos errónea.
Los socios canayas pidieron celeridad en la toma de decisiones y Stratta se comprometió a tener la respuestas a los reclamos en las próximas horas o bien el próximo lunes.
