En 2012, en la Megacausa Salta, la ex detenida Julia García comenzó su testimonio haciendo memoria de la psicóloga Evangelina Botta, compañera de detención asesinada en la Masacre de Palomitas. “Ella siempre intentó protegerme, por eso la recuerdo con tanto amor y la extraño tanto", dijo a duras penas, ganada por el llanto. 

Lo que vino después no fue menos conmovedor. Julia fue una de las primeras sobrevivientes del aparato represivo estatal que se animó a hablar de los abusos sexuales como parte de la tortura. 

Este es uno de los delitos por los que el juez federal Julio Bavio procesó en agosto último al ex policía federal y ex guardiacárcel Juan Carlos Alzugaray, en una causa en la que se investigan las detenciones ilegales y torturas a 22 personas, entre ellas seis de las 11 que luego sería asesinadas en la Masacre de Palomitas, cometida el 6 de julio de 1976. 

Con pocos días de diferencia, el juez procesó en dos causas a los ex policías provinciales Joaquín Guil, Carlos Feliciano Estrada y Gerardo Hugo Pardo; al militar Luis Dubois, y a Alzugaray. En realidad, los imputados iniciales eran más, pero fueron quedando fuera del proceso por aquello de la impunidad biológica: algunos por muerte y otros por informes que sostienen que no están en condiciones de ser juzgados.  

En una causa, por la detención ilegal y las torturas a 22 personas en 1975, originalmente los acusados eran nueve, Antonio Saravia, Miguel Ángel Gentil, Francisco Gustavo Mosquera, Roberto Rodolfo Arredes, Guil, Virtom Modesto Mendíaz, Dubois, Roberto Mariano Galvarino y Alzugaray. Los tres primeros fallecieron antes del procesamiento, de los seis restantes, tras la decisión del juez, falleció Galvarino, y Mendíaz y Arredes fueron apartados, por razones de salud. Así que siguen en la causa Guil, Alzugaray y Dubois.

A Guil se le atribuyen allanamientos ilegales, secuestros y tormentos en perjuicio de cuatro personas. Dubois fue procesado por los mismos delitos, todos agravados, en relación a 13 personas. 

Alzugaray fue procesado por los tormentos en perjuicio de la ex detenida política Mirtha Josefa Torres, y por allanamiento ilegal de domicilio, privación ilegítima de libertad, tormentos y violación en relación a 19 personas, por las detenciones de Mario Belsuzari, Norma Toro, Eduardo Tagliaferro, Teresita Córdoba, Manuel Adolfo Millán, José Neibürg, Raquel Barón, Norma Spaltro, Vicente Enrique Claudio Spuches, Pedro Núñez, Antonio Arias, Mario Salazar, Mario Falco, Evangelina Botta, Roberto Oglietti, Víctor Povolo, Benjamín Avila, Celia Leonard y María del Carmen Alonso de Fernández. Las seis últimas personas de esta lista fueron asesinadas en Palomitas. 

"Entre los días 18 y 25 de junio de 1975, integrantes de la Delegación Salta de Policía Federal desplegaron una serie de operativos en la ciudad de Salta con el objeto de detener a un grupo de personas, los aquí damnificados, todos ellos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) e imputados por la comisión de los delitos de tenencia de munición y arma de guerra, asociación ilícita e infracción a la Ley 20.840", detalló el juez Bavio en el procesamiento al referirse a las detenciones de las 19 personas que se mencionan. 

El juez resaltó que "Recién luego de transcurridos 6 días desde el inicio de estos operativos, el 24 de junio de 1975, la fuerza interviniente le habría dado intervención formal al juzgado federal, a cargo del Juez Ricardo Lona".

Circuito represivo 

Todas estas personas sufrieron el circuito de terror pergeñado por los personeros de la dictadura. Una vez detenidas quedaron incomunicadas, fueron trasladadas a la Delegación Salta de la Federal, luego fueron derivadas al penal de Villa las Rosas o al Hogar Buen Pastor, según fuesen hombres o mujeres, y solo unas pocas recuperaron su libertad enseguida. Durante su detención "fueron sometidas a reiterado castigo físico y psíquico, cuando no sometidos a repetidas sesiones de picana eléctrica y/o amenazados de que sus familias sufrirían alguna represalia si se negaban a responder sus preguntas", reseñó el magistrado. En la Federal Alzugaray violó a Evangelina Botta, que a pesar de su estado de indefensión, intentó ayudar a una muy joven Julia García, con la que el represor intentó un grotesco de seducción. 

Tanto en su primer lugar de detención como en la cárcel y el Buen Pastor, "las víctimas continuaron sometidas a tormentos, y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes". En el Hogar, que era administrado por religiosas, las detenidas sobrevivientes recordaron la actuación de la superiora Cornejo Solá, cómplice de la Federal que incluso permitía que sus agentes "ingresaran al penal para vigilar y torturar a las detenidas". Luego las mujeres fueron llevadas a Villa Las Rosas, y más tarde algunas fueron trasladadas a otras cárceles mientras que otras fueron desaparecidas o asesinadas. En el caso de los hombres, de la Federal fueron derivados a Villa Las Rosas y después siguieron el mismo circuito que sus compañeras de infortunio. 

En esta causa también se investiga la detención, en febrero de 1975, de Graciela Matilde López y de su marido Néstor Medina. También en este caso los relatos dan cuenta de la crueldad de sus captores. 

Durante su detención en Salta, Graciela López tuvo problemas de salud, pero no le permitían recibir atención médica. El médico del penal la operó del apéndice en un quirófano de la misma cárcel, sin anestesia. Luego la herida se le infectó y, otra vez sin anestesia, el médico le reabrió la herida para desinfectar. "Todo esto formaba parte de un plan para destruirnos como personas", aseguró López cuando pudo denunciar estos hechos.

La ex detenida recordó que diciembre de 1975 fue el último mes en el que tuvieron visitas y contactos con familiares; en 1976 quedaron nuevamente incomunicadas, se cancelaron todas las visitas y contactos con el exterior y les quitaron los libros, cuadernos y manualidades, los relojes y radios, se les prohibió reunirse entre ellas, realizar obras de teatro y cantar y les suprimieron los recreos.

Ya en enero de 1976 el III Cuerpo de Ejército, con sede en Córdoba, se hizo cargo del penal y los militares lo controlaban e incluso tenían acceso al pabellón de mujeres, donde hacían inspecciones y supervisaban los recreos. Mientras estuvieron en Villa Las Rosas, el director del penal, Braulio Pérez, acompañado de su hijo, Héctor Pérez, y otros funcionarios hacían visitas frecuentes, generalmente de noche, las humillaban y torturaban psicológicamente, recordó López.

Mirtha Torres también contó que fueron sometidas a presiones psicológicas, que golpeaban los barrotes de las rejas con las armas, y les decían que iban a medirles la altura para sus ataúdes. Que el director, su hijo y Alzugaray organizaban apagones.

Torres fue detenida el 27 de enero de 1975, por policías de la provincia, y en dependencias de esta fuerza fue torturada por Guil. Después fue trasladada a la Federal, donde fue torturada por el entonces jefe de la delegación de Salta, Federico Livy (fallecido), y Alzugaray. La ataban en el patio, bajo la lluvia, y Alzugaray la sometía a simulacros de fusilamiento; también fue torturada con la picana eléctrica, a pesar de que estaba cursando los primeros meses de un embarazo.

También Olga Plaza fue torturada y obligada a realizar trabajos forzados y perdió su embarazo durante el cautiverio; recibió un "notable maltrato", que incluía obligarla a "realizar trabajos pesados para que perdiera su bebé", recordó López.

Como parte de la tortura debe anotarse además la presencia de menores de edad en el penal, también hubo detenidas menores de edad, era el caso de Virginia Guzmán, Luz del Socorro Moreira y Lucía Torres.

La Masacre de Palomitas 

El 6 de julio de 1976, seis de las personas detenidas en junio de 1975, Evangelina Botta, María del Carmen Alonso de Fernández, José Víctor Povolo, Roberto Oglietti, Celia Leonard y Benjamín Ávila, fueron sacados del penal de Villa Las Rosas y acribillados, junto a otras cinco víctimas, en el paraje Palomitas.

Graciela López, Mirtha Torres y otras detenidas presenciaron el momento en que sacaron a estas personas. Graciela recordó que las luces del penal se apagaron y en la oscuridad escucharon ruidos de esposas, el taconeo de botas y el llamado, una por una, de cinco mujeres luego asesinadas en Palomitas, Georgina Droz, Amaru Luque, Botta, Alonso de Fernández y Leonard de Ávila (que estaba amamantando a su bebé), y a medida que salían las esposaban.  

Días después una celadora les contó que las habían llevado en un vehículo, junto a seis detenidos, que en un punto les habían hecho bajar, les habían dado la orden de correr y les habían matado a todos.

Mirtha Torres recordó que luego de Palomitas vivieron con el temor de que les sucediera lo mismo. Y relató que una vez, antes de la masacre, Braulio Pérez les preguntó si sabían que los militares estaban “quintiando”, que contaban “uno, dos, tres, cuatro, al paredón”. 

Marcelo Lucas Flores, detenido en enero de 1975, que en Villa Las Rosas compartió cautiverio con Pablo Outes, Alberto Savransky, Rodolfo Usinger, Ávila, Povolo, Oglietti, asesinados en Palomitas, declaró que tras la matanza "todos los detenidos fueron trasladados a otro pabellón" en "celdas individuales, en las que no ingresaba la luz de día ni de noche, habiendo sido reiteradamente objeto de torturas por parte de Soberón, Sanguino y Sánchez", quienes por las noches los sacaban a golpes de las celdas, los encapuchaban y los sometían a simulacros de fusilamiento.

Detenciones y homicidios 

En otra causa, en la que se investigan las detenciones ilegales de Amaru Luque de Usinger y Alicia Fernández Nowel de Arrué y los asesinatos de Ramón Antonio Díaz Romero y René Esteban Locascio Terán, el juez Bavio también procesó a Guil y a Alzugaray, y al ex comisario provincial Carlos Feliciano Estrada y el ex suboficial mayor de esta misma fuerza Gerardo Hugo Pardo. También en este caso operó la impunidad biológica, Mendíaz y Arredes fueron apartados. 

Guil y Estrada fueron procesados en calidad de “coautores mediatos” de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos en perjuicio de Fernández Nowell y Luque. Alzugaray y Pardo fueron procesados por los homicidios de Díaz Romero y Terán. 

Fernández Nowel y Luque fueron detenidas el 19 de abril de 1975 en la ciudad de Salta por un grupo de tareas de la División Contralor General de la Policía de Salta. Las llevaron a la Central de Policía y luego a la Federal. Después de ser golpeada en ese lugar, a pesar de que estaba embarazada, a Fernández Nowel la llevaron con los ojos vendados a una casa en Villa San Lorenzo, donde luego de quitarle la venda pretendían que identificara los cuerpos de Díaz Romero y Terán, como no lo hizo, la volvieron a golpear, la pusieron contra la pared e hicieron varios disparos al aire.

Luego Fernández Nowel fue alojada en el Buen Pastor, y Luque, en Villa Las Rosas. Años después Fernández Nowell de Arrué recuperó su libertad, Luque fue una de las víctimas de la masacre de Palomitas.

Díaz Romero y Terán fueron acribillados por un grupo de tareas de la Federal y la Policía de la provincia, el mediodía del 20 de abril de 1975. Ambos ya venían siendo perseguidos por integrantes de las fuerzas de seguridad de Jujuy y Salta desde el 17 de abril de 1975, por un atentado con explosivos en Ledesma.