Opinión
Setenta años con el mismo discurso falaz

De manera reiterada, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y distintos funcionarios de su gobierno, vienen cuestionando a los Jueces del Trabajo y a los abogados laboralistas. Denuncia a aquellos como integrantes de un Poder Judicial que no es “equitativo”. En buen romance, que no favorece a los empresarios. Y a los segundos, como integrantes de una mafia que lleva a la quiebra a las empresas, especialmente a las pymes, genera desempleo e impide las inversiones.

Es evidente que con sus palabras, Macri, como también el jefe de Gabinete, Peña Braun, y otros funcionarios de menor rango, pretenden condicionar a la Justicia Laboral para que deje de lado el principio protector que impera en materia de Derecho del Trabajo. Suman a sus dichos las amenazas y pedidos de juicio político a los magistrados que dicten resoluciones y sentencias que den razón a los reclamos de los trabajadores y sus organizaciones gremiales. El dirigente opoficialista Sergio Massa, sumó también su voz para denostar a los abogados laboralistas, calificándolos de “zánganos” que “se afanan la plata de las empresas y la plata de los laburantes”. Es bueno recordar que quien le acompaña en la lista para las próximas elecciones, la señora Stolbizer, fue quien, como diputada, en el año 2000 defendió fervorosamente la sanción de la ley 25.250, luego conocida como “ley banelco” de flexibilización laboral por los oprobiosos procedimientos utilizados a fin de comprar votos en el Congreso de la Nación.

Estas conductas abiertamente antiobreras y propatronales, tratan de preparar el camino para derogar toda la legislación protectora de los derechos sociales e imponer una flexibilización laboral que vaya mas lejos aún que la impuesta por el menemismo en la década del 90. Como entonces, se pretende encubrir las imputaciones y amenazas con el disfraz de “modernizar” esa legislación. Diversos editoriales del diario La Nación, y notas de Clarín, así como dichos cotidianos de periodistas partidarios del Gobierno, pretenden hacer creer que “flexibilizar”, es decir, terminar con el Derecho del Trabajo, es sinónimo del modernidad, y que así llegarán las inversiones tan prometidas semestre a semestre. Agregan también que es necesario terminar con los reclamos laborales, causantes ellos, y no las políticas gubernamentales, de los cierres de empresas y la desocupación creciente.

Este discurso es falso, y no resiste el menor análisis a la luz de la historia. El 29 de agosto de 1940 el diario La Prensa publicó una nota: “La legislación del trabajo y la desocupación obrera”, en relación a la presentación de una entidad empresaria ante el Poder Ejecutivo, ejercido entonces por Roberto M.Ortiz. Afirmaba allí que “algunas normas legales dirigidas a favorecer a los obreros de acuerdo con la intención con que las sancionó el Congreso conspiran, en realidad, contra el comercio y la industria, y ocasionan desocupación”. Más adelante decía: “Hay una crisis de empleo, un retraimiento de la locación de mano de obra. Sin embargo nuestras autoridades persisten en desviar la orientación de los capitales con la oferta de títulos de deuda pública, mucho más interesante sin duda que cualquier otro destino en el que abundan riesgos, como los que la nota ya mencionada resume, al hacer un examen detenido de los efectos que sobre el trabajo tienen algunas de nuestras leyes. La ley 11.317 sobre capacidad y ocupación de los menores, impide la formación de obreros especializados; la 11.729 dificulta la colocación de los que tienen 18 años pero no cumplieron el servicio militar y otras sobre despidos, vacaciones pagas, indemnización etc.,importan, “no sólo un aumento insoportable de la carga fija sino también una permanente fuente de sorpresas que acompañan a cada nuevo fallo judicial” sobre su alcance. Existe, pues, lo que muchos denominan la desocupación del capital y del espíritu de empresa que no encuentran ubicación porque las leyes los comprometen y los asustan...Cualquier actividad se ve afectada por trabas e imposiciones que absorben todo posible beneficio. Las relaciones entre el capital y el trabajo se acrecientan día a día y cada nueva exigencia en materia de indemnizaciones, conservación de empleos, disminución de jornadas y subsidios, contribuye al aumento de la desocupación...”.

Me permito recordar que en agosto de 1940 no habían nacido Néstor y Cristina Kirchner; Perón era un ignoto oficial del Ejército; el peronismo no existía;  las leyes protectoras de los trabajadores eran escasas, y algunas, como las leyes 11.317 y 11.729, habían sido sancionadas, la primera, durante la presidencia del radical Marcelo T. de Alvear, y la segunda, siendo presidente el General Agustín P.Justo, es decir, un gobierno conservador. Tampoco existía la Justicia del Trabajo, pues los juicios laborales se ventilaban en tribunales civiles y de paz. Pero es llamativo y mueve a reflexión que el discurso empresario –hoy también gubernamental, pues grandes empresas y gobierno se identifican–, no haya variado y sea el mismo después de setenta y siete años. Según ese discurso, las leyes laborales y los juicios en defensa de los derechos que esas normas conferían y confieren a los trabajadores eran y son culpables de la desocupación y la falta de inversión del comercio y la industria. La realidad se encargó, durante mas de setenta años, de desmentir al diario de los Paz. Desde agosto de 1940 el país atravesó crisis institucionales y económicas diversas; tiempos de bonanza y tiempos de caída de la actividad industrial y comercial; tiempos de ocupación casi plena y tiempos de mas elevadas tasas de desempleo. Pero a nadie se le ocurría culpar por esas crisis a las leyes laborales, a los jueces y a los abogados laboralistas. Las palabras de la añeja publicación parecen haber sido fuente de inspiración para quienes durante la última dictadura cívico militar; en la década del 90 y hoy con el poder político y económico unificados tras el empresario Macri, estuvieron y están empeñados en descargar sus responsabilidades por las crisis que ellos mismos generan, atribuyéndolas a la legislación laboral, a los jueces que deben aplicarla y a los abogados que reivindican los derechos de las víctimas de esa crisis, los trabajadores. Abogados que llegaron a dar sus vidas por la defensa de tales derechos, como Néstor Martins, Norberto Centeno, Tomás Fresneda, Salvador Arestín, Raúl Alais, Jorge Candeloro y tantos otros.

Es hora que el gobierno nacional se haga cargo de las graves consecuencias causadas por sus políticas sociales y económicas, cesando en su permanente falso relato de atribuir tales desastrosos efectos a “pesadas herencias” o a los derechos que la Constitución Nacional y las leyes confieren a los trabajadores y a quienes los defienden ante los Tribunales de Justicia.  

Q Abogado laboralista.