Entre las empresas que aumentan en forma indiscriminada los precios y la conflictividad gremial de trabajadores que se defienden de esa escalada, el gobierno quedó encajonado en medio de una cada vez más fuerte disputa por el ingreso. La escalada inflacionaria ya no apunta a mantener rentabilidad ni a frenar políticas distributivas, sino a incrementar ganancias que ya superan marcas históricas. El conflicto en el gremio del neumático fue un indicador claro: las empresas han tenido ganancias altísimas y ni siquiera quisieron cerrar las paritarias anteriores, con lo cual ahora estaban discutiendo a las malas dos paritarias al mismo tiempo.

Es un esfuerzo estéril tratar de tapar las consecuencias que conlleva una inflación tan alta que se come los aumentos salariales al día siguiente del que fueron acordados. Los acuerdos de precios no han funcionado. En otras épocas tampoco han funcionado a largo plazo los controles rígidos de precios. Las cláusulas gatillo que plantean aumentos automáticos iguales a la inflación han sido correr el problema siempre desde atrás. Y el congelamiento salarial baja la demanda, frena la economía, genera más desempleo y provoca una alta conflictividad, inestabilidad y represión.

Ya no se puede justificar por factores externos ni internos a una inflación que aparece incentivada por las empresas y que ha sido mostrada como un cuco en las elecciones de Brasil. Ni la pandemia, ni la guerra, ni la emisión, ni la brecha entre dólar oficial y el blue. El derechista Jair Bolsonaro muestra los índices argentinos y dice que eso pasará en su país si gana Lula, quien es amigo de Alberto Fernández.

Los periodistas le preguntan a Lula sobre el tema y el candidato en campaña está obligado a tomar distancia de cifras que asustan. Lo que Lula dijo es que no se puede estar en el medio y hay que saber para qué lado se gobierna. “El acuerdo con el Fondo fue malo”, expresó. Fue también una forma de fortalecerse frente a su candidato a vice, Geraldo Alckmin, un neoliberal ponderado por los poderosos empresarios paulistas con los que tendrá que lidiar Lula si gana.

Las cosas no son lineales, hasta que lo son. Y en el caso de la disparada de los precios y el malhumor creciente en la sociedad, el gobierno no tiene demasiadas alternativas. Es una problemática que otra vez ha puesto en crisis al gabinete donde el encargado de gestionar conflictos gremiales y problemáticas salariales, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el más relacionado con el tema precios, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, empiezan a transitar en la cuerda floja. Y en ambos casos es por la intransigencia patronal en la discusión salarial o en el incumplimiento de los acuerdos de precios. Es una actitud que no se justifica en un contexto macroeconómico favorable y con altísimos índices de ganancia.

El crecimiento imparable de los precios generó mucho declaracionismo. En algún momento el ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionó la inflexibilidad de la parte gremial, pero al día siquiente calificó de la misma manera al sector empresario. La amenaza de abrir la importación de neumáticos tampoco fue la mejor manera de afrontar el conflicto, donde el abuso evidente estaba en el lado empresario, independientemente de la adscripción partidaria del dirigente del gremio.

Pero también hubo mucho movimiento subterráneo y público. Camioneros y los gremios afines, más los de la Corriente Federal plantearon un aumento de cifra fija de 30 mil pesos, además de reabrir paritarias, aumentar el salario mínimo y las jubilaciones y subir el piso del impuesto a las ganancias. Pero los llamados independientes y los Gordos rechazan la suma fija. Alberto Fernández se reunió con los dos sectores, aunque tampoco simpatiza con la idea de un aumento por decreto y prefiere que la puja se resuelva en paritarias. Ya se está hablando de un bono para los sectores más vulnerados.

Los aumentos de suma fija tanto como los que salgan de paritarias, además de los bonos, no tienen impacto en un amplio sector de trabajadores informales y cuentapropistas en los que sí impactan los precios. Y a los trabajadores en blanco tampoco les servirá de mucho si al día siguiente aumentan los precios. Los mensajes que difundió por Twitter Cristina Kirchner apuntaron también en ese sentido: los precios y las patronales constituyen los factores disonantes sobre los que el gobierno tiene que actuar con las herramientas que sean necesarias.

Así como hubo muchos que trataron de subestimar el conflicto del neumático con macartismo, hubo una situación similar en el conflicto de los estudiantes secundarios porteños por la vianda, las falsas pasantías y el abandono de las escuelas: “De padres de mierda, hijos de mierda”, sentenció un opinador de radio después de escuchar a un padre que defendía la toma de las escuelas. Es un reclamo legítimo, pero en otros medios se trató de subestimar el problema también haciendo macartismo: “La sobrina de un legislador de la Cámpora, detrás de la toma del Mariano Acosta”, tituló Perfil.

La piba es la presidenta del Centro de Estudiantes. No estaba detrás, sino delante. Los pibes no ocultaron nada y el reclamo que plantean no solamente es legítimo, sino que además pone en evidencia el desinterés del gobierno de la ciudad. En vez de escuchar los reclamos los aprovecha para su campaña electoral, endurece su rechazo al diálogo y envía amenazas a alumnos, padres y docentes, judicializa el conflicto, manda policías a las escuelas y las casas de las familias, no escucha ni plantea soluciones.

Esa táctica electoral de mostrarse inflexible ante los reclamos posiciona al jefe de gobierno de CABA, Horacio Rodzríguez Larreta, en una interna en la que Mauricio Macri acaba de amenazar que se presentará como candidato. “Si al final del camino, uno (por él) garantiza el cambio y otro no, me presentaré”, afirmó. En la jerga del macrismo “garantizar el cambio” significa privatizar las jubilaciones, Aerolíneas y hasta YPF, flexibilización laboral y más ajustes. Sobre las aspiraciones presidenciales de Larreta, Macri ha dicho que lo ve “muy dialoguista”.

Larreta prefiere pagar tres millones de dólares por la indemnización de trabajadores de grúas que fueron despedidos por empresas privadas, que poner esos tres millones de dólares para mejorar los edificios de las escuelas y la alimentación de los estudiantes.

La ministra Soledad Acuña no es maestra ni pedagoga ni tiene algún conocimiento que la habilite para la función. Se especializa en “Reforma del Estado”. En términos macristas, “reforma” significa achicamiento. Es su función en un distrito donde todos los años quedan cientos de niños fuera del sistema público porque no tienen lugar. Y a pesar de esa necesidad estructural, no se construyen nuevas escuelas ni aulas. Es el distrito más rico del país.

La reacción destemplada del gobierno de la Ciudad con los estudiantes trata de sintonizar con una idea muy retrógrada que explica los problemas de la educación porque los estudiantes y los docentes serían vagos y no por las malas políticas.

Es un pensamiento que encolumna discursos de odio al estilo de los grupos de odio como Equipo Republicano o Revolución Federal que rodean al macrismo. En la noche del jueves, en la puerta del Lengüitas, una pareja se dedicó a insultar a estudiantes, a escupirlos y hacer exhibición de un cuchillo. Desde el gobierno porteño --que mandó policías para amedrentar a los estudiantes-- explicaron que “no podían hacer nada” frente a esas agresiones.