El jurado que debe evaluar los pliegos de aspirantes a fiscales y defensores ya perdió a su séptimo miembro en los últimos días. Y esta vez, también por el peso de la polémica y el costo político: el representante del Colegio de Abogados de Venado Tuerto en el concurso, Arsenio Domínguez, se bajó al quedar en el centro de críticas opositoras porque su domicilio legal es el mismo que el del estudio jurídico del secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, y su socio, Eduardo Bezombe, en la ciudad de Santa Fe. 

La oposición no dejó pasar la seguidilla de gaffes y aprovechó: "Preocupa la crisis institucional sin precedentes", señaló el diputado socialista Joaquín Blanco, al exigir "que el Ejecutivo garantice transparencia en este procedimiento". El gobierno acusó recibo y convocó a todos los bloques de Legislatura a una reunión el martes 18 para tratar el asunto.

La selección para cubrir 82 fiscalías y 30 defensorías del sistema penal viene accidentada. Ya en su génesis, hace dos meses, hubo protesta de la Asociación de Fiscales porque el Ejecutivo había conformado el jurado de selección sin consulta previa a las instituciones involucradas en el tema, tal como se hizo antes. Luego, trascendieron audios de comunicaciones en las que el propio Somaglia quedó enredado en el armado de pruebas de la investigación contra el exministro de Seguridad Marcelo Sain por presunto espionaje ilegal. Y fue entonces el propio Omar Perotti el que ordenó apartar a su secretario de Justicia del Cuerpo Evaluador de fiscales y defensores. 

Tras ello, la semana pasada se excusaron de participar también los miembros de la Cámara Federal de Casación Alejandro Slokar, Ana Figueroa y Ángela Ledesma, quienes alegaron razones personales. Asimismo, la camarista Martha Feijoo y la jueza Sandra Valenti también declinaron de integrar el jurado. 

Ahora recae sobre la ministra de Gobierno, Celia Arena y el fiscal de Estado, Rubén Weder, la misión de reencauzar el armado del jurado y reanudar la evaluación de las 112 postulaciones pendientes desde hace dos semanas. 

Tantas deserciones trajeron incertidumbre al proceso y dio letra a la oposición, que enseguida reclamó una reunión con los emisarios del Ejecutivo.

“Ya habíamos anticipado que era un proceso viciado y que había muchas dudas al respecto. Exigimos una respuesta inmediata y que se garantice su transparencia”, enfatizó el diputado Blanco ayer tras confirmarse la renuncia por escrito que presentó Domínguez.

“Este concurso es de una importancia total para el futuro de la provincia, necesitamos la mayor transparencia y le pedimos al gobernador Perotti que se haga cargo del proceso y que no se cometan más errores”, reclamó el socialista. "La renuncia de un nuevo jurado, Domínguez, agrava profundamente la situación", remarcó. 

“Los candidatos que están concursando deben contar con la absoluta garantía de que sus entrevistas van a ser preparadas por un jurado idóneo y académicamente prestigioso”, agregó Blanco.

Es un conjunto de 112 abogados y abogadas, en su mayoría son funcionarios ya del Poder Judicial, y pugnan por cubrir desde los puestos máximos de fiscal general y defensor general, pasando por las fiscalías regionales y las defensorías en las cinco circunscripciones de la Justicia santafesina.