Ni la caída del mercado interno a causa de políticas que provocaron el descenso del salario real y un mayor desempleo. Ni la apertura importadora. Ni la suba de tarifas para recomponer la tasa de ganancia de las privatizadas. Para la Alianza Cambiemos, el principal problema de las empresas radica en los trabajadores. Desde el inicio de su gestión, el gobierno inició una cruzada para disminuir el “costo laboral” reduciendo el salario y ahora se encuentra en la búsqueda de disminuir también los derechos laborales. 

Cuando el año pasado La Nación consultó al presidente Mauricio Macri por la demora en las prometidas inversiones, éste planteó como primer factor relevante “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. El punto culmine fue su discurso del 12 de junio pasado, cuando hizo referencia a una “mafia de los juicios laborales” y a “la proliferación de juicios que obliga a los empresarios a evitar contratar gente”, aprovechando su embestida para acusar como líder de esta mafia al jefe de la bancada opositora en diputados, el abogado laboralista Héctor Recalde.

A esa declaración, le siguió una serie de notas en los medios oficialistas, con amplia cobertura que intentaba dar crédito a las palabras del presidente, así como el entusiasta respaldo de las principales cámaras empresarias, como la Unión Industrial Argentina, la Sociedad Rural Argentina, la Asociación de Bancos Argentina, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), lo cual no sorprende si se tiene en cuenta que estas entidades apoyaron expresamente la política económica neoliberal de la dictadura de 1976 y luego la del gobierno de Carlos Menem.

La embestida oficial comenzó a inicios de 2017, cuando en enero el Poder Ejecutivo modificó por decreto 54/2017 el régimen de Riesgos del Trabajo, incorporando como obligatoriedad para llegar a la instancia judicial la intervención de las comisiones médicas jurisdiccionales, vinculadas a las ART y encargadas de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales. Un mes más tarde, gracias a la abstención del massismo y del bloque liderado por Diego Bossio, logró convertir este decreto en la Ley 27.348. Por aquellos días, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmaba que “en los últimos años ha habido un incremento casi exponencial de la cantidad de litigios en relación a los accidentes de trabajo pero no ha aumentado la cantidad de accidentes más bien ha bajado”.

Estadísticas

Según la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, entre 2010 y 2015 por cada mil trabajadores cubiertos por una Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART) los accidentes disminuyeron de 89,2 a 81,8, pero los juicios aumentaron de 7,1 a 12,1, es decir de 53.130 en 2010 a 104.186 en 2015, aunque llamativamente no existen estadísticas oficiales vinculadas a la gestión del actual gobierno.

Estos números pueden ser leídos de diferentes maneras. La Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales señala que esas evolución se debe al creciente incumplimiento por parte de las ART en los pagos que deben efectuar por ley. Sucede que, como cualquier aseguradora, estas compañías buscan utilizar todos los recursos legales para eludir los pagos, con lo cual los trabajadores deben iniciar demandas en alguno de los 80 juzgados del fuero laboral para recibir la indemnización que les corresponde por ley. 

Otra cuestión resulta aun más relevante. Ese centro de estudios indica que, si bien las estadísticas de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo revisten carácter oficial, las mismas se basan en datos otorgados por la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, lo cual implica que el diagnostico sobre la situación sea elaborado en buena medida por un actor no neutral. Y que cuenta además con el poder político que le otorga el manejo de alrededor de 230.000 millones de pesos en el mercado de capitales.

De todos modos, con esas estadísticas es posible inferir que de los 9,5 millones de trabajadores asegurados que se desempeñan en el millón de empresas, firmas o empleadores, los juicios realizados a las ART en 2015 superaron levemente el 1 por ciento de los trabajadores asegurados, quienes, en caso de obtener sentencia favorable, cobraran su indemnización de las ART, no en las empresas que los empleó (cuyo perjuicio, en todo caso, será que se eleve el costo de los seguros, que equivalen al 3,5 por ciento de la masa salarial).

Pymes

Ello no implica la inexistencia de una “industria del juicio”, algo que desde hace años también plantean dirigentes de entidades empresarias con tradición progresistas, como Confederación Empresarias de la República Argentina (CGERA), Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) y Confederación General Económica (CGE). Pero los directivos de estas entidades, dejaron claro que ese no era el mayor perjuicio para las pequeñas y medianas empresas, sino la política oficial de suba de tarifas, importaciones, y la disminución del consumo interno. La única excepción fue la CGE, cuya conducción radical-PRO ha respaldado todas las políticas neoliberales aplicadas desde el año pasado, a contramano de la historia de esta entidad. 

Ariel Aguilar, directivo de CGERA, planteó, en cambio, en una columna de opinión que si bien “el problema existe” la delicada situación actual de las Pymes “es producto de las políticas adoptadas. Las Pymes no cierran por juicios sino porque no tienen trabajo. Cuando teníamos mercado interno y producíamos al 90 por ciento de la capacidad instalada el tema de los juicios no era un tema importante”. Como escribió Alfredo Zaiat en su habitual columna de los domingos en este diario, la prueba de ello es que “en los años dominados por la bestia del populismo hubo expansión de pymes con este mismo contexto del fuero laboral”. Más específicamente, según fuentes oficiales se sumaron 200.000 Pymes a las 400.000 ya existentes, y 400.000 nuevos empleos en la industria. 

La embestida del oficialismo y las ART para modificar la legislación laboral no pareciera tener como principal objetivo enmendar las actuales falencias, sino desentenderse de los nocivos efectos causados por sus políticas neoliberales, congraciarse con uno de los mayores aportantes al mercado de capitales, y preparar por último el terreno para otro de sus grandes objetivos, la flexibilización laboral.