El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció semanas atrás que su gobierno convocará el próximo año a una consulta popular para reformar la Constitución. La región acaba de experimentar hace muy poco -y de forma fallida- otro intento para modificar una carta magna, aunque esta vez en sentido inverso: la de Chile fue una reforma propuesta por el pueblo para actualizar el texto bajo la luz del estallido social. En Ecuador, en cambio, es el Gobierno el que plantea esta posible reforma alternativa ante la crisis de seguridad que atraviesa el país.
La consulta de Lasso incluía, en principio, un cuestionario de ocho preguntas sobre temas variados como seguridad, régimen político y medio ambiente. Entre ellas, dos preguntas despertaron las críticas entre los detractores del Gobierno.
Con las primeras dos preguntas Lasso estaba proponiendo modificar la Constitución para permitir un cambio sustancial en materia de seguridad interior: la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública -como parte de la lucha contra el crimen organizado- y la extradición de ciudadanos, algo que hoy está prohibido por ley. Para los críticos, estas decisiones suponen el fortalecimiento de un Estado policía como respuesta a una crisis de seguridad, que para muchos no es otra cosa que una crisis del Estado.
Malas noticias para el Gobierno
Este jueves, la Corte Constitucional de Ecuador confirmó que no validaba dos de las ocho preguntas que integran el cuestionario presentado por el Gobierno. Las preguntas que no fueron aceptadas son las referentes a permitir la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado como apoyo a la Policía y a dejar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) sin posibilidad de designar autoridades.
Según sostuvo la Corte, estos dos temas "no pueden tramitarse por enmienda". En el caso específico de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, la Corte consideró que la separación entre dicha fuerza militar y la Policía Nacional es parte de la estructura fundamental de la Constitución y un elemento constitutivo del Estado, por lo que no puede modificarse sin pasar por la Asamblea Nacional.
El cuestionario
El resto de las preguntas sí fueron avaladas por la Corte, entre ellas:
- Permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por narcotráfico y crimen trasnacional en otros países.
- Garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios.
- Reducir el número de asambleístas en el Congreso.
- Exigir un número mínimo de afiliados a los partidos políticos.
- Incorporar un subsistema de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas.
- Crear mecanismos de compensación económica para personas que generen servicios ambientales.
El tema de seguridad, la militarización y el problema de fondo
Si bien el Gobierno respondió que en las próximas horas reformulará el cuestionario para conseguir el aval de la Corte, el problema de fondo -y la respuesta oficial- persiste. Ecuador atraviesa una seria crisis de seguridad, con tasas altísimas de homicidios y un crecimiento exponencial de la actividad de las bandas criminales.
Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, especialista en temas de seguridad, explica cuáles son las principales características de este fenómeno y por qué es un momento muy difícil para discutir políticas de seguridad en su país. “No hay capacidad para reflexionar racionalmente cuando se vive con miedo y las políticas de seguridad se debaten desde las emociones. Se habla de seguridad en abstracto sin detenerse a pensar que estamos hablando de jóvenes provenientes de sectores pobres”, opina el especialista.
- ¿Cuál es el principal problema de seguridad que afecta a Ecuador en este momento?
Según el relato del Gobierno, el problema fundamental es el crimen organizado y el narcotráfico. Pero este relato se superpone con los efectos de las políticas neoliberales que llevaron al desmantelamiento de la seguridad social, de la salud pública, de la educación y provocaron altísimos márgenes de miseria y pobreza. Frente a esto, que es algo palpable, el Gobierno elige plantear el problema de seguridad como algo ocasionado únicamente por el crimen organizado. Lasso tiene una popularidad en estrepitosa caída, con menos del 14% de aprobación. Una inmensa mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas se siente muy desilusionada, no ve futuro y tiene mucha incertidumbre.
- ¿Este discurso está relacionado con las masacres en las cárceles?
Sí, se basa sobre todo en las masacres de las cárceles, que se extienden extramuros con tasas altísimas de homicidios para lo que es la historia de Ecuador. Pero las masacres ya existían antes de que Lasso fuera presidente, no es un hecho desconocido. Este discurso tiene que ver sobre todo con la intención del Gobierno de militarizar la seguridad pública. Y a esto apuntan las primeras dos preguntas de la consulta popular planteada por Lasso, las más importantes.
- ¿El objetivo es permitir que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interna?
Hace algunos años hubo una reforma que permitió la participación de las Fuerzas Armadas de manera complementaria en la seguridad pública. Frente a hechos de conmoción interna los militares tienen la obligación de coadyuvar al trabajo de las policías, esto ya existe. Sin embargo, esta complementariedad es un obstáculo para el Gobierno cuando tiene que decretar el Estado de excepción y últimamente en Ecuador vivimos en un Estado de excepción permanente (por las protestas indígenas, por las cárceles, por las bandas criminales, etc). Cuando el Gobierno declara el Estado de excepción debe contar con la aprobación de la Corte de Constitucionalidad, que si bien es bastante complaciente, es una especie de control. Y este control resulta un obstáculo. La primera pregunta plantea la militarización de jure, el refuerzo de un Estado policía.
- ¿Creés que los ecuatorianos van a acompañar esta medida?
La ciudadanía tiene miedo, objetivamente se vive un estado de inseguridad. Los negocios cierran temprano, los restaurantes en Guayaquil cierran a las 22, cuando antes lo hacían a la madrugada… y esto porque los ciudadanos ya no salen a la calle tan tarde, no quieren ser víctimas de asaltos, o como se dice en la jerga, de las vacunas, que son extorsiones de parte de las bandas criminales a comerciantes, a campesinos, a transportadores e incluso a las escuelas públicas, a cambio de cuotas de dinero para evitar consecuencias letales. Ese estado de inseguridad da como resultado un miedo que es real y el Gobierno está estableciendo esta consulta sobre el miedo que tiene la ciudadanía.
- ¿Y si no es el crimen organizado y el narcotráfico como plantea el Gobierno de dónde proviene la violencia?
Hay varias lecturas. Por un lado está la práctica de extracción de información de los privados de la libertad por parte de la Policía. La Policía convirtió en sapos a los presos para quitarles información a cambio de determinados beneficios penitenciarios, algo que refuerza y profundiza la rivalidad y el accionar de las bandas criminales. Otra lectura podría ser más de corte institucional sobre la crisis que vive hoy la Policía con serios problemas de confianza, de credibilidad, con un sistema totalmente vertical, centralizado, machista, patriarcal y ortodoxo. Sumado a la eliminación del Ministerio de Justicia y la reducción de categoría del órgano que regula las cárceles, más la falta de una política de drogas… Esta crisis de institucionalidad se refleja en una crisis del Estado.
- ¿Y hay una lectura más social?
Exacto y es la que comparto. El origen de la violencia es la base social que tiene el crimen organizado. El problema es económico. La base social reclutada por las bandas criminales son los sectores más pobres de la costa ecuatoriana. Sectores carentes de recursos, donde no llega la salud ni las escuelas y solo llega la política de las cárceles. Y esta miseria es planificada y deliberada por las políticas neoliberales cuando, por ejemplo, se decide pagarle al Fondo Monetario en detrimento de los presupuestos de salud o derechos sociales. Estamos en un momento muy delicado: no hay capacidad para reflexionar porque se vive con miedo y en este estado de miedo las políticas de seguridad se debaten desde las emociones y en definitiva estamos hablando de jóvenes provenientes de sectores pobres.
- ¿Cómo se beneficia Lasso con la consulta?
La consulta es sobre todo tiempo para bajar las presiones ante una eventual revocatoria del mandato, para diluir la baja popularidad de este Gobierno. La consulta es oxígeno para el Gobierno para mantenerse por el tiempo que le queda, oxígeno para ahogar la movilización social y oxígeno para seguir aplicando las políticas neoliberales.
