En agosto de 1973, el Congreso de la Nación sancionó la ley 20.530, disponiendo la restitución a Juan Domingo Perón de los bienes, honores y condecoraciones que le habían sido expropiados dos décadas antes, con el pretexto de la lucha contra la corrupción. El informante por la mayoría peronista, el senador José Humberto Martiarena, sostuvo que el proyecto apuntaba a “borrar los efectos de los tribunales del odio, constituidos después de 1955”. Hacía referencia, concretamente, a la Comisión Nacional de Investigaciones (decreto 479/55) y a la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial (decreto 5148/55), organismos creados con el fin de investigar presuntas irregularidades administrativas del gobierno peronista y evaluar el origen de los bienes de exfuncionarios públicos, ordenando su transferencia al patrimonio estatal en caso de comprobar ilícitos.

Corrupción, odio y violencia

En agosto de 1973, el Congreso de la Nación sancionó la ley 20.530, disponiendo la restitución a Juan Domingo Perón de los bienes, honores y condecoraciones que le habían sido e

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