La acusación por explotación laboral es contra la ex directora de Sipas Huasi, hogar en el que son institucionalizadas menores de edad en situación de vulnerabilidad. La denuncia fue radicada en 2020, pero hace unos meses, el Juzgado Federal de Catamarca desestimó la causa por “falta de mérito”. La Cámara Federal de Tucumán analizó el fallo y determinó que se revoque, haciendo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y la querella, quienes oportunamente se habían opuesto a esta determinación.

La jovencita denunció que sin ningún tipo de retribución económica, educación e imposibilitada de contactarse con su entorno afectivo, la ex directora la mantuvo en la finca de su madre, una octogenaria a la que debía cuidar, a lo que se sumaban las tareas de limpieza y cuidado de los animales del lugar, en jornadas que alcanzaban las 14 horas diarias de trabajo. Además, denunció que en este contexto, fue víctima de un abuso sexual.

Catamarca/12 tuvo acceso al fallo en el que se concluye que hay fuertes elementos para sospechar que la ex directora abusó de su calidad de funcionaria pública, se consumó el delito de explotación laboral y la víctima se encontraba en situación de extrema vulnerabilidad, lo que son considerados agravantes.

De acuerdo con lo que se desprende del documento, la jovencita, siendo aún menor de edad, fue llevada a la institución para menores por falta de un lugar para vivir en 2018. Allí, se habría convertido en la “favorita” de la directora, lo que se ponía de manifiesto por el trato diferenciado que la mujer tenía hacia ella en relación a otras internas.

Con el transcurso del tiempo, la funcionaria habría invitado a la joven en varias oportunidades a la finca donde vivía su madre y su tía, dos mujeres mayores de 80 años, lo que a la jovencita le agradó, ya que, según manifestó, le encantaban los animales y el ambiente campestre.

Al cumplir la mayoría de edad, la por entonces directora de la institución, le habría ofrecido que se quede a vivir en la finca, lugar en el que podría continuar sus estudios y recibiría una paga, pero presuntamente, ninguna de estas promesas se cumplió y la joven terminó esclavizada por casi un año en esa localidad del interior catamarqueño.

La funcionaria habría actuado “abusándose de la confianza que la víctima tenía en ella, en virtud del cargo que ostentaba en la institución que supo contenerla. Y todo esto con el único fin de procurarse una persona joven y de confianza para trabajar todos los días de la semana y durante muchas horas, en los quehaceres de una finca llena de animales, con el esfuerzo físico que ello implica, y sobre todo, para cuidar nada menos que a su madre y la hermana de esta, y sin recibir pago por el trabajo realizado, acorde fuera falsamente prometido”, reza la resolución.

La víctima estuvo casi 365 días en la vivienda, “trabajando en la finca donde habitaba la madre de la imputada, atendiéndola a ella y su hermana en todo lo que necesitaran, sumado a la cantidad de tareas asignadas diariamente en la extensa jornada laboral que cumplía (14 horas aproximadamente), y todo ello sin percibir una remuneración (…) Del hecho analizado podemos deducir con claridad que se trató de un caso de abuso de una situación de vulnerabilidad”.

La jovencita indicó que se levantaba a las 6 de la mañana todos los días y trabajaba hasta las 20 horas, debía barrer el patio, luego ocuparse de los animales, cocinar para la gente que estaba en el lugar y para los animales y hacía estas labores mientras recibía continuamente el maltrato de las personas que vivían allí.

A todo esto, la funcionaria se habría comunicado con un pariente de la adolescente, quien vive en otro departamento del interior de Catamarca, y le había expresado con énfasis que no se comunique con ella, ni él, ni algún otro familiar, porque al encontrarse en período de adaptación, esto no era beneficioso para la chica y “la ponía mal”. 

Los familiares de la joven, confiaron en la palabra de la funcionaria y siguieron sus instrucciones, por lo que, si bien esta contaba con un teléfono celular, sus seres queridos no se comunicaban con ella y el inmueble en el que se encontraba era de muy difícil acceso, por lo que no podía movilizarse por sus propios medios hacia la ciudad Capital u otra localidad cercana.

Abuso sexual

La denuncia de la joven, que por el tipo de delito que configura, investiga la Justicia Federal, también cuenta con una causa que se tramita en la Justicia ordinaria, ya que en lo que expresó con respecto a su estadía en el lugar en el que habría sido explotada, también habría sido víctima de un abuso sexual por parte de un pariente de la ex directora en ocasión de una visita de este.

Pese a todas estas circunstancias, la jovencita no encontraba una salida y tampoco contaba con medios para irse del lugar, por lo que amenazó con suicidarse en un estado de Whatsapp, lo que generó que sus familiares decidieran ignorar las recomendaciones de la funcionaria y comunicarse, finalmente, con ella. Al consultarle a la ex directora por esta situación, esta los tranquilizó asegurando que de esta manera se llevaba a cabo el período de adaptación.

En el expediente se consigna que se sospecha que la ex directora eligió a la chica por su personalidad, ya que no tenía ninguna adicción, era sumisa, etc. y también por sus especiales circunstancias, al no contar esta con una familia que la contenga, la quiera y la cobije. También se la acusa de haber preparado por varios meses el camino para lograr su fin, lo que hizo con las visitas a la finca, a donde, incluso, habría llevado a la adolescente a pasar la Navidad.

Teniendo en cuenta el material probatorio, la Cámara solicitó que se ordene el procesamiento de la mujer, por resultar presunta autora del delito de “trata de personas en modalidad de explotación laboral, agravada por ser perpetrado aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la víctima, por su calidad de funcionaria pública, y por haberse consumado la explotación de la víctima”.

Con la orden emitida por la Cámara, firmada por los jueces Marina Cossio, Ricardo Sanjuan y Myriam Depetris, la causa volverá a ser investigada en la provincia. En este sentido, el fiscal de la Cámara, Gustavo Gómez, indicó que “la Cámara Federal de Tucumán hizo lugar a nuestro planteo y revoca el fallo del juez federal de Catamarca. Un caso que crea una importante jurisprudencia en el norte argentino vinculada al empleo doméstico esclavo”.