Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti solicitó al Ministerio Público de la Acusación que investigue la denuncia de la senadora nacional de Juntos por el Cambio Carolina Losada, quien en un programa de la TV porteña dijo que “en Rosario, en un barrio, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos, ¡sí! a 60.000 pesos, como si fueran cosas y no personas”. Textual. La subsecretaria de los derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia Patricia Virgilio y la directora del área María Florencia Ghiselli le pidieron a la fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren que –ante las expresiones de la legisladora que “dan cuenta de una situación que aparenta ser sistemática” y sugiere tener “información al respecto”- “se la cite a declarar” en una causa que investigue “los hechos denunciados”. Losada tiene la posibilidad de hacerlo por escrito. Ante una consulta de Rosario/12, fuentes del MPA dijeron que “el hipotético delito es de competencia federal”, pero no precisaron si el requerimiento de la provincia fue derivado a la fiscal federal Nº 3 de Rosario Adriana Saccone, que intervino en otro caso en el mes de mayo, pero que no fue una supuesta venta de niños sino un intento de “estafa” que denunció la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Virgilio y Ghiselli formalizaron la petición a la fiscal Iribarren el mismo día que también le preguntaron a Losada –por escrito- “si había realizado la denuncia penal” y le pidieron que aporte “la totalidad de la información” que conoce sobre “los hechos anoticiados”. La Secretaría a cargo de Patricia Chialvo es “autoridad de aplicación” de la ley 12.967 de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

En paralelo, Chialvo y la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol intimaron a Losada para que se presente ante la Fiscalía en turno y aporte las pruebas –si las tiene- de su denuncia mediática. “Usted es funcionaria pública” y “está obligada a realizar la denuncia judicial correspondiente si se anotició de un ilícito contra un niño, niña o adolescente”, le advirtieron. “Es inaceptable que una temática tan delicada, tan cara a los sentimientos de la sociedad, que afecta tanto a las personas en situación de vulnerabilidad cómo es la apropiación de niños y niñas, sea abordado de forma tan irresponsable”.

Ante el silencio de senadora de la UCR, Virgilio y Ghiselli le pidieron entonces a la fiscal Iribarren que intervenga. “Nos dirigimos a usted con motivo” de lo que dijo Losada, que “en Rosario, en una esquina, estaban vendiendo bebés a 60.000 pesos”.

“Sin perjuicio de que la Secretaría de la Niñez ha tomado intervención en determinados supuestos aislados”, las declaraciones de Losada “dan cuenta de una situación que aparenta ser sistemática” y sugiere que conoce “información al respecto”. Por lo tanto, le pidieron a Iribarren que “desde dicha Fiscalía se la cite a declarar” y se abra una causa que “investigue los hechos denunciados”.

Fuentes del MPA informaron que “el hipotético delito es de competencia federal”, pero no explicaron si la denuncia de Virgilio y Ghiselli fue reenviada a la fiscal federal Saccone, quien en mayo investigó la supuesta venta de un niño en Rosario que resultó ser una tentativa de “estafa”.

La subsecretaria Virgilio y la profesora Ghiselli le preguntaron también a Losada si había “realizado la denuncia penal” y que “fiscalía intervenía”. “Solicitamos que nos brinde la totalidad de la información” que conozca acerca “los hechos anoticiados” para que la Secretaría, que es “autoridad de aplicación de la ley 12.967, pueda tomar la intervención le corresponde”.

“En línea con los principios de co responsabilidad establecido en materia de promoción y defensa de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la legislación nacional y provincial, celebramos que la comunidad se involucre de manera activa en dicho asunto”.

Finalmente, las funcionarias públicas aprovecharon para señalar la falta de gimnasia institucional en las acciones de la senadora. Así, le hicieron saber a Losada que "hubiera resultado deseable conocer la problemática que denunció en forma directa y no a través de declaraciones en medios de comunicación". Por lo tanto, la invitaron a “mantener un canal de diálogo abierto con miras a desplegar las acciones tendientes a garantizar la efectiva vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.