Cinco personas fueron detenidas el lunes último en un control realizado por personal de Gendarmería Nacional en Cafayate, y ayer quedaron imputadas luego de una audiencia de formalización de la investigación penal, a cargo del juez federal de Garantías Julio Bavio.

La acusación fue formalizada por el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien reveló detalles del hecho e imputó por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes a Alfredo Tapia, Joaquín Salazar Choque, Fabiola Chávez Paz y los hermanos Adrián y Jacinto Alvarado López.

El fiscal contó que el lunes a la madrugada personal de la Sección Cafayate detuvo una camioneta Chevrolet S-10 en la ruta nacional 68, a la altura del paraje Tía Jacinta. En esa camioneta viajaban Tapia y los hermanos Alvarado López. Dijeron que provenían de Jujuy con destino a El Calafate, en Santa Cruz, aunque, luego se rectificaron y afirmaron que iban a Buenos Aires.

En el control de la camioneta los gendarmes advirtieron una cinta de sujeción a la altura del tanque de combustible, algo inusual que levantó sospechas. A los dos minutos, apareció en escena un automóvil Hyundai Tucson, en el que iban Salazar Choque y Chávez Paz.

En este caso, según explicó la fiscalía, se advirtió que el conductor (Salazar Choque) poseía una cédula azul a nombre de Tapia, quien viajaba en la camioneta, con lo cual se estableció la relación entre los cinco acusados.

A esto se sumó otra observación clave en los burletes de las puertas del auto, por lo que al examinar más a fondo notaron que la alfombra estaba pegada al piso de una manera extraña, por lo que se hizo una requisa más profunda. 

El fiscal detalló que esa tarea no fue nada sencilla, ya que una vez que se extrajo parte de la alfombra se descubrió un habitáculo en el piso del auto, el que se extendió por gran parte del vehículo, que tuvo que ser prácticamente desmantelado para poder sacar un total de 55 paquetes de droga.

Con la prueba de campo, se pudo determinar que se trataba de cocaína con un peso de 58 kilos. También se secuestraron seis teléfonos celulares y una suma total de 140 mil pesos, la documentación de los vehículos y otros elementos de interés.

El fiscal solicitó autorización para avanzar contra otras pericias técnicas, estableció un plazo investigativo de 40 días y solicitó la prisión preventiva de todos los acusados. Para fundarla, citó la gravedad del hecho, el riesgo de fuga, puesto que de los informes migratorios se estableció que las cinco personas detenidas tenían el dominio de la droga, la cual habría sido adquirida en Bolivia, para luego iniciar el traslado al sur del país.

Sostuvo que, en ese marco, cada uno cumplió un rol determinado en la empresa delictiva. Además, señaló la falta de arraigo de dos de ellos e indicó que, dada la escala penal del delito, la pena que podría recaer sobre los acusados no será de cumplimiento condicional.

Sólo uno de los acusados aceptó declarar y lo hizo solamente para tratar de sacar de escena a Chávez Paz, para quien la fiscalía había solicitado arresto domiciliario.