En abril de 2018, Daniel Ortega, el ex revolucionario del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y actual presidente de Nicaragua, desató una feroz represión sobre una enorme revuelta popular contra sus políticas. En ese momento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la muerte de al menos 25 personas, decenas de heridxs, violencia hacia periodistas y un plan de censura que ordenó el cierre de cuatro canales de televisión que brindaban información sobre las protestas.
Las manifestaciones habían comenzado en rechazo a una reforma del sistema de salud sobre la que luego el propio gobierno dio marcha atrás. Sin embargo el descontento social creció sobre la gestión de Ortega y la violencia institucional recrudeció. A mediados de junio de 2018, la CIDH contabilizó, a causa de la represión, 212 muertxs, 1337 heridxs y al menos 500 detenidxs. En junio de este año, la CIDH relevó 355 muertxs por los actos represivos del régimen.
“En una celda oscura de Nicaragua, en medio de Centroamérica, está sentada Tamara Dávila. Las cucarachas y las ratas le pasan por encima de los pies, pero no las puede ver porque no le permiten tener luz. No recuerda cuándo comió por última vez y no sabe qué día es hoy. Esta semana se cumplen siete meses desde que el régimen de Daniel Ortega paró su vida por llevarle la contraria”, relató la periodista María Laura Quesada en enero de este año sobre el arresto de Dávila, la referenta feminista y defensora de los derechos humanos en Nicaragua que hoy se encuentra encerrada en un calabozo, aislada de cualquier contacto humano.
María Teresa Blandón salió de Nicaragua el 1 de julio de este año hacia una reunión en Chile de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), -cuya conferencia sobre la mujer tendrá lugar el lunes en Buenos Aires- y nunca más pudo regresar a su país. Cuando llegó al aeropuerto de San Salvador la propia línea aérea le comunicó que Ortega le había prohibido la entrada sin ninguna explicación. Blandón, sociologa y una gran referenta feminista nicaraguense, quedó así exiliada con el único equipaje que había llevado por unos pocos días. A sus 17 años se unió como guerrillera a la revolución sandinista, hoy enfrenta y denuncia las atrocidades que ejerce la dictadura de Ortega, su antiguo líder.
“El destierro es una forma de violencia que tiene un impacto brutal sobre las vidas de las defensoras y sus familias. Muchas defensoras (de los DDHH), de un día para el otro, quedan separadas de sus hijos e hijas, de las personas que tienen bajo su cuidado, de sus familiares y seres queridos; no pueden regresar a su casa, a su trabajo, a sus luchas, a sus tratamientos médicos y rutinas de vida”, aseguran desde la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
A esto le llaman "represión migratoria", una forma de violencia que el gobierno de Ortega lleva adelante en Nicaragua desde 2018 para castigar a activistas y personas defensoras de derechos humanos y lo implementa bajo tres modalidades: el destierro, las retenciones migratorias y el hostigamiento migratorio. La IM-Defensoras documenta desde el 2010 más de 140 casos de personas afectadas por este tipo de violencia en Nicaragua, de los cuales 96 tuvieron lugar en 2021 y 2022. Casi la mitad de estas agresiones (60) estuvieron dirigidas contra mujeres defensoras de derechos humanos, activistas o familiares de defensoras.
La represión migratoria la sufren muches nicaraguenses y a otres se les prohíbe salir del país. A algunas personas les han llegado a sacar el pasaporte en el mismo aeropuerto del país en el que se encuentran y allí mismo se les informa que tienen restricción migratoria. Es algo que el régimen de Ortega ha hecho con sus propios funcionarios que se mostraron críticos a algunas de sus medidas.
"Recientemente emitió una circular que establece que los trabajadores del Estado, incluso los trabajadores de la universidad pública, tienen que pedir permiso para salir del país y explicar las razones por las cuales van a salir, a dónde van a ir y cuánto tiempo van a estar fuera, si no reciben autorización, no pueden salir”, explica Blandon desde Honduras en comunicación con Las12.
¿Qué intenta impedir Ortega con este control migratorio?
--Por un lado, quiere impedir que la gente denuncie, que haya protestas ciudadanas y apoyo a las víctimas de la represión y en general, que la gente se organice. Tienen miedo de que vuelva a ocurrir una protesta masiva como la que se dio en el 2018. Por otro lado, quiere castigar a quienes han sido muy beligerantes en la protesta ciudadana, en la denuncia por la violación a derechos humanos y también en el apoyo a las víctimas de la represión. En el caso de sus propios simpatizantes, ha hecho estas cosas para mantener a todo el mundo controlado porque tuvo alguna deserciones importantes incluyendo, por ejemplo, al aún magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a su representante en la OEA y algunos jueces y alcaldes que han desertado de sus filas y han confirmado que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron la represión que se desató 2018 y que continúan ejerciendo en la actualidad.
¿Cómo definen este momento político del país?
--Nosotras hablamos de una dictadura por varias razones. Una porque tienen el control absoluto del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Dos porque cometieron un enorme fraude en las elecciones de noviembre del 2021. Tres porque hay un estado policial, un estado de excepción donde están suspendidas de facto todas las garantías, derechos y libertades. Cuarto, se ha establecido una política muy férrea de censura, la gran mayoría de la prensa independiente se ha ido al exilio, el único periódico impreso que teníamos fue clausurado y sus instalaciones confiscadas. Estamos hablando de un régimen que no cuenta con ningún apoyo popular pero sí con el respaldo de los jefes policiales y del Estado Mayor del ejército.
¿Cuál es la situación del movimiento feminista en Nicaragua?
--Por un lado, han ilegalizado a todas las organizaciones feministas que tenían personería jurídica y han confiscado sus bienes, de facto porque no hay en el país ninguna ley de confiscación. Por otro lado, han cerrado radios feministas, han vigilado, y continúan haciéndolo, a las mujeres que se organizan en las comunidades y les están prohibiendo el derecho a la reunión, incluso vigilan las casas de las feministas para impedir que se reúnan. Les han prohibido entrar al país al menos a 16 feministas y defensoras de derechos humanos. Hay líderes feministas presas, una de ellas está privada de su libertad hace 16 meses en situación de aislamiento.
¿En qué situación se encuentran las referentas feministas privadas de su libertad?
--Tenemos más de 220 presos hoy en día, algunos de los cuales llevan más de dos y hasta tres años privados de su libertad por haber participado en las protestas ciudadanas del 2018, incluso por haber dado declaraciones a medios independientes sobre la crisis en Nicaragua. De esa totalidad, al menos 21 son mujeres, una de ellas es Tamara Davila, feminista, integrante del Movimiento de Renovación Sandinista, ahora conocido como partido UNAMOS. También están presas tres de sus compañeras, incluyendo a la mítica guerrillera Dora María Tellez, fundadora del partido. Estas mujeres están en prisión hace 16 meses en una cárcel conocida como El Chipote, se encuentran aisladas, algunas de ellas tienen luz las 24 horas del día, otras están a oscuras todo el tiempo. Se les ha prohibido cualquier tipo de lectura. Ahora mismo llevan 65 días de no permitírsele ninguna visita. A la presa política Suyen Barahona se le ha prohibido hasta una llamada a su hijo de cinco años, a Tamara Davila se le permitió ver una sola vez a su niña que acaba de cumplir seis años. La doctora María Tellez está en huelga de hambre reclamando que se le dé un trato humanitario, es decir, que respeten las normas Mandela, pero no hemos tenido ninguna información y tampoco les están dando asistencia médica, incluso les impiden salir a tomar sol. Eso está pasando con los más de 50 presos y presas políticas que están en la cárcel El Chipote.
¿Cuál es la situación económica en Nicaragua en medio de esta situación?
--Nicaragua ya era un país pobre, el segundo más pobre de América Latina, con la crisis todo se ha agudizado. Hay una altísima tasa de desempleo y se calcula que solo el 20% de la población económicamente activa tiene un empleo estable. Los salarios son los más bajos de Centroamérica y el costo de la canasta básica ronda los cuatro salarios mínimos. De tal manera que las personas están haciendo muchos esfuerzos para sobrevivir y se han deteriorado los servicios de salud. La respuesta del Estado frente a los últimos tres huracanes fue absolutamente tardía y deficiente. Las regiones más afectadas están teniendo situaciones de escasez de alimentos y eso como consecuencia ha provocado una ola migratoria sin precedentes. Solo este año más de 160 mil nicaragüenses han intentado entrar a los Estados Unidos, desesperados por buscar alternativas. Luego se calcula que ya más de un millón de nicaragüenses están en Costa Rica, es decir, que hubo un éxodo y los jóvenes precisamente dicen ‘no hay oportunidades, no hay futuro en Nicaragua, me quiero ir de este país’.
¿Qué mensaje le darías a la región latinoamericana sobre lo que está pasando en Nicaragua?
--Lo que está pasando en Nicaragua es una crisis prolongada y hasta ahora no ha funcionado ningún esfuerzo realizado ni por la OEA, ni por la Unión Europea, ni por países de izquierda que han intentado intermediar con Daniel Ortega y su mujer. Ellos están dispuestos a perpetuarse en el poder y esto es muy negativo no solo para la sociedad nicaragüense que está luchando en condiciones muy difíciles para recuperar derechos sino, también, para la comunidad internacional. Nosotros lo que estamos pidiendo es que no nos dejen solas y solos.
