La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que crea un registro nacional de deudores alimentarios. ¿Es la mejor solución para resolver el acuciante problema del no pago de la cuota alimentariacuando hay registros provinciales desde hace años y su existencia no ha mejorado el cumplimiento de esa obligación parental?

Se trata de una situación que se agravó durante la pandemia, y que afecta los derechos de niñeces y adolescencias e impacta sobre la vida de madres que crían solas.Termina funcionando como un castigo para ellas por haberse separado.

Un reciente relevamiento realizado por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires mostró que el levantamiento anual de inscripciones en el Registro de Deudores Alimentarios bonaerense ronda el 4 por ciento, lo que evidencia la baja efectividad de este tipo de herramientas para lograr el pago.

Según datos aportados por ese Registro al 30 de junio de 2021 --en 20 años de funcionamiento--había solo 1966 inscripciones vigentes, 98 por ciento de género masculino y 2 por ciento femenino. De ese total, 524 se efectuaron en 2019, y se levantaron 11 ese mismo año; 499 en 2020 y se levantaron 19; y 508 en 2021, y se levantaron 16. “Los números evidencian que es una política pública con un uso escaso en relación con la población total de la provincia de Buenos Aires y la extensión del incumplimiento”, advierte la abogada Sabrina Cartabia, jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia.

Este año el Ministerio que encabeza Estela Díaz presentó los resultados de una encuesta respondida por más de seis mil mujeres de los 135 municipios bonaerenses:Casi siete de cada diez mujeres separadas y con hijos que la contestaron no reciben obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. El estudio –el primero de ese alcance -- reveló que el incumplimiento de la obligación alimentaria “es significativo, independientemente de la condición laboral de los progenitores” y “es transversal a los distintos sectores sociales”.

Para inscribir al incumplidor, según el proyecto que ahora debe tratar el Senado, tiene que haber sentencia firme y debe adeudar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas. A veces los incumplidores pagan salteado como estrategia para no llegar a quedar expuestos para ser inscriptos pero no se terminan de poner al día.

Quienes se encuentren en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios no podrán acceder a una serie de acciones y trámites, como a la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de la propiedad inmueble, solicitud o renovación de licencia para conducir, expedición o renovación de pasaporte, entre otros.

“La vida de nuestros hijos y la nuestra no vale una restricción para entrar a un club –como han establecido algunos fallos—o para sacar el carnet de conducir. Es más grave porque lo que hace el incumplidor es abandono de persona”, dice Cecilia Bertolino, periodista que vive en Pinamar, es madre de tres hijos que cría sola, y padece esta problemática y milita activamente por esta causa desde la colectiva Identidad Feminista y como parte de Familias Monomarentales.

Muchas mujeres desisten del reclamo judicial porque no tienen la posibilidad de pagar un patrocinio jurídico, o se agotan en los laberintos de la justicia. También se encuentran con que,por la inflación, los montos que fija la justicia les van quedando tan desactualizados que prefieren evitar el desgaste personal del reclamo constante. Terminan endeudadas, empobrecidas, haciendo malabares para llegar a fin de mes, sin tiempo para seguir sus estudios o disponerlo para el ocio. Hay padres que se borran del pago de la obligación alimentaria y también del tiempo de cuidar a sus hijes. La salud de las mujeres se resiente.

¿Por qué en el Congreso no se intentan encontrar formas más creativas –y efectivas-- de lograr que los padres paguen lo que les corresponde? Es una de las caras más frecuentes de la violencia económica por razones de género. ¿Por qué el Estado se desentiende tanto?

La creación de un registro nacional puede ser un paso adelante pero no debe cerrar el debate. “El gran problema que tiene las mujeres es en primer lugar el acceso a la justicia con procesos que no pueden pagar y demoras que hacen muy difícil sostener el juicio. El segundo problema es la ejecución del pago, porque lo más difícil es que los varones cumplan aun cuando hay sentencia. Este tipo de registros aparece al final de camino, cuando ya ha finalizado el juicio pero no se cumple con la sentencia y no hay pago”, explica Cartabia.

Para colectivos de mujeres que integran familiasmonomarentales la media sanción que dio Diputados fue importante no tanto por la creación del registro en sí mismo –que lo consideran como una herramienta bastante inútil y que burocratiza el reclamo-- sino porque menciona y saca del closet la Ley 13.944, de 1950, que penaliza el incumplimiento del deber de asistencia familiar pero rara vez se aplica. El proyecto establece en su artículo 16 que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios “deberá remitir trimestralmente a las autoridades locales competentes con facultad de instar la acción penal por los delitos previstos en la Ley 13.944, la nómina actualizada de los deudores que figuren inscriptos en su jurisdicción”.

Las madres que luchan por que este tema se aborde como “violencia de género” con respuestas efectivas piensan queen última instancia si se usara la Ley 13.944 con más frecuencia la amenaza de un castigo penal, que no busca el encarcelamiento –por que las penas previstas son bajas-- sino la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba imponiéndoles la realización de tareas comunitarias y la obligación de hacer algún curso para concientizarse sobre lo que significa que se borren de la manutención y crianza de sus hijxs, podría favorecertal vez algún cambio cultural y que finalmente paguen. Un Registro Nacional no es más que un parche, dicen. Al menos, se conforman, ayuda a poner en agenda el problema.

Otro tema es la desactualización de las cuotas: En 2016 se le dio media sanción en la Cámara baja a la indexación de las cuotas alimentarias según inflación pero el proyecto nunca se discutió en el Senado y perdió estado parlamentario. Otra iniciativa similar se volvió a aprobar en el 2020 en Diputados y tampoco –hasta ahora-- se debatió en la Cámara alta.

¿Hasta cuándo el Estado y la política se van a desentender de esta otra cara de la violencia de género?