A confesión de parte, relevo de prueba, reza un refrán jurídico aunque también popular, que, seguramente, Ud. conoce. Ha vuelto a cargar sobre las espaldas de la Sra. procuradora general de la Nación, exigiendo el alejamiento del cargo que ostenta por decisión supermayoritaria del Senado de la Nación. Sin embargo, esta vez Ud. ha confesado, pese a no ser jurista, que conoce la autonomía funcional y autarquía financiera del ministerio público, regla constitucional, y la estabilidad ad vitam del empleo de la Sra. procuradora general de la Nación, obtenido del modo anunciado y luego de que el mismo Senado rechazara el nombramiento de otra persona según el pliego original enviado por el gobierno anterior.
No hay nada más que decir. Ud. asumió el cargo jurando desempeñarlo conforme a Derecho y respetar las leyes vigentes. No sólo en este caso no lo hace ni guarda cierto recato frente a intentos anteriores, sino que insiste en administrar nuestro país con resistencia y violación de las leyes vigentes que juró respetar y contribuir a su realización efectiva, según lo ha demostrado también en otras ocasiones.
No se equivoque adrede de nuevo. No estamos defendiendo ni los nombramientos ad vitam, ni los periódicos que no coinciden con su mandato, ni las condiciones de idoneidad fijadas por las leyes para cierta actividad o ciertos funcionarios, sino que creemos que estas no son, para Ud., opciones políticas; por lo contrario, se trata de mandatos legales que Ud. juró y debe respetar. Suponemos, también, que así lo asesoran los juristas que Ud. eligió para que lo auxilien. Si no le gustaban nuestra Constitución o nuestras leyes, Ud. no debió asumir el cargo para el que había sido designado. Aceptarlo no era su obligación jurídica ni ética.
* Profesor emérito UBA.
