SALUD
El bache imperdonable
Este año faltaron preservativos y anticonceptivos. Desde el Gobierno acusan a la gestión kirchneristas de no haber realizado compras el año pasado y, desde la oposición, al macrismo de retroceder en salud sexual y hacer recortes en la compra de insumos. El Ministerio de Salud tuvo cambios internos que ponen en alerta al movimiento de mujeres. Y se anuncia la llegada de látex y pastillas para pasar las fiestas. El bono de fin de año también viene con sexo seguro. Pero no con estabilidad en los derechos sexuales. 

En Tucumán, Mendoza y la Provincia de Buenos Aires faltaron preservativos, anticonceptivos hormonales combinados y anticoncepción de emergencia. Los implantes subdérmicos dejaron de repartirse a principio de año, pero volvieron a stockearse para el segundo semestre. La situación no llegó a convertirse en crisis pero sí en una escasez palpable que encendió las alarmas de médicas/os y pacientes en los hospitales. En la Argentina el 43,3 por ciento de las jóvenes de 15 a 19 años recibió el método anticonceptivo de manera gratuita, según la Encuesta de Salud Sexual y Reproductiva del INDEC. Eso implica que cuatro de cada diez chicas dependen de la inversión y buen financiamiento del Estado para tener acceso a métodos para prevenir un embarazo no buscado, HIV y enfermedades de transmisión sexual a través del sistema público.  
La única forma que la anticoncepción y los preservativos tengan efecto es que no sean usados la primera vez, de vez en cuando, sino siempre. “La mayoría de lxs adolescentes no cuenta con ingresos propios y se corre el riesgo de que interrumpan los cuidados. Muchxs  no tienen un diálogo fluido con sus padres y madres para blanquearle que tienen relaciones sexuales. Poder contar con este recurso en forma permanente es una estrategia fundamental de la políticas sanitarias para evitar embarazos adolescentes no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Es un gran retroceso que el Ministerio de Salud no garantice la provisión. Si esta situación continúa, en un lapso corto de tiempo, veremos cómo aumenta la incidencia del VIH/sida, la hepatitis, la sífilis y otras infecciones de trasmisión sexual”, remarca Lucila Tufró, de la Asociación Civil Trama. 
La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable garantiza el acceso gratuito a todos los que lo necesitan y sin diferencias regionales o esperas. Más allá de eso, más de cuatro fuentes oficiales que piden reserva de la identidad aseguran que la provisión de insumos de salud sexual está garantizada y que se viene un fin de año con el bono del sexo asegurado, ya que en diciembre llegarían las compras de pastillas y profilácticos que se esperaron durante todo el año.  
“No hubo falta total, sino escasez. Desde el Programa de Sida se solían entregar mensualmente tres millones de preservativos y en octubre se repartió apenas el diez por ciento: 300.000 preservativos. Pero no es una crisis porque en noviembre ya hay 26 millones de preservativos que están en depósito porque falta que ANMAT dé la liberación de la compra. Pero sí hubo un bache, eso es real. Otro problema fue que los botiquines de REMEDIAR, que funcionaba como un relojito y ahora está haciendo agua, dejaron de trasladar insumos de salud sexual. Eso retrasó la entrega, sobre todo, en la provincia de Buenos Aires”, explica una fuente oficial.  
Por un lado, los faltantes son reales. Desde algunas áreas del Gobierno se responsabiliza a la gestión kirchnerista de no realizar una compra en noviembre de 2015 para garantizar insumos en mayo de 2016 y, también, de hacer mal una licitación de preservativos, por lo que se generó un agujero en el stock disponible este año.  La pesada (o ausente) herencia es refrendada desde voces sanitarias de distintos espacios políticos. Por otro lado, sectores críticos del gobierno (desde el Frente Renovador y el Frente para la Victoria) sostienen que la falta de insumos generó un mayor número de enfermedades de transmisión sexual y que, además, se sub ejecutó el presupuesto en un cincuenta por ciento. También hay responsabilidades provinciales, como en Tucumán, donde después del caso Belén se retrocedió con el despido de Adriana Álvarez, a cargo del Programa de Salud Sexual, y una nueva gestión habría dejado en depósito preservativos sin repartir. 
La diputada bonaerense Lucía Portos (FPV) acusa: “Hubo un aumento del 20 por ciento de enfermedades de transmisión sexual, a nivel nacional, entre 2015 y 2016. En 2015 hubo 20.413 casos y en el 2016, en cambio, 24.568. El aumento de las infecciones de transmisión sexual se debe a los recortes. Hay menos preservativos y medicamentos para tratar las infecciones de transmisión sexual en mujeres, lo que impacta directamente en la cantidad de casos y de contagio. Y si hay menos preservativos, hay más mujeres contagiadas. Nos duele comprobar que el recorte comenzó por el derecho a una sexualidad autónoma, libre y responsable”.
En cambio, otra fuente gubernamental consultada por Las/ 12 asegura: “El Programa de Salud Sexual contaba con 163 millones de pesos de presupuesto y se agregaron otros 100 millones en septiembre. Ya se utilizaron 164 millones por lo que el presupuesto previsto está ciento por ciento ejecutado y quedan 71 millones con los que  ya se hicieron compras de insumos por 52,5 millones, que todavía no fueron cargadas en el sistema que utiliza el Ministerio de Economía (y por eso no aparecen como ejecutados). Entonces lo que sucede es lo contrario a lo que se dice: gastamos todo el presupuesto y nos asignaron 100 millones mas”.
Todas las fuentes, sin embargo, coinciden en algo. Este año se pidieron compras de urgencia para llenar los botiquines de las salitas sanitarias porque fueron frenadas en la Dirección de Compras que estuvo a cargo de Daniel Bosich y obstaculizaba las compras de anticonceptivos y preservativos. También dejó su cargo Néstor Pérez Baliño, el virtual viceministro de Salud, que implicaba una garantía para el cumplimiento de los derechos sexuales.  
El Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, a cargo de Silvia Oizerovich y Gabriela Perrota, dispuso continuar con la entrega de anticonceptivos de largo plazo (DIU y  anticonceptivos subdérmicos) y realizó capacitaciones sobre derechos sexuales, sobre diversidad sexual y talleres para estudiantes y mujeres en situación de encierro en 2016.  Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, apunta: “El Programa ha logrado concretar la compra de diversos anticonceptivos que no son suficientes, pero hubo inversión extra de la presupuestada originalmente. Pero lo más grave es que ha renunciado Pérez Baliño, un aliado importante del Programa. Se ha pedido una reunión con el Ministro Lemus y aún no tenemos respuesta. Estamos muy preocupadas a esta altura del año”. 

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