Dos de las principales ciudades de Honduras amanecieron bajo el Estado de sitio que entró en vigencia esta semana. Controles policiales y despliegue de efectivos de seguridad forman parte del "Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos" que la presidenta Xiomara Castro presentó hace unas semanas para hacerle frente al accionar de las bandas criminales en la capital Tegucigalpa y en la ciudad industrial de San Pedro Sula.
La mandataria destacó que el enfoque principal del plan es el combate a los extorsionistas debido a que son una de las principales causas de la migración y el cierre de medianos y pequeños negocios.
Estado de sitio
Más de 160 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula se encuentran bajo un Estado de Excepción que regirá hasta el 6 de enero de 2023. La medida fue anunciada hacia fines de noviembre por la presidenta hondureña.
El decreto indica que “en virtud de la grave perturbación de la paz y la seguridad que prevalecen en las principales ciudades del país ocasionada por grupos criminales organizados se resuelve suspender las garantías establecidas en la Constitución”. El gobierno suspendió la garantías de libertad personal, libertad de asociación y la libre circulación. El decreto también habilita los arrestos y detenciones sin órdenes judiciales.
Esta semana el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, ordenó el despliegue de unos 600 oficiales en los barrios que están bajo control de las bandas criminales como la Mara 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13), así como a otras estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.
El directivo precisó que 20 mil policías participarán del operativo de seguridad en el que también incluirán a los efectivos de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), creada por el el expresidente Juan Orlando Hernández que en ese momento era presidente del Congreso Nacional. La PMOP ha sido cuestionada desde su instalación en 2013 por denuncias que indicaban que el órgano de seguridad estaba integrado por agentes que habían sido depurados de la policía nacional.
Combate a la extorsión
Para la presidenta hondureña el foco está en combatir la extorsión que considera es una de las principales causas de la migración y que afecta a la pequeña y mediana empresa.
Actualmente, los comerciantes pagan extorsiones semanales a una o más bandas criminales. Uno de los sectores más afectados es el de los transportistas. Poco antes del anuncio del Estado de sitio, cientos de transportistas se manifestaron en la capital hondureña exigiendo un fin a las extorsiones de las bandas criminales o maras como se les conoce localmente.
En lo que va del año 60 transportistas fueron asesinados por negarse a pagar la extorsión o “impuesto de guerra”.
Ante la implementación del Decreto PCM 29-2022, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) recordó que “casi la totalidad de los 162 barrios intervenidos son zonas de especial vulnerabilidad social”. En este sentido, el organismo de derechos humanos manifestó la necesidad de que el plan de seguridad del gobierno “sea complementado con políticas sociales consistentes y de largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia”.
Además, la oficina de derechos humanos de la ONU recordó que la suspensión de ciertas garantías no implica la suspensión temporal del Estado de derecho. En esta línea, instó a respetar las garantías judiciales de la población, preservar la presunción de inocencia.
El ejemplo de Bukele
Unos 300 kilómetros al este de Tegucigalpa, se encuentra la capital de El Salvador, San Salvador, donde desde marzo de 2022 rige un estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele.
Tanto Honduras como El Salvador tienen una fuerte presencia de maras que se dedican a la extorsión semanal de comerciantes, delincuencia, entre otras actividades ilícitas. El gobierno salvadoreño reconoció más de 50 mil detenciones desde que empezó a regir el Estado de sitio.
Sin embargo, las medidas tomadas por Bukele fueron denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos humanos, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales que afectan en su mayoría a la población joven del país.
