Una sensación de duelo atraviesa desde el martes a enormes sectores de la población de este país. Se vio en ese pueblo desordenado que salió a la calle antes y después de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, gesticulando su dolor y su rabia frente a las rejas de Comodoro Py y más tarde en el Congreso a dónde sólo un sindicato -Ate Capital- convocó, además de algunos centros de estudiantes de colegios secundarios. Es llamativo, se puede revisar en las imágenes de ese día, cuántas personas mayores se autoconvocaron sin esperar ningún llamado organizado. No es un dato menor que sea la generación que vivió y sobrevivió a la dictadura, que era joven durante el Juicio a las Juntas, haya puesto las lágrimas en la calle que la figura de mármol de la Justicia no puede derramar. Y es que hay algo del orden del golpe -en la cara, a las instituciones, a la posibilidad de elegir representantes- que se sintió fuerte ese día y que todavía se siente.
La condena a Cristina Fernández de Kirchner llegó, así como había sido anunciado. Pero fue en sincronía con un concierto de voces, escritas y audibles, de “buenos muchachos” poderosos, jueces, fiscales, ex agentes de inteligencia y empresarios del grupo Clarín que junto con el actual ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro intercambian ideas para encubrir como mínimo una dádiva -una categoría de delito- que significó el haber hecho un viaje en avión privado a la mansión de Lago Escondido, propiedad del empresario extranjero Joe Lewis -quien cerró todo acceso al lago violando la legislación nacional- y que incluyó, entre otras cosas, un viaje en helicóptero a la punta del cerro Tronador para comer un asado.
La exposición de los chats y la condena a la vicepresidenta, la jactancia del poder concentrado, los favores que les rinden los funcionarios judiciales y hasta la bravuconada de “limpiar un mapuche” entre esas líneas escritas en Telegram son como una doble llave. Los “jajaja” que se repiten en ese diálogo digital parecen subrayar una idea: lo hacen porque quieren y porque pueden. Pueden poner a la mujer política con más proyección de votos del país contra las cuerdas de la proscripción, pueden habilitar un empresario extranjero se quede con un lago entero, una reserva de agua dulce en territorio mapuche mientras siguen presas con domiciliaria un grupo de mujeres mapuche a las que se violaron todos sus derechos en los últimos días de septiembre, incluso el de parir de manera respetada, pueden auscultar la calidad fiscal de quienes reciben el plan Potenciar Trabajo -27 mil pesos por mes- para estigmatizar a la población más postergada pero no pueden explicar cómo pagaron el viaje millonario. Y se ríen, se ríen, jajajaja. Porque pueden, porque quieren.
“Recordemos que estamos hablando de camaristas, de hombres y mujeres que deciden sobre tu libertad y patrimonio. De hombres y mujeres, de hombres, perdón, porque son todos hombres, son todos hombres, es un tema tal vez para analizarlo más adelante, esto de todos hombres siempre. Las juntas militares son hombres, el pacto de Olivos fueron hombres, todas las decisiones las van tomando hombres en mesas. Claro, entonces cuando aparece una mujer, bueno y una mujer con las características de gente que no es una mascota, o sea, no soy mascota. Yo nunca voy a ser mascota del poder.”, dijo Cristina Fernández de Kirchner apenas dictada la sentencia, a la vez que mostraba de manera pedagógica esos mismos chats para mostrar cómo se arma una causa -en ese caso, la causa armada sería contra el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria- a la misma vez que era condenada por una causa armada.
No es casualidad que sean todos hombres, tampoco es sencillamente un cálculo de posibilidades por la sobre abundancia de varones en el Poder Judicial sino en todo caso porque esos varones están en los cargos de decisión. Y sean los de los chats o los que condenaron y ordenaron la proscripción de la vicepresidenta, todos llegan tanto a “armar” ciertas causas como a tramitarlas con su subjetividad formada en un Poder Judicial que “históricamente clasista y machista”, como sentencia la fiscal Luciana Vallarella, adjunta de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario. Y esta definición, continua la fiscala, “tiene consecuencias en la asignación de recursos, en qué delitos se va a privilegiar la persecución, en cuestiones que hacen a nuestro trabajo y al acceso a Justicia de mujeres y disidencias”.
Para Vallarella es prácticamente una regla que “los procesos que se siguen en contra de mujeres y disidencias suelen ser mucho más rápidos que los procesos que se siguen contra varones. Puede tener que ver eso con que en general las mujeres cometen delitos que son más fáciles de investigar, de desentrañar… Pero que los procesos sean más rápidos es también porque hay cierta animosidad del sistema judicial cuando va contra mujeres, sobre todo aquellas que se corren de los mandatos esperados para su género. Una mujer en un puesto de poder es resistida y por eso la reacción es mayor”. Además, se podría agregar, el disciplinamiento también es mayor: Si a CFK la pueden condenar sin exponer los fundamentos -¿no sería un acto de responsabilidad frente a un hecho gravísimo como la proscripción, al menos hacerlo con los fundamentos claros?-, podría ser un mensaje para mujeres con pocos o ningún recurso, por ejemplo, las mujeres mapuche detenidas en la Patagonia.
La disputa por la verdad
A la Justicia se va en busca de una verdad, de la constatación de quién tiene razón en un pleito, sea en un fuero penal, de familia, económico, laboral o también administrativo. La Justicia es la que dejará por escrito esa razón de verdad. Aun cuando, como dice la fiscal Vallarella, “la verdad a la que se llega en una sentencia no es absoluta, no es posible en un proceso penal, más cuando estamos en un Poder Judicial que es clasista y machista, que afecta el modo en que se prueban y se investigan los delitos. Por eso la verdad no se puede traducir de manera absoluta en una sentencia porque no se puede borrar la carga subjetiva con que esos actores han ido a ese proceso”.
Sin embargo, si la vicepresidenta terminó su exposición después de la condena declarando que no va a ser candidata, luchando internamente contra la catarata de emociones que de todos modos expuso -y que provocó en enormes proporciones de audiencia las lágrimas que ella contuvo-, que no se iba a someter a ser vapuleada por los medios con esa noción de verdad que construye la sentencia. Porque la palabra tiene poder, y si está escrita en una sentencia, tiene mucho más.
Pero frente a esa doble llave de la condena y la exhibición en los chats de Lago Escondido de cómo se puede armar una causa si se cuenta con la complicidad de los medios -Pablo Casey, director de asuntos legales e institucionales del grupo Clarín, pide en ese intercambio en Telegram sobre el jefe de la PSA, que le pasen “data de ese personaje” que “armamos una notita”-, ¿dónde está la verdad?
“Para intentar, desde tu lugar de periodista mostrar la verdad tenés que hacer el trabajo de hormiga de desarmar la que intentan mostrarte otros. Entonces es doble laburo, vos te buscas el dato, seguís el caso, pero tenés que laburar de desmontar la ficción que te que van forzando desde otro lugar. Obviamente con todo el speech que, como se ve en el chat ‘Operación pagina12’, muy cómodamente algunos jueces o funcionarios judiciales arman con cierto sector de periodismo”, concluye Hauser.
Entre estas tensiones, no sólo la idea de una verdad común, que forma parte de la posibilidad de determinados acuerdos sociales tal como se construyó para juzgar los crímenes de lesa humanidad -cuya posibilidad de realización vino precedida por una condena social-, sino también la idea misma de la Justicia está dañada. Dice Vallarella: “La sentencia (en la causa Vialidad) para el común de la gente puede significar que por una vez la justicia va contra los poderosos y no contra los pobres, el tema es cuando está teñida de tanta parcialidad, que solo persiga a un sector político, eso pone en juego la idea misma de Justicia”.
¿Qué hacemos contra la pedagogía de la crueldad?
Esa pregunta sobre cómo responder a lo que se siente en el cuerpo como un golpe, frente a una sensación de desamparo que para muchísimas personas significa no contar con la alternativa electoral -aun cuando fuera todavía una fantasía- de la actual vicepresidenta para el año que viene y con el telón de fondo de la crisis económica y de credibilidad de las instituciones democráticas se ha repetido en innumerables conversaciones. Hubo quienes contestaron rápidamente poniendo el cuerpo en la calle, pero son muchos y muchas quienes se sintieron en soledad después de haber desafiado al calor y a la desmovilización. Aun cuando en la calle, el martes 6 de diciembre, había también otros grupos movilizados, movimientos sociales que demandan alimentos y las condiciones básicas para vivir. Esos movimientos sociales estigmatizados como “planeros”, a los que rápidamente la Justicia -en este caso en la figura del juez federal Julián Ercolini, también parte del grupo de Lago Escondido- investigó sus cuentas por pedido de la propia ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Los resultados de esa inspección fueron comunicados, cómo no, de manera falsa confundiendo por ejemplo a quienes son poseedores de un bien personal con quienes pagan bienes personales.
“En ese chat todos los hilos se enredan pero no dejan de tejer una figura clara: están en juego el desalojo a las tierras recuperadas por comunidades mapuche (…), la persecución a quienes no pactan (…), las relaciones opacas con el sistema de medios y el aparato político. Agrego, en juego, también, la discusión sobre los Potenciar Trabajo y la ilegitimidad de la deuda externa, porque esta serie de señores de negro vienen para garantizar que nada equilibre y atenúe la lógica de explotación máxima”, escribió en este diario la socióloga María Pía López armando el rompecabezas de todo lo que se golpea al mismo tiempo, con los mismos puños institucionales.
El jueves, en una entrevista radial, la socióloga Rita Segato arriesgó la idea de que las organizaciones feministas no habían llamado a movilizar el día de la condena a CFK poniendo la responsabilidad en la falta de lectura de las cuestiones de género del lado de la vicepresidenta. A la vez, aportó una idea necesaria y urgente: la de dejar de mirar a los feminismos, los movimientos Lgbtiq+, indígenas y afrodescendientes como minorías políticas para empezar a entender que representan otras formas de politización para todos y todas. Para todes. Esa visión transformadora es una forma de oposición a ese paisaje patriarcal que se ofrece impune en los hechos de la última semana.
El movimiento feminista estuvo frente al Palacio de Tribunales el último 25 de noviembre -día internacional de acción contra la violencia hacia las mujeres- y esta trama de abusos de la Justicia que se viene exponiendo aquí fue denunciada. Y no solamente por las causas armadas contra la vicepresidenta, claro, sino porque es el Poder Judicial el que actúa mayoritariamente reponiendo orden patriarcal ahí donde la sociedad empuja y consigue transformaciones: las acusaciones de homicidas a mujeres que han tenido eventos obstétricos que suponen la pérdida de un embarazo, la persecución a las madres que denuncian abusos sexuales contra sus hijes dentro de las familias, las cárceles repletas de mujeres, lesbianas y trans por causas menores relacionadas a la necesidad de subsistencia. Y la lista sigue.
“La forma en que el poder judicial se expresa a través de sus fallos, sentencias, oficios y cualquier acto administrativo muestra claramente que hay una falta de perspectiva de género, además de seguir con una composición mayoritariamente masculina en los cargos de mayor jerarquía. Incluso hoy, que las y los funcionarios judiciales tienen la obligación de capacitarse en el marco de la Ley Micaela, no es suficiente la forma en que se están instrumentado estas formaciones, que debieran ser programáticas, de manera progresiva y sostenida en un proceso permanente, frente a una estructura patriarcal que se resiste al cambio y por lo cual no puede quedar reducida a un par de horas de charlas o talleres”, dice Sandra Miguez, periodista de Radio Nacional Paraná.
Esta desventaja de base que es no entender cómo operan las desigualdades de género, de clase, de color de piel antes de juzgar o investigar un delito quedaron como proyectadas por una lupa: “El lawfare es una manifestación de esa estructura patriarcal de sujeción. Es una forma más de expresión de los abusos y de la persecución a la que se ha sometido a todas las personas que no están dentro de las esferas de poder. Las mujeres particularmente son víctimas de esto, y del accionar de corporaciones que son las que establecen la jerarquía de “dominación”. Por eso es necesaria una reforma judicial con enfoque en los derechos humanos y de género”, concluye Miguez. Esa reforma judicial con perspectiva de género y de Derechos Humanos (y ambientales, habría que agregar) es lo que se viene demandado desde los movimientos feministas con mucha claridad al menos desde 2018, cuando el fallo por el femicidio de Lucía Pérez -cuyo asesinato desencadenó el Primer Paro Nacional de Mujeres en octubre de 2016- terminó con absoluciones porque la adolescente había aceptado tomar “una chocolatada” en la casa de los agresores.
¿Qué pasa cuando los jueces hablan a través de sus fallos condenatorios no sólo sobre mujeres cuyos nombres no conocemos, como las que llenan las cárceles por causas de narcomenudeo, o de otras que están a la espera de una sentencia como es caso de “la China”, presa hace dos años y acusada de homicidio por un evento obstétrico? Sientan una pedagogía, ejemplifican. Igual que pretenden ejemplificar con la condena y proscripción para CFK. Los chats que se filtraron esta semana actúan también en ese sentido, como bien lo explica la socióloga feminista Verónica Gago (ver aparte). Y esto no es discurso, se vive y se muere con esas marcas, es como cuando los femicidas copian sus métodos: uno usa combustible para quemar a una mujer, muchos más usan el mismo método. En 2015 se sucedieron al menos cuatro femicidios en lugares públicos, a principio de año, en el término de dos meses. Contra esa pedagogía necesitamos encontrar estrategias, cuidados y movilización, que es ahí, en la calle, donde les feministas nos contagiamos potencia, la que necesitamos para cambiarlo todo.
