El gobierno prorrogó por un año el plazo para llevar adelante una Revisión Tarifaria Integral que permita dejar atrás el régimen de transición que instauró cuando decidió congelar las tarifas en diciembre de 2019. A su vez, prolongó las intervenciones de los entes nacionales de regulación de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas), actualmente a cargo de Walter Martello y Osvaldo Pitrau, respectivamente, "hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios resultantes de los acuerdos definitivos de la RTI".

En diciembre de 2019 el Congreso aprobó la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. En el artículo 5 de ese texto se autorizó al Poder Ejecutivo a congelar las tarifas de luz y gas por un período de hasta 180 días e iniciar un proceso de revisión tarifaria integral. Como parte de ese proceso, en el artículo 6 se facultó al Ejecutivo a intervenir administrativamente los entes reguladores. Los decretos 277/20 y 278/20, publicados en marzo de 2020, consumaron esas intervenciones, que inicialmente estaban previstas hasta fin de ese año.

En diciembre de 2020 se determinó a través del decreto 1020 el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral, fijándose un plazo de 2 años para concluir ese proceso. Durante esos dos años, los interventores de los entes no avanzaron con la renegociación. Por ese motivo, ahora se decidió extender el plazo y la intervención de los entes hasta el final del gobierno de Alberto Fernández

Mientras tanto el gobierno ha autorizado algunos aumentos de las tarifas de transporte y distribución como parte del régimen de transición y también inició el proceso de segmentación tarifaria, pero han sido decisiones unilaterales que no formaron parte de la negociación pendiente con las empresas para acordar una RTI que ponga fin a los reclamos cruzados que comenzaron luego de que Mauricio Macri incumplió en 2019 la RTI firmada durante su propio gobierno.

En sus considerandos, el decreto 815/22 indicó que "la RTI requiere la proyección tanto de indicadores propios de la industria de la energía eléctrica y del gas, como así también macroeconómicos, los que a su vez se encuentran vinculados entre sí".

En ese sentido, puso de relieve "el incremento significativo y generalizado de los precios internacionales de los commodities energéticos, generado por el incremento de la demanda internacional, determinado por el crecimiento de la actividad económica post pandemia y asociado a velocidades incongruentes con las reales posibilidades de los países centrales en sus políticas y planes de transición energética, que generaron un primer salto muy significativo de los costos energéticos mundiales hacia el tercer cuatrimestre de 2021".

"Sumado a ello, es de público conocimiento que el conflicto desatado entre Rusia y Ucrania determinó una nueva y más significativa suba de los precios internacionales de los referidos productos, especialmente del gas natural licuado (GNL) y del gasoil, commodities a los que debe acceder nuestro país anualmente en el invierno para complementar la producción nacional de gas natural y abastecer la demanda interna invernal tanto de gas por redes como de generación eléctrica por centrales térmicas", puntualizó el DNU.

Asimismo, remarcó que "los servicios públicos de electricidad y gas desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, por lo cual su accesibilidad resulta indispensable para los hogares".

En ese sentido, indicó que "las políticas tarifarias aplicadas desde 2016 hasta 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incrementos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica".

Por lo tanto, concluyó que "resulta oportuno y conveniente mantener la razonabilidad tarifaria en el actual contexto de recuperación económica y evitar una desarticulación del esquema tarifario que repercuta negativamente en el ingreso disponible de los hogares e implique aumentos considerables en los costos de producción de la industria".