Por segundo día consecutivo hubo protestas de las organizaciones sociales en el centro porteño. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizó cortes y asambleas para reclamarle a la ministra Victoria Tolosa Paz que no realice bajas arbitrarias en el Potenciar Trabajo ni desenganche de la actualización del salario mínimo del monto del programa. La demanda de mayor urgencia -el cobro del Potenciar de diciembre- comenzó a ser resuelta por el ministerio, pero continúa la pulseada de fondo entre los movimientos y el gobierno sobre el ajuste en el plan, que es la principal política de Desarrollo Social en apoyo del trabajo de la economía popular.

"Es importante que ya estén depositando el Potenciar Trabajo, pero también tenemos que discutir el aguinaldo, los alimentos, los convenios (por las herramientas e insumos para los emprendimientos productivos). Con todas esas cosas no han cumplido. Tenemos un gobierno que se llena la boca en decir que es nacional y popular, pero no lo es. Está pisoteándonos, no solo con esto, también con la estigmatización a nuestro trabajo", planteó Dina Sánchez, vocera del Frente Darío Santillán, sobre las tensiones que persisten entre las organizaciones y Desarrollo Social.

Tolosa Paz destrabó, el martes, el pago del millón trescientos mil Potenciar del mes de diciembre, que se empezaron a depositar este miércoles. Según la información oficial difundida por su cartera, luego de cruzar el padrón del Potenciar con los datos de la Afip, del millón 300 mil titulares fueron dados de baja 20 mil -el 1,5% de los planes- por incompatibilidades. Las organizaciones sociales estiman que el número final de bajas será menor, ya que hay unos 2.500 casos de suspensiones que están a revisión.

En cierto sentido, el principal detonante del conflicto que el viernes sacó a la calle a la totalidad de los movimientos sociales -a la Utep, que es parte del gobierno, y a la opositora Unidad Piquetera- fue resuelto. Ese detonante había sido la intención de la ministra de dar de baja no sólo a los planes con incompatibilidades (como tener más de una vivienda, o un auto 0km, un empleo registrado o una jubilación), sino también a los beneficiarios que habían tenido ingresos superiores a dos salarios mínimos o consumos en dolar ahorro.

Ambos puntos generaron un fuerte rechazo en las organizaciones sociales: por un lado, plantean que el Potenciar es un salario social que complementa otros ingresos. Si se pregunta en los movimientos, se encontrará que algunos recicladores, trabajadoras de polos textiles o trabajadores de cooperativas de la construcción han logrado mejorar su situación mediante la organización. Por otro lado, el consumo en dólares ahorro -hablamos de que habían sido suspendidos personas con gastos de entre 15 y 100 dólares- no había sido bloqueado por la autoridad monetaria, como se hizo en el caso del IFE. Son criterios que no se aplicarán hacia atrás y pasarán a ser parte de una negociación, de aquí a febrero, para una nueva reglamentación del Potenciar.

La demora en la liquidación de los planes estuvo vinculada a ese debate, que en medio de una tremenda operación de prensa fue judicializado y derivó en el levantamiento del secreto fiscal sobre quienes cobran el Potenciar. El lunes, Tolosa Paz pidió al juez Ariel Lijo que la autorizara a pagar los Potenciar “para que el análisis caso por caso que se está realizando sobre posibles incompatibilidades no detenga el cobro del resto del padrón”, una fórmula con que alude a esta disputa sobre los criterios. El juez dio su aval y parte del conflicto -lo urgente- quedó resuelto. Lo de fondo sigue abierto.

“Creo que hay una impericia, una falta de empatía y una falta registro de la realidad social para intentar hacer un ajuste sobre un programa que destina recursos a los sectores populares”, dijo Gildo Onorato sobre el conflicto, y agregó que no está resuelto ni el aguinaldo social ni el desacople del Potenciar del salario mínimo.

El referente del Movimiento Evita y de la Utep consideró que la ministra se ampara en la presión judicial que está recibiendo para avanzar con una decisión propia del Poder Ejecutivo, de recortar el gasto social. “El pedido del levantamiento del secreto fiscal a personas que cobran 28 mil pesos y que con esfuerzo generan otro tipo de ingresos, mientras todo el sistema político se le niega toda posibilidad de levantar el secreto sobre los fugadores de dólares habla por sí solo. Hay un Ejecutivo que se subordina al poder judicial, que es el mismo que condenó de forma injusta a Cristina, el mismo que criminaliza a las organizaciones sociales”.

La protesta central de la Utep tuvo lugar en el Obelisco, entre las 10 de la mañana y el mediodía. Sin embargo, se trató de una jornada de lucha nacional, con concentraciones y piquetes a lo largo del país, en la que trabajadoras y trabajadores del reciclado, de comedores y merenderos, de polos textiles, medios comunitarios, vendedores ambulantes, cooperativas de liberados y trabajadores de espacios de recuperación de adicciones buscaron hacer visibles sus argumentos. 

“Cobramos un sueldo por el trabajo que venimos realizando en la comunidad”, planteó en la asamblea de Avellaneda Mónica Pérez, trabajadora del medio comunitario FM Riachuelo. Acompañada por otras trabajadoras del Movimiento Popular Los Pibes, de La Boca, Mónica habló de los discursos estigmatizantes: “Quiero que me digan dónde están los autos y los dólares de las compañeros que día a día salen desde temprano, dejan a su familia y se rompen laburando. Estas compañeras que están hoy acá son las que en medio de la pandemia arriesgaron su vida para construir una sociedad más justa”. 

Voceros de la Utep dijeron que el próximo lunes definirán cómo continúan el plan de lucha. Sobre el punto, Esteban "Gringo" Castro, el titular de la organización, convocó a organizar "la navidad de los pobres y el trabajo", replicando una forma de reclamo de los '90.  Castro señaló que la inflación de la canasta alimentos volvió muy crítica la situación social y demandó a Desarrollo Social que defina el pago de un bono de fin de año. "Deben entender que es una necesidad de los trabajadores y trabajadores de la economía popular, no que estemos caprichosamente contra el gobierno".