Luego de haber derogado por decreto artículos clave de la ley de medios audiovisuales 26.522, el gobierno creó en marzo del año pasado una comisión encargada de elaborar un anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes que reemplazaría definitivamente a la norma aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La comisión, coordinada por la vicepresidenta del Ente Nacional de Comunicaciones, Silvana Giudici, organizó una serie de seminarios y reuniones con referentes del sector y en marzo de este año elevó su trabajo al Poder Ejecutivo. El Ministerio de Comunicaciones publicó entonces una nueva resolución que extendió el plazo de consultas por otros 180 días, aunque desde entonces no volvió a realizar ninguna convocatoria. En los considerandos de la resolución 601 que extendió los plazos se afirma que la comisión “ha dado cumplimiento a su cometido consistente en la confección de un anteproyecto de Ley de Reforma, actualización y unificación de las Leyes 26.522 y 27.078”. A raíz de ello, el Centro de Producciones Radiofónicas (CPR-Ceppas) realizó tres pedidos de información pública para acceder al texto, pero en los tres casos el gobierno le negó la información. 

CPR-Ceppas realizó el primer pedido de acceso a la información el 26 de mayo. La respuesta sorprendió a los integrantes del centro porque incluyó una larga lista de documentos, pero no lo solicitado. El Ministerio de Comunicaciones les envió la resolución 9/2016 que creó la comisión de redacción del anteproyecto, fotocopia del propio pedido que realizó CPR-Ceppas, la nota firmada por la coordinadora de la Comisión de Redacción pidiendo una segunda prórroga (la primera había sido en octubre de 2016) e incluso la resolución 601/2017 que en sus considerandos admite que el anteproyecto supuestamente está listo, pero el anteproyecto no fue incluido. “Los documentos preliminares que darán lugar al anteproyecto serán difundidos según el cronograma para la realización del nuevo proceso de consulta”, se limitaron a aclarar. Hubo un segundo pedido de CPR-Ceppas que obtuvo la misma respuesta y el 23 de junio la organización hizo un tercer pedido en el que aclaró no sólo lo que quería obtener sino también lo que no necesitaba.

“El 14 de julio nos llegó la respuesta, consistente en, nada más y nada menos que: fotocopia de nuestro pedido, nota de Silvana Giudici pidiendo la segunda prórroga, Resolución 9/2016, Resolución 1098/2016 de primera prórroga, el dictamen jurídico que aprueba la segunda prórroga, y la mismísima Resolución 601/2017 citada en nuestro pedido, entre otros documentos complementarios y laterales”, afirma Francisco Godinez Galay, director de CPR-Ceppas en un artículo publicado en el blog de la organización. “Con estas respuestas –y en el contexto de posible fusión de Cablevisión y Telecom– no nos queda otra cosa que pensar que no quieren que el texto de una futura ley se conozca y que la consulta que se está haciendo es con las grandes empresas. O incluso que no hay texto, incumpliendo con un documento oficial como lo es una Resolución (…) Esto abriría una problemática mayor: no solo se trataría de negligencia y oscurantismo, sino también de fraude”, concluye Godinez. 

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