Mientras la Cámara Federal debe resolver si agrava la acusación contra Gabriel Carrizo en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y agrega la figura de asociación ilícita, el peritaje sobre la computadora de su hermanastra, Andrea Posadas, reveló que allí guardaba fotos de un arma al menos similar a la que el dueño de la máquina de hacer copos de azúcar mencionó que tenía en un intercambio de mensajes con ella misma un rato después del atentado. En aquellos chats, tras enterarse del intento de Fernando Sabag Montiel de asesinar a la vicepresidenta, Carrizo le decía a Andrea que creía que la pistola era suya. La mujer le decía que no debía preocuparse porque no estaba a su nombre y que no tendría sus huellas. A la madrugada él le comentaba, aliviado: "Mirá, el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto". Su abogado intentó defenderlo con el argumento de que todo lo que decía por esas horas era en broma. Las pruebas que fueron apareciendo contrarían abiertamente ese planteo. Incluso, en una tanda de mensajes que se conocieron, él mismo mandó uno donde le anunciaba a un tal Kevin Bargas a las 23.17 del 1 de septiembre: "Recién intentamos matar a Cristina". 

Carrizo está procesado por decisión de la jueza María Eugenia Capuchetti como partícipe del intento de magnicidio, es decir como un cómplice, pero no como alguien que tuvo un papel protagónico, como coautor. Esto fue lo que reclamó la querella de CFK después de que se conocieran los últimos mensajes donde el hombre se incluía en el intento de asesinato al mandar mensajes a un amigo y otras personas. También le decía a Kevin "el arma es mía amigo. Te lo juro por dios. Estamos con el grupo. Todos juntos", agregaba. Y redoblaba: "Para que el gobierno sepa con quienes se está metiendo. Bueno amigo el que la va a matar seguro va a ser un amigo o voy a ser yo. Recordá esta fecha. Esta hdp ya está muerta". Los abogados de CFK José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal solicitaron no sólo que se aplicara para Carrizo la coatuoría sino también la figura de asociación ilícita, extensiva a Sabag Montiel y a Brenda Uliarte. Los tres están detenidos. 

El papel clave de Uliarte quedó claro en los mensajes que intercambiaba con distintas personas y porque el 1 de septiembre estuvo con Sabag Montiel incluso en el momento del intento de disparo. Solo que, cuando a él lo atraparon los manifestantes, ella se fue con la cabeza gacha, sin decir nada. Luego estuvo en Barracas en el lugar donde se juntaban los "copitos" y todo indica que con Carrizo habrían descartado ese arma mencionada por él, que no se utilizó. El arma secuestrada, usada por Sabag Montiel, era una Bersa de 7.65 mm. Uliarte fue detenida recién el 4 de septiembre y tras dudosas demoras de la Policía Federal para escuchar sus llamadas.  

Las imágenes

Página/12 accedió a un informe entregado por la División de Investigaciones y Apoyo Tecnológico de la Investigación Penal (DATIP), que pertenece al Ministerio Público Fiscal. El peritaje indica que en la computadora de la hermanastra de Carrizo había 22.383 imágenes y que siete de ellas eran relevantes para la causa. Entre ellas hay dos fotos de armas. En una se lee que es una Bersa 380 (un arma 9 mm de uso civil condicional); la otra, cuyas inscripciones no se ven, podría coincidir con la de Carrizo. De la primera el informe dice que fue descargada de Facebook en la computadora, pero no figura la fecha. En la segunda se detectó que la foto provenía de un celular Motorola Moto G7 y habría sido tomada el 18 de noviembre de 2020 y descargada en la computadora el 5 de mayo de 2021. 

Cuando Andrea Posadas declaró como testigo dijo desconocer que Carrizo tuviera un arma. Incluso señaló que no tenía dinero para eso. Relató que cuando él le mandó un mensaje el día del atentado, a las 22.44, ella le "siguió el juego", pero sostuvo que "es mentiroso, es fabulero". Según la mujer, Carrizo le dijo que el hombre que había intentado disparar era su "empleado" y le mandó fotos de Sabag Montiel para que le creyera. "Después me empezó a decir que no sabía si el arma era de él o de quien (...) le dije que se fije que si el arma era de él (...) como para que me deje de romper las bolas". "Como sé que es mentiroso le dije bueno sí andá a los medios", comentó, ya que Carrizo, efectivamente, fue a Telefé junto con Brenda Uliarte y otros integrantes del grupo a decir que ellos no tenían relación con el hecho y que estaban sorprendidos. El testimonio apuntaba a no comprometer al hermanastro.

En los primeros mensajes que analizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) Andrea le sugería a Carrizo que fuera para su casa en Morón. Le sugería que su mamá lo iba a "ayudar". Carrizo le decía en tono de queja: “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”, protestaba Carrizo. “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea. Las elecciones la van a volver a ganar ellos. Estuvo muy cercaaa. Falló el arma. No lo entiendo andabs (sic) bien (…) Cristina tiene miedo, salió mal pero Cristina tiene miedo”. A la madrugada del 2 de septiembre le dice: "No sé si es una buena o mala noticia pero el arma con la que intentó ponerla no es la mía, yo le di un 22 corto. Recién hablé con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a Crónica a hablar. Todo el grupo de trabajo. Porque estoy recibiendo amenazas". Después terminaron yendo a Telefé. Las imágenes de armas halladas en la computadora de la hermanastra debilitan su declaración y podrían comprometer a Carrizo.  

Con el otro hermanastro, Jonatan, que figuraba como Jony White en el chat, Carrizo también tiene un intercambio por esas horas en donde le dice que pensaban asesinar al "jefe de la Cámpora", en alusión a Máximo Kirchner.  

Los mensajes que halló con posterioridad la DATIP y que fueron incorporados  a la causa eran más rotundos todavía: "Recién intentamos matar a Cristina"; "Mi empleado. Le quiso disparar. Va a ir preso"; "El arma es mía amigo", entre otras cosas. También fueron hallados más mensajes con Jonatan: "Jona, estoy jodido de verdad. Mi empleado intentó matar a Cristina. Le apuntó con un arma. Y van a abrir una investigación. Me tengo que tomar el palo. Estamos jodidos (...) El arma es mía por eso. Espero que no salte nada". Le reenvía una conversación con Uliarte también.

Entre otras conversaciones detectadas, a una mujer que figura como "Lia" Carrizo le decía cerca de la medianoche que Sabag Montiel era su empleado. "No tenés idea del grupo que formé. Si se dan las cosas bien el trabajo lo voy a terminar yo", le comentaba en relación al intento de magnicidio, luego de criticar a Sabag Montiel porque "no le dio recarga" (en el intento de asesinato, la bala no estaba en la recámara de la Bersa que fue secuestrada). "Es un boludo", dijo. "Lia", cuyo nombre es Lidia Alejandra Benítez, fue la semana pasada a declarar. Contó que conoció a Carrizo el año pasado y que solía ir a reuniones en la casa de Barracas donde todos se juntaban, que era de Sergio Orozco, o "Checho". Su relato apuntó claramente contra Sabag Montiel, ya que dijo que hablaba de matar a CFK. Carrizo, comentó, también decía que "deberían matarla", pero en su caso le parecía que bromeaba. Reconoció su conversación con él la noche del atentado y cuando le preguntaron si su amigo tenía un arma declaró: “Sí, tenia un arma en su casa en Moreno. Él me dijo que era para autodefensa. Nunca vi el arma. Surgió el tema una vez alrededor del mes de agosto de este año...". Declaró que conoció a Uliarte y dijo que entendía que pertenecía a alguna organización. 

Lo que viene  

La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, es la que debe decidir ahora si Carrizo fue un cómplice o coautor y evaluar si corresponde aplicar la figura de asociación ilícita. Esto no es un dato menor, porque implicaría, para los abogados de CFK, un camino para que se deje de tratar el caso como un delito común sin la gravedad que conlleva el intento de magnicidio de una vicepresidenta. La asociación ilícita, cuyo uso es cuestionado en casos de corrupción, prevé la existencia de una organización destinada a cometer delitos indeterminados y contempla la puesta en peligro del orden público y la vigencia de la Constitución. Por lo que se advierte en algunas de las conversaciones que constan en la causa, algunos miembros del grupo celebraban y buscaban poner en riesgo la gobernabilidad. 

Más allá de esta cuestión, que el tribunal federal resolvería en los próximos días --después de haberle rechazado la detención domiciliaria a Carrizo--, quedan todavía muchas pistas pendientes que vincularían el intento de asesinato con terminales políticas. El capítulo relacionado con el diputado del PRO Gerardo Milman recién comienza. La trama del financiamiento de los detenidos está avanzada en un expediente paralelo sobre la organización Revolución Federal --a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita--, que aún no se relacionó de manera lineal con el del atentado. La recusación contra la jueza Capuchetti será analizada por la Sala II de la Cámara de Casación Penal.