La sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la medida cautelar iniciada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) contra el Estado Nacional provoca una crisis institucional sin precedentes desde la recuperación democrática. Hasta ahí hay amplio acuerdo que se deshace cuando hay que repartir responsabilidades o culpas. Este cronista, que es abogado, entiende que la Corte ha suscitado un conflicto de poderes innecesario, tremendo. El fallo es arbitrario porque no es derivación lógica y razonable del derecho vigente. Confluyen varios factores que desgranamos en los siguientes párrafos.
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Cautelar superflua y tardía: La CABA reclama se le restituya una cantidad otorgada por el expresidente Mauricio Macri a su aliado el Jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. La demanda, iniciada hace más de dos años, avanza con la velocidad de una tortuga con artritis en las patas. Ese dato, central, es mala praxis de la Corte. La Justicia lenta no es justicia, amén.
Las medidas cautelares, como regla, son de interpretación restringida. Se otorgan por excepción, en caso de duda corresponde desestimarlas. Apuntan a evitar que el derecho de fondo se vulnere por maniobras de la demandada. Puesto de modo general, no exhaustivo, hay dos mecanismos evidentes para hacerlo. El primero, hurtar el cuerpo para gambetear penas corporales o para no ser notificado. El segundo, insolventarse de algún modo para no pagar condenas pecuniarias. El Estado Nacional es incapaz de profugarse como lo hizo Pepín Rodríguez Simón. Su solvencia se presume. Tarde o temprano honra las condenas.
Sin credibilidad ni peligro en la demora es insensato fijar una cautelar.
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El regateo caprichoso: Gustavo Arballo">El mejor material publicado sobre el fallo es un hilo de tuits del jurista pampeano Gustavo Arballo. El autor combina buena formación jurídica, experiencia en tribunales (tiene calle), sentido común. Escribe que “hay un montón de dinero en juego entre las dos estimaciones rivales de compensación justa por la competencia transferida. Nación dice: versión legal, 2,32 por ciento. CABA reclama: 3,5 por ciento”.
Los supremos cierran un ojo, “parten la diferencia” como si se tratara de un regateo en una tienda. Arballo los pone en descubierto: “En un diferendo entre consocios puede funcionar, pero un juicio mega millonario interjurisdiccional no se puede resolver así, en un párrafo telegramático y dogmático. Simplemente la Corte tiene que explicar, de forma que lo podamos entender y refutar, por qué 2,95, en un juicio en que un centésimo de porcentaje es una millonada”.
Una pseudo fundamentación telegráfica y dogmática configura la segunda arbitrariedad. En lenguaje llano: la Corte clava una cifra “perche mi piace”.
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Rechazo a las provincias, sin fundamento: Catorce provincias representadas por sus gobernadores acudieron al tribunal y pidieron ser parte porque el resultado las afectaba. Como “Amicus Curiae”, un rol intermedio que las habilita a participar de los trámites, pedir audiencias o sugerir pruebas, notificarse de las vicisitudes. Presentaron escritos dos veces: seis meses atrás y hace una semana. La Corte no proveyó a los escritos. El rechazo tácito, tercera arbitrariedad. Los actos estatales tienen que fundarse, el máximo tribunal se autoexime del deber republicano.
Para refutar las críticas públicas de los gobernadores, la CSJ arguyó que la sentencia no damnifica a las provincias porque el pago que impone a la Nación no surgirá de los fondos de la coparticipación federal. No habría entonces perjuicio para las provincias. El dinero en disputa jamás podría tocarles. Una mentira flagrante o una demostración de ignorancia supina.
La coparticipación federal fija por ley los porcentajes que corresponden a cada provincia de impuestos nacionales que se transfieren automáticamente. Pero la Nación transfiere otros recursos a las provincias. Discrecionales, resueltos de a uno, no preestablecidos. Destinados a realizar obra pública, construir viviendas, fondear programas sociales. Se disciernen por proyecto o por programa. Acumulan “otros” miles de millones por año. Las provincias los necesitan como al agua. La coparticipación explica (nada menos pero nada más) una fracción del aporte nacional a sus economías locales. Deja estupefacto que la Corte macanee sobre el particular. La plata es “finita” (se acaba) y fungible (todos los pesos son iguales). Si se priva a Nación de una torta de plata, las provincias lo sufrirán de inmediato. El Estado no cuenta con dinero sobrante, no lo despilfarra en fasos o en timba. Su excedente se reinvierte. Obviazo para cualquiera que no tenga coronita y toga. Una aberración adicional que mancha al tigre.
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Trampas veladas. La Corte hiberna el juicio principal, por mala voluntad o por pereza, madre de todos los vicios. Ambas disfunciones pueden confluir. Con cualquier causa, el daño está consumado. La medida cautelar, excepcional, concebida para el corto plazo, propende a eternizarse. Si eso no es parcialidad, la parcialidad dónde está.
Los cortesanos ignoran datos “de manual”, de “bolilla uno” sobre los fondos nacionales que van a las provincias. Es sensato pensar que sean caprichosas las reglas que impone a la Nación para pagar la condena.
Alberto Fernández instruyó a los abogados del Estado para que interpusieran dos recursos en el expediente. El más grave, recusar a los jueces incursos en parcialidad y autores de una sentencia arbitraria. Quien les habla entiende que la potencial recusación es sensata, claro que habrá que ver su texto. Como piso, es un derecho de la parte.
El otro recurso se llama “reposición” o “revocatoria” en dialecto forense. Consiste en pedirle a un tribunal que retracte una decisión reciente. Casi nunca opera, salvo en caso de errores materiales y numéricos. Se pide a los magistrados que recapaciten y den marcha atrás. Los cortesanos deberán resolverlo, la arrogancia, la falta de autocrítica, la tendencia estadística, ayudan a imaginar el desenlace más factible pero el derecho existe. Recurrir una sentencia podría dilatar el trámite pero no es desacato.
Los gobernadores, furiosos contra la Corte, acicatean el juicio político a sus miembros.
Los dirigentes de Juntos por el Cambio cantan “quiero retruco” sin novedad: planean un nuevo juicio político contra el Presidente.
Denuncias penales contra funcionarios del Ejecutivo o contra los magistrados podrían agregar litigiosidad y desprestigio contra el sistema democrático. Un sorteo podría hacer caer denuncias en el juzgado de Julián Ercolini, el chateador de Lago Escondido. Guau.
Ni el oficialismo ni la oposición cuentan con los dos tercios de la Cámara de Diputados necesarios para que progrese un juicio político.
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El contexto también existe: Ampliemos el enfoque un cachito. esclarece. Hace menos de tres meses se atentó contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Corte no movió ficha, no emitió un pronunciamiento. La jueza federal Eugenia Capuchetti traba la investigación, la Corte no hace nada.
Hace pocos días los Supremos desempolvaron otro expediente añoso: un proceso contra Milagro Sala. Rechazaron un recurso casi sin fundamentar, es costumbre. La voluntad de alinearse con la derecha es sintomática.
Las corporaciones empresarias, incluyendo a multinacionales, hacen lobby a favor de la Corte y de su aliado Rodríguez Larreta (ver nota de María Cafferata). Denunciarlo es costumbrismo, no teoría conspirativa.
El Gobierno se plantó, seguramente tarde… obligado por la enésima provocación y los reproches severos de los gobernadores.
Estas historias continuarán con desenlace incierto y preocupante.
