Políticas insuficientes para el sector más vulnerable
"El Gobierno tiene que preguntarse por qué no quieren ir a los paradores"
Maltratos, cacheos, violencia verbal y normas estrictas en establecimientos con serios problemas de infraestructura.
Imagen: Pablo Piovano

La escena se repite día a día en cada uno de los 17 paradores del Gobierno de la Ciudad, al que acuden miles de personas que no tienen donde dormir. A las cuatro de la tarde, con suerte, sabrán si tienen o no una cama. Sin embargo, los problemas no culminan ahí: adentro los espera la cara más visible una política insuficiente para el sector más vulnerable de la sociedad. Maltratos, cacheos, violencia verbal y normas estrictas en establecimientos con serios problemas de infraestructura.

Una de las históricas excusas –utilizadas por funcionarios porteños desde el 2007- es que muchas de las personas en situación de calle no quieren ir a los paradores. Lo que no explican es el por qué, más allá del régimen cuasi carcelario y de no contemplar, en su mayoría, el alojamiento de grupos familiares. “Es la lógica: piensan que a la gente le gusta estar en la calle. Si tenés una ranchada, mínimamente armada, no lo vas a desarmar para ir a un parador en el que al día siguiente no sabés si vas a tener lugar”, dice a Página/12 Horacio Ávila, referente de la ONG Proyecto 7. “El Gobierno, en vez de dar esa excusa, tiene que preguntarse por qué no quiere ir la gente, así se construyen las políticas”, amplía.

En los paradores, hay plazas fijas limitadas. Algunos son sólo para hombres mayores de 18 años, otros para mujeres con chicos y uno solo (Costanera Sur) recibe a familias enteras. El gobierno porteño tiene 17 paradores y dos hogares propios. Si se suma la red de ONG, en total son 39, y en invierno se agregan cuatro clubes de barrio.

En 2011, una medida cautelar puso de manifiesto la grave situación que padecen los paradores porteños. La Justicia le había ordenado al Gobierno un plan de obras para garantizar la seguridad e higiene, un protocolo para ayudar a las personas para superar su situación, y garantizar el personal suficiente. En las sucesivas inspecciones de la Auditoría General del Gobierno de la Ciudad (AGCBA), se comprobó que la situación no ha cambiado en lo sustancial. Y pronto saldrá a la luz otro informe actualizado del organismo que conduce Cecilia Segura, que las organizaciones esperan que refleje la falta de mejoras.

“Hay que romper con los estigmas de la gente que está en la calle sólo porque tiene problemas con las drogas o porque son vagos. Hay que romper con la lógica de que la gente no va a los paradores porque no quiere. Y la gente que quiere ayudarlos nos llama a nosotros, a las organizaciones, porque ya no confía en el Gobierno: saben que los maltratan”, dice Ávila.

El maltrato se extiende hacia la otra –ineficiente- política gubernamental para las familias que están a punto de quedar en la calle: los subsidios habitacionales, actualmente de 4 mil pesos mensuales y de un año de duración.

Como bien lo indica también la AGCBA en distintos informes, desde el 2007 este programa se constituyó en la “única respuesta frente a la problemática habitacional”. Uno de esos informes señala que el 33 por ciento de los beneficiarios –se calcula que son cerca de 10 mil- logró mantener el beneficio a través de un amparo judicial, el 50 por ciento de ellos con más de cinco años de antigüedad.

Para la Auditoría, “no se cuentan con recursos humanos suficientes para realizar una atención integral a los destinatarios. La población se encuentra cronificada, cuando se les termina el plazo máximo establecido de alojamiento en el Hogar pasan a un parador, del parador a la calle, y así sucesivamente”. 

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